El ATI de la central nuclear de Almaraz alojará en diciembre su primer contenedor y se saturará en unos 5 años

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Europa Press. – El Almacén Temporal Individualizado (ATI) que la Central Nuclear de Almaraz ha construido en sus instalaciones se encuentra «en proceso de carga del primer contenedor», que se prevé que en diciembre de este año pueda estar alojado en su posición final en el nuevo recinto, que dará un plazo de cinco años a la planta cacereña hasta su saturación.

Así, este almacén cuenta ya con todos los permisos necesarios, después de que el pasado 4 de julio de 2018 recibiera la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear, y el 27 de julio, del Ministerio de Transición Ecológica. El nuevo ATI de Almaraz tiene capacidad de veinte contenedores de 32 elementos de combustible cada uno, por lo que una vez que comience a albergar contenedores, ofrecerá a la Central Nuclear «un margen de cinco años», que es lo que tardaría en saturarse de contenedores de combustible gastado.

De esta manera lo ha explicado el director de la Central Nuclear de Almaraz, Rafael Campos Remiro, a preguntas de los periodistas en Navalmoral de la Mata, en la que ha explicado que la planta va a ser «pionera» en cargar el modelo de contenedor ENUN 32P, un proceso en el que van «con tranquilidad», ya que «esta primera carga es importante porque marcará el resto de futuras cargas de contenedores».

En su intervención, Rafael Campos ha explicado que las próximas cargas de contenedores en el ATI se realizarán «a lo largo del año que viene» una vez que se vayan realizando las recargas de combustible de los reactores I y II de esta planta cacereña, tras lo que ha señalado que cada recarga supondrá llenar dos nuevos contenedores de combustible.

«Eso nos da en el ATI un margen de cinco años», ha calculado el director de la Central Nuclear de Almaraz, quien ha destacado que por tanto la planta cacereña podrá «continuar perfectamente» con su actividad durante este tiempo, «con independencia» de que se construya el Almacén Temporal Centralizado (ATC) que estaba proyectado en Villar de Cañas, y que «desde luego cae fuera de nuestro ámbito».

Finalmente, y en caso de que la Central Nuclear de Almaraz siguiera funcionando más allá de los cinco años que da de plazo el ATI hasta que se sature, y no estuviera construido el ATC, entonces se plantearía «una ampliación» del Almacén Temporal Individualizado, ha destacado Campos.

 

Cualquier escenario para Almaraz

La Central Nuclear de Almaraz está «preparada para cualquier escenario» a la espera de que las empresas propietarias de la planta tomen la decisión de solicitar o no la renovación de su licencia de explotación, para lo que tienen de plazo hasta el 31 de marzo de 2019.

Así lo ha expresado, en otro orden de cosas, Campos Remiro. También ha explicado que desde la planta están «trabajando intensamente, todo el equipo, para operar de forma segura y fiable», y están «preparando el dossier documental» sobre la revisión periódica de seguridad.

Aún así, Campos ha reiterado que «el solicitarla o no solicitarla es un aspecto que nuestras propietarias tomarán en su momento la decisión», que son Iberdrola, con una participación del 52,68 por ciento, Endesa (36,02%) y Naturgy (11,29%).

«Nosotros desde luego en la Central Nuclear de Almaraz estaremos preparados para cualquier escenario que se pueda plantear en el futuro», ha reafirmado el director de la planta.

Por otro lado, el director de la Central Nuclear de Almaraz ha asegurado que se ha celebrado la reunión que se mantiene periódicamente con los alcaldes de la zona de influencia de la planta, quienes les transmitieron sus «preocupaciones».

Según el director, uno de los asuntos tratados en este encuentro fue la contratación de personal para la próxima recarga de combustible, que comenzará el próximo 29 de octubre para la Unidad I, y ante la que la Central Nuclear prevé que «gran parte» de las 1.200 personas adicionales que se contratan sean de la comarca.

Además, cabe destacar que recientemente se ha convocado la primera asamblea para la creación de la Plataforma ‘Almaraz no se cierra’ para exponer «propuestas enfocadas a promover la prórroga de la actividad» en esta planta nuclear, según se recoge en la convocatoria.

