España emitió 344 millones de toneladas de CO2 en 2017, tras aumentar un 12,2% en actividades vinculadas al sector energético

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Europa Press.- La economía española aumentó sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2017 en un 2,6% más respecto al año anterior y emitió en total 344 millones de toneladas de GEI a la atmósfera, según el avance de las Cuentas medioambientales publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según la Cuenta de emisiones a la atmósfera: avance 2017 y año 2016 del INE, el año 2017 rompió la tendencia a la reducción de las emisiones que comenzó en 2008, cuando se emitieron 416,4 millones de toneladas de CO2 y que continuó, salvo en 2015 cuando hubo un “ligero repunte», hasta 2016, cuando la economía española emitió 335,1 millones de toneladas de GEI. Entre los principales GEI, el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el Óxido nitroso (N2O), el primero, el CO2 registró un aumento de las emisiones en un 3,8%; las de metano, un 0,9% y el óxido nitroso, un 4,1%.

Suministro energético aumenta sus emisiones

Precisamente, según las cuentas del INE, las emisiones de CO2 fueron las que más contribuyeron a aumentar la tasa de variación anual y aportaron 3,116 puntos al crecimiento. Por el contrario, las de otros GEI, como los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el Hexafluoruro de azufre (SF6) se redujeron en un 21% y tuvieron la mayor influencia negativa (-0,769 puntos). Por sectores, el suministro de energía eléctrica y gas fue el que más aumentó sus emisiones, con un 12,2%, seguido por las industrias extractivas, con un 6,6% más emisiones que en 2016. Los hogares también emitieron más, un 1%.

Por el contrario, el sector de la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca fue el grupo que más retrajo sus emisiones, en un 7,7%. Si bien, la industria manufacturera fue el que más GEI emitió, con el 24,7% del total; seguido por el 23,1% del total de emisiones que representa el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua y, el tercer puesto lo ocupan los hogares, con un 20,9%. En cantidades absolutas, la industria manufacturera emitió 77,8 millones de toneladas; los hogares 68,4 millones; el suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire acondicionado y agua (67,3 millones). En su conjunto, los tres sectores concentraron el 74,8% del total de emisiones de CO2 a la atmósfera.

B&B Hotels reduce sus emisiones

El grupo hotelero B&B Hotels ha anunciado que sustituirá el plástico por cartón en sus habitaciones y que con ello prevé evitar la emisión de 92 toneladas de Co2 al planeta, equivalente a 24 toneladas de plástico. La apuesta de B&B Hotels por el entorno se extiende también al conjunto de sus establecimientos. La construcción de los hoteles está pensada para generar muy poco mantenimiento, con un consumo energético mínimo.

Los establecimientos, que disponen de iluminación LED, cuentan con equipos de ahorro energético de altas prestaciones (climatización, calefacción y/o placas solares fototérmicas), además de cargadores para vehículos eléctricos de uso gratuito para sus clientes, formando parte de la red de Destination Charging de Tesla. Asimismo, la cadena hotelera apuesta por las energías limpias como en su B&B Hotel Valencia Paterna Aeropuerto, en el que redujo al mínimo el consumo de combustibles fósiles contaminantes, sustituyéndolos por una energía de origen solar.

Endesa, Iberdrola y Naturgy asumirán más del 88% de la financiación por las comercializadoras eléctricas del nuevo bono social

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Europa Press.- Endesa, Iberdrola y Naturgy se harán cargo de más del 88% del coste del nuevo bono social eléctrico, según la orden ministerial que aprueba los porcentajes de reparto de las cantidades destinadas a financiarlo según el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El pasado octubre, el Gobierno aprobó el real decreto de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que amplía las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años.

El decreto-ley hace extensiva esta medida de prohibir el corte de luz, considerado un suministro esencial, también para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III. La norma también prorrogaba hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores que estuvieran acogidos al bono social antiguo, que expiraba en octubre.

