Petrobras veta contratos con 23 empresas acusadas de cartel

La petrolera indicó que la suspensión de los contratos se extiende a todas las empresas citadas en denuncias de desvíos de recursos de Petrobras, lo que incluye a varias de las mayores constructoras de Brasil, como Andrade Gutierrez, Camargo Correa, Odebrecht, Mendes Junior, OAS y Queiroz Galvao. «Las referidas empresas serán temporalmente impedidas de firmar contratos y de participar en licitaciones de Petrobras», según indicó la compañía, que es controlada por el Estado brasileño pero tiene acciones negociadas en las Bolsas de Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires.

De acuerdo con la petrolera brasileña, las medidas preventivas tienen carácter provisional y buscan resguardar a la compañía de «daños de difícil reparación financiera y de daños a su imagen«. La empresa explicó que el llamado «bloqueo cautelar» se extiende a todas las empresas pertenecientes a grupos económicos que fueron acusados de formar un cartel para repartirse los negocios con Petrobras por implicados en el escándalo que aceptaron colaborar con la Justicia a cambio de la reducción de sus condenas.

El veto a las empresas citadas en las denuncias fue aprobado en una reunión que tuvo la Dirección Ejecutiva de Petrobras, en la que también fue decidida la creación de una comisión que analice las denuncias con el fin de adoptar posibles sanciones administrativas. Las denuncias de corrupción en Petrobras, que han provocado una pérdida de cerca del 40% de su valor de mercado este año, salpican a varios dirigentes y políticos aliados del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

El escándalo también salpica a importantes empresas del país acusadas no sólo de formar un cartel para distribuirse los contratos sino también de pagar millonarios sobornos a cambio de los negocios. Según calcula la Policía, el dinero desviado de la petrolera en los últimos diez años podría llegar a la suma de 10.000 millones de reales (cerca de 3.850 millones de dólares). Los recursos desviados, según admitieron algunos de los implicados, fueron transferidos a diferentes partidos políticos, incluido el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y también otros de la alianza que apoya a Rousseff.