 

Alargar las centrales nucleares hasta los 60 años no puede hacerse sin consulta pública, según el Convenio de Aarhus

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Europa Press.- El Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus ha establecido que los gobiernos deberán evaluar el impacto ambiental y consultar a la sociedad antes de tomar la decisión de ampliar la vida de las centrales nucleares de 40 a 60 años.

La medida llega tras una denuncia de Greenpeace ante el Convenio en Países Bajos por la extensión de la operación de la central nuclear de Borssele (Holanda). Las decisiones de este comité que vela por el cumplimiento del Convenio de Aarhus son extensivas a los países firmantes del convenio, de modo que la ONG avisa al Gobierno de España que ahora «será obligatorio» realizar un debate sobre la extensión o el cierre programado de la vida operativa del parque nuclear. El comité concluye que la operación de una central nuclear no puede extenderse de 40 a 60 años sin la posibilidad de efectos ambientales significativos y, por ello, debe realizarse una evaluación de impacto ambiental con la preceptiva consulta pública.

La ampliación de la operación de la central nuclear de Borssele fue autorizada por el Gobierno de Holanda sin una evaluación de impacto ambiental. En España, Greenpeace ha solicitado en varias ocasiones a los distintos departamentos que ahora aglutina el Ministerio para la Transición Ecológica que solicite un estudio de impacto ambiental para tomar su decisión de ampliar la vida de una central aunque en España, en el caso de Garoña, esa extensión nunca ha llegado a autorizarse. En definitiva, la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace España, Raquel Montón, indicó al Gobierno que, si decide ampliar la licencia de explotación de las centrales nucleares, deberá exigir un estudio de impacto ambiental y la participación pública en el proceso.

El Congreso convalida las medidas para abaratar la luz aunque las tramitará como proyecto de ley para introducir cambios

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Europa Press.- El Congreso ha convalidado el decreto ley aprobado por el Gobierno para abaratar el precio de la luz, incluyendo la ampliación del bono social, aunque tramitará la norma como proyecto de ley con el fin de introducir cambios en el mismo. El Gobierno pactó con Unidos Podemos incluso negociar de forma conjunta las enmiendas con el fin de modelar el diseño final del bono en el reciente acuerdo presupuestario, extendiendo todos los beneficios del bono eléctrico a otro bono del gas.

La convalidación ha sido respaldada por el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias, mientras que el PP, Ciudadanos y UPN se han abstenido. Únicamente Foro Asturias se ha opuesto. Tras la votación, el Congreso ha aprobado la tramitación de esta norma como proyecto de ley, con el fin de poder introducir cambios, una decisión respaldada por todos los grupos de la Cámara Baja, con la sola excepción del PNV, que ha votado en contra porque ya consiguió fijar los cargos a diferentes tipos de potencia, una reivindicación de la formación jeltzale que abarata la factura eléctrica principalmente a empresas del País Vasco.

Con el decreto ley, el Gobierno socialista aumenta los supuestos en los que puede accederse al bono social, al incluir a familias monoparentales en función de la renta, y al restringir más los cortes de luz. Así, se prohíben los cortes de luz en los hogares donde viva al menos una persona con una discapacidad del 33% o superior o en situación de dependencia de grado II y III, y en hogares con bono social reconocido en los que viva un menor de 16 años.

El acuerdo establece que la renta será ahora el único criterio de adjudicación, con las únicas excepciones de criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como el de familias monoparentales. Además, su solicitud será automática y podrán ser prestado por cualquier comercializadora, sea privada o municipal. Sin embargo, el principal cambio que recoge el acuerdo en este aspecto es que deberán ser las empresas del sector las que se encarguen de financiar «íntegramente» esta ayuda, en nivel proporcional a su volumen de facturación, según recoge el documento del pacto presupuestario.