Según la orden, Endesa se hará cargo del 37,14% del coste del nuevo bono social, mientras que Iberdrola correrá con el 35,04% y Naturgy asumirá el 15,81%. Por su parte, a EDP España se le asigna el 3,69% del reparto de la financiación del bono social, a Viesgo Infraestructuras Energéticas el 2,2% y a Cide HCEnergía un 1,47%. En total, la financiación del nuevo bono social recoge a unas 250 sociedades que realizan la actividad de comercialización de energía eléctrica.

Precio más bajo de Europa

Por otro lado, España ha registrado el menor precio mayorista de la electricidad de los principales países europeos, con 65,9 euros por megavatio hora (MWh). Así, el precio del pool en España se situó muy por debajo del que marcarán mercados como Alemania (84,1 euros por MWh), Italia (84,8 euros por MWh), Francia (90,5 euros por MWh) o Reino Unido (87,7 euros por MWh). Fuentes del sector indicaron que el principal motivo para este nivel de precios es la reducida producción renovable en todo el Viejo Continente y las bajas temperaturas. Sin embargo, en España la producción renovable es ligeramente superior a la media y las temperaturas son más suaves.

Estos precios están alejados del máximo anual alcanzado el pasado septiembre, cuando se situó en 75,93 euros por megavatio hora (MWh). La causa fue la baja aportación de las energías renovables al mix, especialmente de la eólica, unido al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 y del gas, derivado en este caso del alza del crudo. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

Red Eléctrica y Nexans firman el contrato de fabricación e instalación del cable entre Menorca y Mallorca por 50 millones

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Europa Press.- Red Eléctrica de España y la compañía francesa Nexans han firmado el contrato de fabricación e instalación del cable que conectará las islas de Mallorca y Menorca por un importe de 50 millones de euros. Este acuerdo llega después de que el Gobierno otorgara la autorización administrativa de construcción y declarara el proyecto de utilidad pública. «El objetivo es que se cumplan los plazos y el cable esté operativo en 2020″, ha indicado Red Eléctrica.

«Hemos agilizado al máximo todos los trámites necesarios para acortar en lo posible los plazos y disponer de un nuevo cable en el menor tiempo, teniendo en cuenta la complejidad del concurso. En este sentido y previa a la aprobación por parte del Gobierno, desde Red Eléctrica llevábamos meses trabajando para avanzar en todos los pasos imprescindibles para realizar la licitación», ha indicado la directora general de Transporte, Eva Pagán.

Expertos en unir territorios eléctricamente

Nexans ha planteado un proyecto que abarca ingeniería, diseño, suministro, instalación y prueba de la interconexión. «Estamos muy contentos por poder aportar nuestra experiencia, aprovechando nuestro largo historial de éxitos en proyectos de interconexión eléctrica, incluido el reciente proyecto NordLink entre Noruega y Alemania o el proyecto MonIta entre Montenegro e Italia», ha comentado el vicepresidente de Sistemas Submarinos y Terrestres de Nexans, Ragnhild Katteland.

El nuevo cable subterráneo y submarino, que hará posible la conexión eléctrica a 132 kV entre Mallorca y Menorca, contará con 68 kilómetros de longitud y alcanzará una profundidad máxima de 81 metros. El proyecto global de interconexión entre Mallorca y Menorca, que supone una inversión de 84 millones de euros, reforzará la seguridad y calidad de suministro y permitirá mayor integración de energías renovables en condiciones de seguridad para el sistema y una mayor eficiencia de los sistemas interconectados.

La filial de Nexans en Noruega fabricará el cable submarino en sus instalaciones de Halden y el subterráneo será producido por su filial en Benelux en su planta de Charleroi, en Bélgica. Por otra parte, Red Eléctrica, de manera coordinada con las Administraciones central, autonómica e insular, refuerza el Plan Especial de Mantenimiento de Menorca con la incorporación de recursos técnicos y humanos adicionales, trasladando a la Isla una grúa única por sus características y disponible exclusivamente para trabajos en la red de alta tensión.

