Europa Press.- El sector eléctrico ha pedido no aplicar propuestas que penalicen a las energías libres de emisiones, tales como la nuclear y la hidroeléctrica, ante las medidas incluidas por el Gobierno y Unidos Podemos en su acuerdo para sacar adelante los Presupuestos, que pretenden realizar los cambios normativos necesarios en el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución que consideran que reciben en el mercado mayorista algunas tecnologías, como la hidráulica y nuclear, y que denominan como windfall profits.
Fuentes del sector comparten la necesidad de una reforma del mercado de generación hacia estructuras ya existentes en la Unión Europea, «que funcionan con normalidad a través de contratos bilaterales y subastas de capacidad». Consideran que esta reforma, en línea con la postura del entorno comunitario, debe ser «general, y no tecnológica, acompañada del desarrollo de mecanismos de capacidad para la generación térmica, que generará cada vez menos pero garantizará el suministro». Sin embargo, subrayan que no caben propuestas que penalicen a las energías libres de emisiones, tales como las que se proponen para la energía nuclear y la hidroeléctrica, en base a argumentos extensibles a todas las energías renovables.
Concretamente, destacan que estas medidas son contrarias a la normativa de la Unión Europea, «por lo que se generaría una nueva judicialización del sector cuando lo que se requiere es recuperar la confianza de los inversores de cara a afrontar la transición ecológica» y, además, señalan que van en contra de la acción climática, «desincentivando las inversiones en energías limpias, castigando a los agentes que han apostado por estas tecnologías limpias y perpetuando los privilegios de aquellas empresas que no creyeron en la energía sostenible».
En lo que respecta a las centrales nucleares, defienden que no están amortizadas y están tan sobrecargadas de impuestos «que no son viables», como se constata «con el cierre de Garoña por parte de los operadores». En lo que se refiere a las centrales hidroeléctricas, añaden igualmente que no están amortizadas, ya que estas plantas requieren de «cantidades ingentes de inversión (gran obra civil) que empiezan a dar réditos a partir de los 70 años del inicio de su funcionamiento».
Señalan que en los balances de las empresas eléctricas se observa una amortización contable por recuperar de más de 7.000 millones de euros, lo que supone una vida útil restante de más de 30 años. Asimismo, recuerdan que los generadores hidroeléctricos pagan actualmente más del 25% de sus ingresos en impuestos, «tan elevados que no tienen parangón en nuestro entorno».
Estas mismas fuentes consideran que el potencial de la hidroeléctrica en España, conforme al plan de energías renovables 2011-2020 del Gobierno, es de más de 34.000 gigavatios hora (GWh adicionales), lo que implica que es posible duplicar la producción anual existente, por lo que, subrayan, que el «simple anuncio de estas medidas retrae el capital y el interés del inversor en todo el sector eléctrico».
Finalmente, recuerdan que estas centrales han registrado pérdidas contables, derivado de la excesiva carga fiscal que sufren, «la cual es contraria a la lucha contra el cambio climático», y que en los últimos 10 años se ha incrementado el parque hidroeléctrico más de un 7%, por lo que «no se trata de una tecnología que haya que penalizar, sino promover«.
Gobierno y Podemos versus eléctricas
Por su parte, el Ejecutivo y Unidos Podemos han pactado revisar lo que denominan como la sobrerretribución que señalan que reciben estas tecnologías que fueron instaladas en un marco anterior a la liberalización y que han recuperado «sobradamente» sus costes de inversión. Así consta en el acuerdo sobre Presupuestos para 2019 que han firmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, enmarcado en las reformas estructurales que el sistema eléctrico necesita para abaratar el precio de la luz.
De esta manera, señalan que una posibilidad podría ser establecer un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico y que esa diferencia entre el precio del mercado y ese límite se considerará un ingreso del sistema eléctrico y fuera destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores. Asimismo, proponen una revisión de los pagos por capacidad, de manera que «se limiten a medidas condicionales, transitorias, de último recurso y de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad», excluyendo la posibilidad de incurrir en ayudas ilegales y conforme en todo momento a la normativa europea vigente en la materia.
Dentro de estas reformas estructurales, también acordaron modificar la factura eléctrica con el objetivo de reducir el porcentaje que representa el término de potencia; que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por los consumidores por los primeros kilovatios hora (KWh) sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética.
Por otra parte, han pactado la creación, de manera inmediata, de un grupo de trabajo con representantes del Gobierno y el grupo parlamentario de Unidos Podemos para acordar tanto un Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que deberá presentarse en el Congreso de los Diputados antes de finalizar este año, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el cual ha de ser remitido a la Comisión Europea también antes de que finalice el presente año. En lo que se refiere al real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética, han acordado iniciar de «forma inmediata» la negociación de las enmiendas a introducir en la tramitación como proyecto de ley del real decreto ley.