El acuerdo también establece el principio de precaución, para que antes de un corte de suministro los servicios sociales certifiquen si se trata de un consumidor vulnerable, la cuantía se determinará según la renta y contará con 50 millones para garantizar la protección del consumidor. Por último, acorta el plazo para presentar una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética a 4 meses, un plan que deberá realizar un diagnóstico de la situación de la pobreza energética con medidas concretas de reducción en un horizonte a medio y largo plazo, y que contará con la participación de partidos políticos, empresas, asociaciones, entidades locales, comunidades autónomas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Actualmente, el bono social cuenta con un total de 706.118 personas perceptoras de esta ayuda, principalmente en Madrid, ya que esta provincia concentra 1 de cada 10 hogares que tienen concedido el bono social eléctrico. Según la distribución de beneficiarios de esta ayuda, Madrid (10,3%), Valencia (6,6%) y Barcelona (5,9%) son las provincias que más personas concentran con esta ayuda, seguidas de Alicante (4,9%), Sevilla (4,7%), Murcia (3,9%), Badajoz (3,5%) y Málaga (3,1%). En el otro extremo se encuentran las ciudades autónomas y provincias de menos población como Soria (0,2%).

Sin embargo, el decreto ley incluye una serie de medidas dirigidas a combatir la escalada de precios en la electricidad, entre ellas la suspensión del 7% del impuesto de la electricidad durante 6 meses, una exención del Impuesto de Hidrocarburos, la derogación del impuesto al sol, eliminando peajes y cargos al autoconsumo, y el aumento del límite en los ingresos por subastas de emisión. Asimismo, el decreto también incluye medidas de impulso al transporte eléctrico.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, espera que Ribera se comprometa a cumplir con la normativa comunitaria y devuelva a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de final de año la fijación de los costes de los peajes. Un conflicto que se arrastra desde 2014 cuando el anterior Gobierno de Mariano Rajoy desligó del superregulador estas competencias y por la que la Comisión Europea ya ha advertido a España del riesgo de la sanción, recuerdan desde Convergència.

Un informe de EAE Business School asegura que el precio de la electricidad en España ha aumentado un 26% desde 2010

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Europa Press. – El precio de la electricidad en España ha aumentado un 26% respecto a 2010, marcando un aumento promedio anual de aproximadamente un 4%, según el informe ‘El precio de la electricidad en el ámbito residencial’ publicado por EAE Business School.

El estudio asegura que en Europa, el precio de la electricidad se ha incrementado pasando de los 0,18 euros por kilovatio hora (kWh) en 2010 a los 0,21 euros en 2017, lo que supone un aumento aproximadamente del 20%. En este periodo, el peso de las tasas e impuestos en el precio final de la electricidad ha pasado del 31% al 43,5%.

En este sentido, Alemania es el país europeo con la electricidad más cara, alrededor de 0,30 euros por kWh, de los cuales el 54% corresponde a impuestos, seguido de Bélgica, donde la carga impositiva de la electricidad llega hasta el 68%.

En lo que respecta a España es el sexto país de Europa con la electricidad más cara, con un precio de 0,21 euros por kWh, de los cuales el 17,6% corresponde a impuestos.

Si hablamos del pasado año 2017, el precio de la electricidad se comprendía en un 28% del componente de generación de electricidad, en un 30% por el transporte y el 42% restante por costes de comercialización de impuestos y tasas.

El estudio de EAE Business School también confirma que el sistema eléctrico español está sufriendo un incremento progresivo en sus precios por varios motivos, entre los que se encuentran la importancia de los costes de comercialización y otros recargos, así como algunos desajustes en la capacidad de generación, «donde se está produciendo un choque entre la capacidad real de producción renovable con su disponibilidad real».

Así, el profesor Miguel Morales, autor del estudio, cree que los mayores retos a los que se enfrenta el sistema eléctrico español son la descarbonización de la producción, que necesita de su sustitución por tecnologías de producción controlables y estables, factores que no pueden ser proporcionados por las fuentes renovables principales (eólica); y la mejora de la interconexión con otros países que permitiría conseguir una mayor eficiencia del sistema.

De la misma manera, el estudio destaca que, a pesar del incremento de capacidad instalada de las energías renovables, con la eólica en un 10% y la solar fotovoltaica en un 31%, su peso «todavía es muy poco relevante».