El déficit provisional del sistema eléctrico asciende a 1.554,9 millones de euros hasta septiembre, 680,2 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.554,9 millones de euros hasta septiembre, 680,2 millones menos de lo previsto, según la novena liquidación de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador indicó que este resultado de la liquidación se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 393,9 millones de euros y de la actividad de la distribución en 220,9 millones de euros. Por otra parte, la demanda en consumo registrada en esta liquidación alcanzó los 167.541 gigavatios hora (Gwh), siendo un 1,6% superior al valor promedio observado en años anteriores. Esta demanda en consumo representaría el 69,4% de la demanda prevista para 2018, valor superior al promedio registrado en el histórico de las liquidaciones de los ejercicios 2015 a 2017 (68,2%).

Dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 85,83% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. En cuanto a las energías renovables, se han liquidado 63.622 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. Así, la liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en el ejercicio 2018 hasta el 31 de septiembre asciende a 5.414,5 millones de euros (antes de impuestos).

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 614,026 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente). En la fecha de cierre de la liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 6,177 millones de euros, antes de IVA o equivalente.

Respecto al sector gasista, el déficit provisional fue de 326 millones de euros, frente a un déficit de 396 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 17,8%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 84,7% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados ha sido de 2.012 millones de euros, un 5,8% superior al 2017 debido al incremento de los ingresos por peaje de transporte-distribución.

En esta novena liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas es de 2.122 millones de euros, que es un 0,3% superior a la del año anterior. Por otra parte, el número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras a 31 de septiembre ha ascendido a 7,88 millones, con un aumento interanual de 103.366 consumidores (+1,3%), de los que 1,6 millones se suministran con tarifa de último recurso.

El PSOE recaba apoyos en el Congreso frente a la exigencia de la oposición de no elevar impuestos al diesel

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Europa Press.– El PP y Ciudadanos se han unido en el Congreso para reclamar al Gobierno que renuncie a elevar la fiscalidad al diesel por los posibles impactos que podría tener esta medida pero el PSOE recabó el apoyo de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV y EH-Bildu para rechazar ese posicionamiento.

La diputada del PP, Teresa Palmer, criticó que el Gobierno haya apostado por una subida de impuestos, en lugar de apoyar un aumento de las compras de vehículos eléctricos «a través de un sistema potente de ayudas e incentivos», y ha señalado que el aumento de la recaudación únicamente se traslade a este plan a partir de 2020. Por parte de Ciudadanos, su diputado Rodrigo Gómez ha lamentado que el Gobierno prepare estos cambios sin planificación ni consenso con patronal y sindicatos, y ha pedido al Ejecutivo actuar con acuerdos.

Frente a esta postura, Pilar Lucio, portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, ha señalado que el «desequilibrio fiscal» en los carburantes «no se justifica en un escenario de descarbonización», máxime cuando la comunidad científica ha demostrado la responsabilidad del diésel en las emisiones de dióxido de nitrógeno y partículas, y su efecto sobre la salud. Pese a rechazar la iniciativa del PP, el resto de formaciones tampoco han garantizado su respaldo al Gobierno ante una futura subida del diésel, recriminando todas ellas la forma de proceder del Ejecutivo a la hora de avanzar sus planes en esta materia.

«No se puede ir a golpe de titular ni que los trabajadores sean los más perjudicados por el viejo modelo contaminante y también por la transición energética», ha lamentado Josep Vendrell, de Podemos, que detecta un «envoltorio ambiental, pero con fines recaudatorios» en la medida. Ferrán Bel, del PDeCAT, aclaró que su rechazo no avala las propuestas del PSOE, que deberán estudiar, así como ha manifestado Idoia Sagastizabal, del PNV, que ha pedido «no hacer demagogia» al respecto, por lo no considera «razonable» posicionarse ante una reforma aún no presentada.

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, ve clave que la Administración ayude para que la descarbonización tenga éxito

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Europa Press.– El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado que la Administración tiene que ayudar si quiere tener éxito en el proceso de descarbonización de la movilidad, que contempla la prohibición de la matriculación de vehículos con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2) desde 2040. El Ejecutivo socialista estudia una propuesta que contempla vetar la venta de vehículos nuevos de gasolina, diésel, de gas e híbridos desde 2040, así como impedir su circulación a partir de 2050.

En la comisión de Transición Ecológica en el Congreso, Morán indicó que para esta situación todavía quedan 22 años en el caso de la matriculación y consideró necesario tener un proceso de anticipación previo «suficientemente largo». Asimismo, resaltó la importancia de habilitar procesos de ayuda que permitan implementar el tránsito del modelo convencional al nuevo, ante lo que señaló que la Administración tiene que ayudar. «Es un proceso nada menor, por lo que los esfuerzos privados y públicos van a ser considerables y cuanto más largo sea el período de aplicación de las medidas, más capacidad habrá para minorar las consecuencias de los impactos», añadió.

En esta línea, destacó la relevancia de dar certidumbre a las empresas y también herramientas adecuadas para que tomen decisiones en perspectiva de que el retorno de las inversiones tenga un período de tiempo suficiente, con un proceso de anticipación «suficientemente largo». «El Gobierno no toma sus decisiones en términos de medición de votos, sino de medición de vidas. Este compromiso se basa en la salud de los ciudadanos. Por encima de cualquier cosa, el cambio tecnológico se tiene que basar en la salud de los ciudadanos», añadió el secretario de Estado de Medio Ambiente.

El MIT considera que la energía nuclear es «clave» para lograr los objetivos de la lucha contra el cambio climático

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Europa Press.- Un reciente estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT) considera que la energía nuclear es «clave» para alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía y luchar contra el cambio climático ya que, sin la contribución de esta tecnología, el precio de reducir de manera suficiente el CO2 aumentaría «significativamente».

El codirector del estudio del MIT, Jacopo Buongiorno, ha explicado el trabajo The Future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World e insiste en que la no emisión de CO2 durante la producción eléctrica de la energía nuclear, hace a esta tecnología «esencial» en la lucha contra el calentamiento, en el cumplimiento de los Acuerdos de París y durante la transición hacia una economía baja en carbono en muchas regiones.

Buongiorno recalcó que la lucha contra el cambio climático será más difícil y costosa si se prescinde de la energía nuclear y las centrales podrían jugar un papel relevante en la necesidad de cubrir el aumento de la demanda mundial de energía y al mismo tiempo reducir las emisiones de CO2. En ese contexto, resaltó que el estudio expone la contribución potencial de la energía nuclear como tecnología no contaminante.

El presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, ha defendido que las centrales nucleares españolas son la tecnología que más electricidad producen (20%), más horas funcionan y más ayudan a evitar emisiones. «En 2017 casi el 40% de la electricidad libre de CO2 se consiguió gracias a la energía nuclear», destacó. A su juicio, la transición energética tiene que ir acompañada necesariamente de la energía nuclear si se pretende reducir las emisiones y cumplir el Acuerdo de París.

Por su parte, el representante de la dirección general del Joint Research Center de la Comisión Europea, Marc Noël, ha defendido la energía como un aspecto «esencial» para el modo de vida actual. Tras la adopción en 2015 del Acuerdo de París varios estudios han analizado el mix energético mundial y su impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero así como el papel potencial de la energía nuclear.

Berta Picamal, consejera ejecutiva de FORATOM, asociación de la industria nuclear europea, opina que la propuesta de recompensar a la energía nuclear por sus beneficios y que todas las energías de bajas emisiones de carbono compitan «en igualdad de condiciones» como sugiere el estudio del MIT, «debería tenerse en cuenta» por parte de la Unión Europea en su estrategia para reducir emisiones. En este contexto, el Foro Nuclear defiende que en la transición energética se necesita garantizar el abastecimiento eléctrico sin efectos desfavorables significativos en los precios de la electricidad.