Ribera califica de «cortina de humo» que Alcoa alegue el precio de la electricidad para cerrar 2 plantas en España

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Europa Press.- La multinacional productora de aluminio Alcoa anunció su intención realizar un despido colectivo en sus plantas de Avilés y La Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores, tras proceder al cierre de estas fábricas debido a su «improductividad». Al respecto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha considerado una «excusa y una cortina de humo» que Alcoa alegue el alto precio de la electricidad para decidir estos cierres.

En este sentido, Ribera reconoció la sorpresa del Gobierno por la decisión de Alcoa, ya que es una de las empresas beneficiarias y que se lleva «una buena parte» de las subastas de interrumpibilidad, el sistema de gestión de la demanda que retribuye a las empresas por desconectarse del sistema eléctrico en caso de ser necesario. Así, la ministra consideró que igual ahora es necesario «ralentizar» el proceso de las subastas de interrumpibilidad y replantearse el sistema. Ribera subrayó que está trabajando «conjuntamente» con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para reaccionar «a algo que nos ha pillado por sorpresa«.

«No es una tontería que dos grandes plantas de producción de industria básica anuncien su cierre sin comunicación, sin previo aviso. Es importante revisar con la empresa de qué estamos hablando y ver los motivos reales de los cierres, cuando en sus balances seguían presentando beneficios. Algo no cuadra en esta operación, justo cierran las dos plantas donde no ha habido inversiones de mejora», apuntó. Ribera subrayó que ante la convocatoria del comité de empresa, la ministra de Industria intentó ponerse en contacto con los directivos de Alcoa, aunque sin éxito. «Ahora queda por ver si es una decisión irreversible o si habrá otras compañías de aluminio que pueda hacerse cargo de esas instalaciones», añadió.

Ribera reconoció que «es muy llamativo» y «un poco duro» que en fase de recuperación económica dos multinacionales como Alcoa y Vestas hayan anunciado estos procesos de cierres de plantas en España. «En el caso de Vestas, que también fue así y objeto de conversaciones duras con la empresa es doloroso, ya que esa industria es la del futuro», subrayó.

Alcoa y su factura eléctrica

Según la compañía estadounidense, las plantas de Avilés y La Coruña son las menos productivas del grupo debido a «problemas estructurales intrínsecos». Ante el cierre, Alcoa ha emprendido un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. La empresa se ha comprometido a trabajar para reducir el impacto de este proceso y negociará un plan social con los trabajadores, al afirmar ser «consciente» de la repercusión humana y social de ese anuncio, por lo que «trabajará para alcanzar el mejor acuerdo para ambas partes«.

Según Alcoa, las plantas de Avilés y La Coruña se encuentran afectadas por problemas estructurales productivos y tecnológicos como su «menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos«, unidos a factores externos de mercado, como la «sobrecapacidad de producción de China», y el coste de la energía. Todos estos factores han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos 2 años, pérdidas «que previsiblemente continuarán en el futuro», alerta Alcoa.

La empresa ha defendido su intención en el pasado de superar estas condiciones adversas, que han supuesto «importantes esfuerzos» en los últimos años para reducir costes en estas dos fábricas y para mantener el empleo, aunque sin éxito debido a su «tecnología más antigua y menos eficiente, economía de escala y otros factores». De esta forma, Alcoa ha concluido que el cierre de las plantas de Avilés y La Coruña podrá generar unas mejoras organizativas manteniendo la producción en una sola planta en España, la de San Ciprián, también en Galicia, donde se produce tanto aluminio como alúmina. Las ventas en España alcanzaron el pasado más de un 28% del total de su negocio mundial.

El 21% del Plan de Inversiones para Europa ha sido destinado a proyectos empresariales del sector de la energía

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Redacción.- La Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han celebrado en el Museo Marítimo de Bilbao una jornada informativa sobre como acceder a financiación del Plan de inversiones para Europa para proyectos del sector energético, al que ya se ha destinado un 21%. “Es una gran oportunidad para invertir y crecer”, según destacaron representantes de las citadas instituciones.

Llenamos España de energía. Plan de Inversiones para Europa es el lema bajo el que se reunieron en Bilbao instituciones, empresas y entidades relacionadas con la energía, un sector clave en España. «El Plan de Inversiones para Europa es la oportunidad para invertir en sectores estratégicos como el de energía que están contribuyendo a los objetivos de creación de empleo y de desarrollo sostenible de Europa», indicó Ann Westman, consejera económica de la Representación de la Comisión Europea en España.

En el acto informativo han participado Alberto Barragán, jefe de la Oficina en España del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Rosario Casero, directora general de Negocios de Instituto de Crédito Oficial (ICO). Los expertos han detallado la evolución y el alcance de #InvestEU y las ventajas competitivas que supone para el desarrollo económico y la creación de empleo en nuestro país, uno de los más beneficiados por esta iniciativa.

Junto a los expertos financieros del Plan de Inversiones para Europa, han participado el director general del Ente Vasco de la Energía (EVE), Iñigo Ansola, acompañado por el subdelegado del Gobierno en Vizcaya, José Vicente Reyes Martín, y el director de Política Financiera del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Francisco Javier Arnaez. El seminario ha contado con los representantes de empresas beneficiadas por el Plan de Inversiones para Europa, como CIE Automotive y Tubos Reunidos, que han explicado su experiencia con proyectos financiados; y Ángel Landabaso, asesor del Gobierno vasco y funcionario internacional de la Comisión Europea.

Desde su lanzamiento en 2015, el BEI ha aprobado en España más de 100 operaciones por un volumen de financiación superior a los 7.600 millones de euros, con los que se espera movilizar alrededor de 38.800 millones en inversiones adicionales para apoyar proyectos que estimulen la innovación, la generación de empleo y el crecimiento sostenible. En el País Vasco son varias las empresas que han recibido financiación del Plan Juncker. En 2017, la empresa de ingeniería SENER accedió a un volumen de financiación de 110 millones de euros que le permitió contribuir de forma muy relevante al diseño de nuevos y punteros servicios en el sector de las energías renovables.

En los últimos meses, la bilbaína CIE Automotive ha recibido un préstamo de 80 millones de euros que destinará al desarrollo de técnicas para reducir el peso de los automóviles y producir de forma más eficiente y menos contaminante. Asimismo, el grupo industrial Velatia utilizará la financiación de 32,5 millones del BEI para incorporar nuevas tecnologías digitales a los productos que desarrolla para las redes de distribución de energía eléctrica y telecomunicaciones. De este modo, esta empresa podrá adecuar dichas redes para implantar un mix energético renovable y distribuido, así como la electrificación del transporte.

A nivel europeo y por sectores, el 31% de la financiación facilitada por el BEI bajo el Plan de Inversiones para Europa se ha dirigido a pymes; el 21% a energía, mismo porcentaje que a I+D+i; un 11% a proyectos digitales; el 8% a transporte; el 4% a infraestructuras sociales y también el 4% a medioambiente y eficiencia energética. Con la aprobación de un total de 950 operaciones en los 28 Estados miembros, el Plan de Inversiones para Europa supera el objetivo de inversiones inicial de 315.000 millones de euros movilizados que se estableció en sus inicios, en julio de 2015, y espera movilizar más de 345.000 millones en inversiones.

La Plataforma SOS Tendidos eléctricos pide a Ribera que aplique medidas «obligatorias» para frenar la muerte de aves

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Europa Press.- La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que le piden su implicación para evitar la muerte de aves por colisión o electrocución y establezca medidas obligatorias con este fin.

Las organizaciones que integran la plataforma recuerdan en su misiva que decenas de miles de aves mueren en España cada año por este problema y que entre las especies afectadas figuran algunas aves amenazadas. Así, lamentan que el Real Decreto 1432/2008, aprobado hace ya diez años, no ha logrado solucionar la mortalidad de las aves por tendidos eléctricos, entre otras cuestiones porque la norma no se aplica en todo el territorio nacional sino solo en las denominadas zonas de protección.