Las organizaciones ecologistas lamentan la falta de ambición y los objetivos “insuficientes” de la Ley de Cambio Climático

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Europa Press.- Mientras desde País Vasco piden al Gobierno «certidumbres» para la industria en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, desde las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que el anteproyecto de Ley servirá de impulso a la lucha contra el cambio climático y, aunque celebra buena parte de su contenido, lamenta que carece de ambición porque los objetivos planteados de reducción de gases de efecto invernadero son «insuficientes».

Así consta en un documento con comentarios preliminares que ya han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica sobre el anteproyecto que se ha dado a conocer. Entre las principales carencias, las ONG opinan que es una «grave omisión» la ausencia de cierre para las centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares y que la fecha para prohibir los vehículos de diésel, gasolina o GNC no debería ser 2040 sino 2025 y 2028 en el caso de los híbridos.

En cuanto a la inclusión de un objetivo 100% renovable para el sistema eléctrico, las 5 organizaciones señalan que el sistema energético debe ser totalmente 100% renovable, algo que es más beneficioso, factible y asequible que restringir el objetivo a solo el sistema eléctrico de manera aislada. En cuanto a transición justa, celebran su inclusión pero advierten de que conviene ampliar el concepto en cuanto a personas afectadas en la transición hacia un sistema 100% renovable y por los impactos del cambio climático y que las alternativas de empleo se enfoquen en empleos sostenibles que ponen en el centro el medio ambiente y las personas.

Respecto a la fiscalidad verde, también ven positiva la intención de que la política fiscal incorpore elementos de incentiven una economía baja en carbono y resistente al clima y que incorpore los costes ambientales, pero creen que faltan referencias más claras en la materia. Por otro lado, critica que en los presupuestos de carbono que proponen haya una condicionalidad porque para ellos ese es un mecanismo básico de la ley para lograr un horizonte de 100% renovables. Así, señalan que en la ruta hacia la descarbonización de la economía es «imprescindible» el establecimiento de unos presupuestos de carbono decrecientes y de carácter anual en consonancia con las indicaciones del IPCC.

El Comité independiente anunciado es un elemento positivo para las ONG pero requieren más detalle sobre aspectos relacionados con su elección y lo vinculantes que sean sus recomendaciones. Entre los aspectos positivos, valoran que el borrador establezca la prohibición de realizar nuevas inversiones en combustibles fósiles y acelerar el calendario para la desinversión, así como la prohibición de nuevas prospecciones de hidrocarburos y fracking aunque insisten en que esta prohibición tiene que extenderse a cualquier tecnología que tenga que ver con la geoingeniería o con las instalaciones de almacenaje de combustibles fósiles como el gas.

Igualmente, celebran que los objetivos contemplados sean revisables y siempre al alza y que no se pueda disminuir su nivel de ambición, ya que los actuales son «insuficientes». Precisamente, sobre los objetivos, apoya los objetivos de reducción de emisiones respecto a 1990, pero aún así la apuesta por reducir un 20% respecto a esa fecha es «todavía insuficiente» para que España contribuya en la medida de su potencial a la necesaria reducción del conjunto de Europa y del mundo. «España debería reducir sus emisiones más que la media europea», señalan.

De hecho, proponen que alcanzar emisiones netas cero en 2040 en vez del 90% en 2050 que propone el borrador, así como aumentar significativamente la reducción de emisiones en 2030. Así, recuerdan que el Parlamento Europeo propone una reducción del 55%, frente al 20% propuesto por el Gobierno de Sánchez. En definitiva, las ONG han manifestado que el anteproyecto va en la dirección correcta, aunque carezca de la ambición suficiente para llegar más lejos rápidamente.

Para acelerar el proceso, ven necesario que se tramite el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que aún no ha salido a consulta pública, en paralelo al anteproyecto de ley. Finalmente, felicitan al Gobierno por el reconocimiento de la necesidad de actuar con urgencia y ambición ante la amenaza del cambio climático, y así garantizar que España hace su parte para limitar el calentamiento global al 1,5ºC como máximo, tal y como recomiendan los expertos del IPCC.