Sin embargo, explican a Ribera que las aves no entienden de límites administrativos y mueren electrocutadas o colisionadas «por toda la geografía española con independencia de que sean zonas protegidas o del grado de protección que ostenten». Además, consideran que los costes para corregir los tendidos eléctricos debe corresponder a las grandes compañías eléctricas, al margen de las subvenciones que se puedan conceder para corregir los tendidos. Por ello, instan a Ribera que modifique el citado Real Decreto para que la corrección de tendidos peligrosos no dependa de la existencia de fondos públicos que financien las adaptaciones de las líneas.

La plataforma estima que como «responsables» de la mortalidad de las aves que provocan con su actividad empresarial son estas empresas las que deben hacer «todo lo necesario» para compatibilizar su negocio con la conservación de la biodiversidad o, en caso contrario, responder por incumplimiento de su obligación legal de mitigar el problema que han generado. Del mismo modo, estiman que las ayudas públicas que ahora se destinan sobre todo a las compañías, deberían focalizarse en la corrección de las líneas eléctricas peligrosas y que son de propiedad particular, que muchas veces no pueden ser costeadas por los pequeños propietarios.

En este contexto, recuerdan también al Ministerio que debe adaptarse a la sentencia 88/2018 del Tribunal Constitucional, que establece que son las comunidades autónomas las competentes para distribuir las ayudas públicas previstas en el Decreto 264/2017. Exponen también a Ribera algunas propuestas para paliar este problema como por ejemplo que las medidas para evitar la colisión no sean voluntarias sino de aplicación obligatoria; que se incluyan medidas correctoras de eficacia comprobada en las autorizaciones y que se elabore un plan estatal para impulsar urgentemente la corrección de los tendidos peligrosos. Finalmente, solicitan una reunión con el departamento responsable del Ministerio para la Transición Ecológica para analizar la cuestión en profundidad.

El Congreso reclama adoptar medidas para limitar el dominio de los grupos energéticos en distintas áreas del mercado donde operan

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Europa Press.- El Congreso ha reclamado al Gobierno la adopción de medidas para limitar el dominio de los grupos energéticos en las distintas áreas del mercado en las que operan estas empresas. Así, la Comisión para la Transición Ecológica ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de Unidos Podemos que pedía «garantizar la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados del sistema eléctrico».

El texto aprobado por el Congreso pide que, a través de esta separación, «se garantice la libre competencia y la protección de las personas consumidoras, y se asegure que la posición dominante de un grupo empresarial en una actividad del sector energético nunca pueda beneficiar a una empresa en otros segmentos de actividad». En su propuesta, En Comú Podem señalaba que la «posición dominante» de una empresa en una actividad del sistema eléctrico como la generación, transporte, distribución y comercialización, entraña un riesgo a la competencia para el resto de actividades, al participar también en ellas una empresa del mismo grupo. Asimismo, señalaban que la CNMC «viene advirtiendo reiteradamente» de esta situación en sus informes.

El Congreso pide impulsar una hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 en sectores difusos hasta 2030

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Europa Press.- La Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, con los votos favorables de PP y Cs y la abstención del resto de grupos, que pide al Gobierno que impulse una Hoja de ruta 2030 para la reducción de los gases de efecto invernadero en los sectores difusos.

La iniciativa, planteada por el PP incorpora una enmienda de Ciudadanos, de modo que se pide al Gobierno que esa hoja de ruta con horizonte en 2030 establezca una estrategia para cumplir con las obligaciones internacionales para reducir los gases invernadero y que desarrolle políticas de energías renovables y de eficiencia energética. Además, la proposición reclama una participación activa y constructiva en las políticas de energía y cambio climático que se aplicarán en la Unión Europea en el periodo 2021-2030 así como en los procesos de negociaciones de Naciones Unidas.

En 2008 la Unión Europea estableció objetivos concretos para 2020 en materia de energías renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones de gases invernadero, en el Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático 2013-2020, que fija una reducción de emisiones de CO2 del 20% respeto a 1990. El Gobierno presentó en 2014 la Hoja de Ruta de Sectores difusos hasta 2020 que incluía 43 medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores como el residencial, transporte, agrícola, gases fluorados e industria no sujeta al sistema de comercio de derechos de emisión.