Piden «certidumbres» para la industria

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha señalado tras reunirse con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se debe seguir trabajando en el borrador de la Ley de Cambio Climático para que, además de conseguir una reducción de emisiones de CO2, se logre dar «certidumbres» al sector productivo de manera que pueda realizar esa transición sin perder competitividad. La consejera vasca aseguró que el encuentro ha sido «muy cordial y muy positivo«, e indicó que, tras reunirse con anteriores titulares como José Manuel Soria o Álvaro Nadal, es «la primera vez» que encuentra una «actitud positiva y receptiva», compartiendo alguna de esas preocupaciones.

Tapia ha apuntado que se han tratado sobre todo dos puntos importantes en la reunión. El primero hace referencia a los costes energéticos para la industria. En este sentido, le ha trasladado a la ministra la necesidad de tener «una política energética que ayude a la competitividad del tejido productivo«. La consejera ha recalcado que sobre este punto han encontrado una actitud receptiva por lo que hay opciones de poder trabajar en esa vía, y ha añadido que el Gobierno ya trabaja en medidas concretas.

En este sentido, ha añadido que si se compara lo que paga la industria electrointensiva en País Vasco con lo que pagan en Alemania o Francia, la diferencia es de un 30% más. Según ha matizado, desde el Ministerio plantean que exista un estatuto europeo que abarque la forma de trabajar de las industrias electrointensivas, y mientras que no se haga a nivel europeo, «hay que hacerlo a nivel estatal».

El segundo tema que han tratado en la reunión ha sido el borrador de la Ley de Cambio Climático. Según ha indicado, la ministra le ha reconocido que desde el Ministerio deben dar certidumbre al sector productivo. Así, Ribera ha señalado que si bien es clave la reducción de CO2 y que se deben alcanzar los objetivos de la Cumbre de París, también es necesaria esa certidumbre y permitir que se pueda hacer una transición.

Para Tapia, se debe asegurar que siga existiendo un sector de la automoción «relevante» y que se permite realizar mejoras en redes eléctricas, trabajar en sistemas de recarga y en almacenamiento eléctrico. El borrador plantea el fin de la producción de vehículos de gasolina, diesel e híbridos para 2040. La consejera ha apostillado que hay aspectos de la ley que «hay que mejorar y otros que hay que aclarar«. «Tenemos que conseguir entre todos plantear los objetivos a largo plazo y analizar muy bien cómo vamos a hacer esa transición», ha añadido, para luego incidir en que se queda «con la voluntad de trabajar y aportar para que la política energética sirva como factor de competitividad a la política industrial».

El Tribunal Supremo confirma la sanción de 18,4 millones a Nuclenor por el cese unilateral de la central de Garoña

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Europa Press.- La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirmó la sanción de 18,4 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) impuso en julio de 2014 a Nuclenor por una infracción muy grave prevista en la Ley del Sector Eléctrico por el cese de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña acordado de forma unilateral en diciembre de 2012 sin comunicarlo con la antelación suficiente a la Administración.

Se consideró entonces que la empresa propietaria de la planta, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, incurrió en la infracción consistente en «la reducción sin autorización de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica». Nuclenor recurrió el acuerdo de Competencia a la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso en junio de 2016, y a continuación recurrió la sentencia de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, que lo rechazó, entre otros motivos, al no compartir que en el caso concurriese el presupuesto de «causas imprevistas» que habría permitido excluir la necesidad de comunicación de la decisión del cese en la explotación con una antelación de un año.

En ese sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional, ahora confirmada, destacó que no podía considerarse como una circunstancia de carácter técnico, susceptible de ser una causa imprevista, la derivada de la entrada en vigor de una reforma legislativa que afectaba de forma sensible a la fiscalidad de las centrales nucleares. Según recogió la misma sentencia, la decisión de Nuclenor de cesar la explotación sita en Burgos se adoptó el 14 de diciembre de 2012, y la comunicación de dicho acuerdo, sin embargo, no se produjo hasta transcurridos 14 días.

«La recurrente siguió una política de hechos consumados, limitándose a comunicar al Ministerio su decisión unilateral de cese, comunicación que, además, no tuvo lugar hasta el 28 de diciembre de 2012, con ocasión de la publicación de la Ley de Medidas Fiscales y, lo que se subraya en la Resolución sancionadora, cuando el proceso de descarga del combustible estaba ya concluido desde el anterior 22 de diciembre, de forma de que la indisponibilidad de la potencia de Garoña era ya un hecho irreversible en el año 2012″, destacó la Audiencia.

El Supremo indica que la resolución sancionadora aplicó correctamente el tipo previsto en la Ley del Sector Eléctrico. «en la medida que existe una plena concordancia entre la ejecución de la decisión empresarial de cese en la explotación de la central de Garoña, que ha supuesto una reducción de la capacidad de producción del sistema eléctrico de 455,9 MW, y la conducta ilícita descrita» en el correspondiente artículo de la Ley del Sector eléctrico. Asimismo, considera que no se vulneró el principio de proporcionalidad en la cuantía de la sanción, teniendo en cuenta también el impacto sobre la garantía de suministro de energía eléctrica y la afectación al mercado eléctrico.

La CNMC celebra la sentencia

Por su parte, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ha resaltado que la sentencia está «alineada con los planteamientos del súperregulador. Marín Quemada ha señalado que Endesa e Iberdrola, propietarios al 50% de la central nuclear de Garoña, decidieron cerrarla «por decisión unilateral» y en contra de la normativa, que establece que hay que avisar a las autoridades con un tiempo y cumplir unos trámites, para no afectar a los precios ni a la seguridad del suministro.

«Los propietarios pensaron que no era imprescindible, la CNMC actuó por seguridad energética y, en el uso de nuestras obligaciones, procedimos a imponer una sanción. Los propietarios fueron a los tribunales y la sentencia está alineada con los planteamientos con la CNMC», ha destacado Marín Quemada. Marín Quemada ha destacado que el alto tribunal está sancionando en línea con la opinión de la CNMC el 82% de las cuestiones que le llegan. «Hay todavía una brecha del 18%, y eso nos ha obligado a hacer en los últimos años una serie de esfuerzos para reducirla. Aún no estamos satisfechos», ha manifestado el presidente del organismo.

Respecto al recibo de la luz, Marín Quemada ha insistido en que sigue siendo de «dificilísima comprensión» por parte de los clientes, y ha recordado que se compone de tres elementos: el precio de la generación eléctrica, lo que se paga por otros conceptos (peajes) y los impuestos. «En los peajes hay una mezcla tremenda de compensaciones a cierre de instalaciones, subvenciones a renovables… ese totum es lo que convendría aclarar, porque es de dificilísima compresión por los clientes», enfatizó.

Tras constatar que «no siempre», pero sí a veces, se cumple el llamado efecto cohete y pluma en los precios de los carburantes, que trasladan las subidas del crudo con mucha rapidez, pero no así las bajadas «cuando se acerca un periodo vacacional o punta de consumo», ha considerado razonable el plazo de 20 años dado por el Gobierno para el fin de las matriculaciones de vehículos diésel, gasolina, híbridos o a gas, que no podrán circular por España a partir de 2050. «Si así lo ha establecido el Gobierno, sus razones tendrá», ha manifestado.

Por último, tras ser alabado por la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la labor de la CNMC, lo que aleja el fantasma de una reordenación de los organismos supervisores promovido por el anterior Gobierno, Marín Quemada, que se considera «totalmente independiente», ha señalado que cuando a los políticos se les explica que los sectores están interrelacionados, que las cuestiones son transversales, lo entienden. «La CNMC tiene que aproximarse a esos mercados con una visión de conjunto y con la transversalidad de la competencia», apuntó.