Según la propuesta, las medidas de la Hoja de Ruta adicionales a las ya existentes permiten a España desacoplar el crecimiento y las emisiones y cumplir con los objetivos adquiridos en materia de mitigación de emisiones de gases invernadero a 2020 y avanzar en las alternativas para futuros objetivos a 2030. En la actualidad se estima que aplicar acciones tiene beneficios ambientales más allá de 2020, con una inversión pública de 8.000 millones y otros 19.000 millones de inversión privada, que generarían un ahorro acumulado de 21.000 millones de euros.

El Ministerio y los sindicatos alcanzan un preacuerdo para lograr una transición justa de la minería del carbón hasta 2027

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica, CCOO de Industria y UGT FICA alcanzaron un preacuerdo para lograr una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027. Eso sí, a cada línea de ayudas, y en función de sus características, le corresponde un marco diferente de vigencia. Así, las medidas excepcionales para las empresas van hasta el año 2025 y las medidas en materia de reactivación se extienden hasta 2027.

Además, se ha acordado un Plan social dirigido a trabajadores de edad equivalente avanzada de 48 años, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda o 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, pudiendo también acceder al mismo los que, con 20 años trabajados en empresas mineras de anexo, con diferentes reducciones, según el ámbito temporal: (20 años el 10%, 21 el 8%, 22 el 6%, 23 el 4% y 24 el 2%).

Aquellos trabajadores afectados por el cierre de empresas y que no tengan derecho a prejubilación podrán optar por la recolocación en aquellas empresas que continúen a partir del 31 de diciembre de 2018 y a tales efectos de recolocación de los trabajadores prevista en este acuerdo, se considerarán excedentes a aquellos trabajadores que hayan prestado servicio en empresas auxiliares (contratas y subcontratas) de las mineras.

Para estos trabajadores excedentes se articularán con las comunidades autónomas su participación prioritaria en las actividades de restauración que se faciliten con las ayudas previstas, en la normativa que se establezca para apoyar los proyectos de rehabilitación contenidos en el Plan para la Restauración de explotaciones en comarcas mineras 2018- 2023, dentro del Plan de Acción Urgente en Transición Justa, y se establecerá como uno de los criterios prioritarios para acceder a la financiación pública la recolocación de estos trabajadores.

La línea de medidas dirigidas a la reactivación económica y desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y bienestar social conllevan ayudas económicas destinadas a financiar nuevas instalaciones empresariales y a ampliar las existentes, así como el desarrollo de un Plan de Acción Urgente para las Comarcas Mineras. Dicho Plan contemplará actuaciones de restauración de explotaciones, de desarrollo de energías renovables y transición y la elaboración de contratos de transición justa para comarcas afectadas por el cierre de las minas con el objetivo de crear y fijar en empleo a medio y largo plazo.

En materia formativa y a fin de facilitar la búsqueda de nuevos empleos en los distintos ámbitos industriales y energéticos se acuerda la puesta en marcha de un Plan de formación dirigida hacia las necesidades tengan las nuevas industrias y proyectos empresariales que se vayan a implantar en las comarcas afectadas. En sus servicios de empleo correspondiente se les asignará un orientador que trabajará con los trabajadores excedentes del sector.

En un afán de recuperar la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) los sindicatos han pactado con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo (IRMC) su recuperación convencidos de aprovechar su doble vertiente, la tecnológica y la de potenciación de la actividad económica, destinada a jugar un papel determinante cómo agente de desarrollo territorial. Para ello se pondrá a la Ciuden al servicio del proceso de transición energética justa.

Finalmente, el acuerdo incluye que Hunosa por sus especiales características y su particular relevancia en el sector y en la Cuenca Central Asturiana, estará sujeta a su propio Plan de Empresa, con características propias en materia de Plan Social y compromisos específicos en el ámbito de la reactivación de las comarcas mineras de la Cuenca Central Asturiana y su transición a un nuevo modelo económico.

Desde UGT han destacado su «defensa inequívoca» del carbón autóctono «como parte de nuestro mix energético» y han insistido en ello hasta «pactar con el IRMC que mas allá de 2018 y allí donde la generación eléctrica basada en el carbón se mantenga, se promoverá el uso del carbón autóctono para favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a la minería competitiva».