La Unión Europea analizará si es legal prohibir la venta de determinados vehículos en 2040 antes de su aprobación definitiva

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Europa Press.- El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, ha señalado que la Comisión Europea analizará si la prohibición de vender en España coches con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2) desde 2040 es «conforme o no» con la normativa del mercado interno, y que se hará antes de que se adopte definitivamente dicha medida.

Acerca de la medida anunciada por el Gobierno, Arias Cañete ha señalado que «no le consta» que ningún otro país haya fijado por ley la prohibición de vender determinados vehículos. «He oído declaraciones de Gobiernos y ministros de que en 2040 no se podrá…, pero no lo he visto plasmado en legislaciones internas», ha señalado el comisario, quien ha añadido que «habrá sectores en los que el motor de combustión interna deberá seguir y los fabricantes tendrán que ver cómo cumplen los objetivos de emisiones».

Desde la Comisión no se plantean prohibiciones de venta de vehículos, ha apuntado el comisario, quien ha dicho que la labor de la Comisión es «establecer trayectorias con la contribución de cada sector a la descarbonización, pero no proponer medidas concretas drásticas«. El Consejo y el Parlamento Europeo están debatiendo la estrategia horizonte 2050 con los objetivos de reducción de emisiones elaborada por la Comisión. El debate, centrado en establecer un objetivo del 35% o 45% de emisiones, se encuentra estancado por la «poca flexibilidad» de las partes, según Arias Cañete, quien señala que si no hay acuerdo en esta legislatura, se mantendrán los objetivos de 95 gramos ya establecidos.

La electrificación generará más empleo

En este debate también se está considerando el número de puntos de carga, que podría llegar a los 2,8 millones de puntos con el 35% de nivel de emisiones que se está barajando. El comisario considera que «no se puede conseguir este objetivo haciéndolo obligatorio únicamente en gasolineras», ya que se trata de «puntos públicos de recarga». Con respecto a la preocupación manifestada por los fabricantes sobre la posible pérdida de empleo que causaría la electrificación, Arias Cañete ha afirmado que «los datos de la Comisión apuntan a que la electrificación acaba con generación neta de empleo». Sin embargo, ha apuntado que se producirán «impactos claros» en los fabricantes, así como externalidades que deberán «corregirse».

Cañete ha mencionado otras posibles vías para reducir las emisiones de carbono (CO2), entre las que ha señalado la fiscalidad, otorgar ayudas directas a través del presupuesto comunitario o los antiguos planes Renove. En este sentido, el comisario ha destacado que «lo que tiene que tener un Estado es una política muy clara del nivel de desarrollo de vehículos eléctricos que quiere y poner en marcha los temas de apoyo a las infraestructuras y las políticas fiscales necesarias». El tema verdaderamente importante, concluye Cañete, es que «no se está hablando de cómo mejorar la formación profesional para hacer posible la descarbonización del sector del transporte».

Aniacam y la reunión ministerial

Por otro lado, la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (Aniacam) ha mostrado su agradecimiento a los Ministerios de Industria y para la Transición Ecológica por convocar una reunión «de urgencia» para atajar y clarificar el ruido mediático en relación con el borrador sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el que trabaja el Gobierno.Este documento contempla la intención del Gobierno de prohibir la matriculación de vehículos nuevos de gasolina, diésel, de gas e híbridos desde 2040, mientras que su circulación se vetará desde el año 2050.

Aniacam destacó que el Gobierno dejó patente que el ejercicio de descarbonización tendrá unos plazos que «no tienen que poner en peligro» la capacidad productiva de las fábricas en España, de sus empleados, del sector de la distribución y de los consumidores.Desde Aniacam indicaron que el Gobierno tiene el objetivo de marcar unas metas de un futuro para que «con tiempo» todos los protagonistas del sector y los usuarios puedan ir adecuando sus necesidades para adaptar sus estructuras a un horizonte que, aunque lejano, puedan ir incorporando a las agendas de todo el sector para poder cumplir los objetivos.