Elecciones 28-A: Propuestas para transformar la movilidad hacia la descarbonización

Javier Angulo.- La transición a una movilidad sin emisiones es uno de los mayores retos que presenta la descarbonización de la economía. En este sentido, la apuesta por el coche eléctrico es transversal en los programas de los diferentes partidos políticos, pero no es la única. Precisamente quién lo fía todo a la movilidad eléctrica parece ser el PSOE. El partido gobernante presume en su programa del paquete normativo de Energía y Clima que ha presentado en los últimos meses de legislatura.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se propone una creciente electrificación del sector del transporte, estableciendo obligaciones de instalación de recarga eléctrica en las estaciones de servicio, uno de los puntos más controvertidos por la inversión que exigiría a corto plazo a los empresarios de gasolineras. Asimismo, el PSOE plantea una Estrategia de Movilidad Sostenible que incentive un transporte menos contaminante en los municipios.

Ni una palabra de los socialistas sobre el diésel y el establecimiento de plazos para prohibir los vehículos de combustión. Unos plazos que sí menciona el programa electoral del PP, para rechazarlos de plano y apostar por la libertad de los ciudadanos para elegir su medio de transporte. A juicio de los populares, “debe ser la evolución tecnológica y las decisiones de los consumidores los marquen el ritmo de sustitución de unas tecnologías por otras”. Por ello los de Pablo Casado centran su apuesta en cambiar la fiscalidad para promover la renovación del parque móvil. Más en concreto, el PP habla de reformar el Impuesto de Circulación para los nuevos vehículos y vincularlo a sus emisiones y su consumo energético.

En cuanto al apoyo a los vehículos alternativos, el PP se compromete a impulsar la movilidad eléctrica con una normativa que incentive el despliegue de una red de puntos de recarga de electricidad y gas para vehículos por todo el territorio nacional. Además, también ofrece recursos para apoyar las inversiones en I+D+i y ampliar las ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga y la financiación de estos vehículos. A nivel municipal, también prometen avanzar en la sustitución de los vehículos de transporte público contaminantes por otros de cero emisiones.

Quién sí se ofrece a poner cifras concretas sobre la mesa es Unidas Podemos. Los de Pablo Iglesias quieren elevar hasta el 25% para 2025 la cuota de mercado de los coches eléctricos o los que funcionen con tecnologías alternativas a los combustibles fósiles. Un objetivo extremadamente ambicioso frente al 6,6% de cuota de mercado que alcanzaron estos vehículos en 2018 en conjunto con los híbridos. Y no hay que olvidar que los vehículos que utilizan gas quedarían fuera de los cálculos de Unidas Podemos, que pretende transformar ese hipotético 25% en un 70% en 2030 como paso previo al 100% en 2040 para cumplir con el Horizonte Verde prometido.

Para conseguirlo, Unidas Podemos contempla implementar ayudas a la compra de vehículos alternativos, apartado en el que los híbridos también recibirán apoyo económico:en función del vehículo, cubrirán como mínimo entre el 15% y el 20% del precio de adquisición. Asimismo, apuestan por crear una red inteligente de infraestructuras de recarga diseñada desde la empresa pública de energía que la formación morada pretende crear y que tendría un protagonismo creciente en la gestión de las redes de distribución. Donde sí apuestan por la colaboración entre el sector público y privado es en aunar esfuerzos para desarrollar nuevas tecnologías de baterías, vitales para un sistema eléctrico sustentado cada vez más por energías renovables y para el propio funcionamiento del vehículo eléctrico.

Precisamente una de las apuestas más decididas del programa electoral de Ciudadanos es incrementar el presupuesto de I+D+i para que España sea líder en la industria de las baterías y los vehículos cero emisiones. Asimismo, tres compromisos se reparten el protagonismo en su ambición por una movilidad sin contaminación: incentivar la renovación del parque automovilístico privado por modelos menos contaminantes, impulsar la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos y conseguir un transporte público renovado que sea 100% sostenible.

Quién presenta una hoja de ruta para la movilidad bastante diferenciada es Vox. Los de Santiago Abascal apuestan por un Plan de ayuda para renovación del parque de vehículos. En este sentido, apuestan por impulsar la renovación de los vehículos de más de 12 años con vehículos menos emisores, incluyendo entre ellos, cualquier tipo de propulsión. Para ello contemplan incentivos diferentes según sus emisiones, no siendo solo para vehículos eléctricos.

Para Vox, la movilidad eléctrica presenta dos interrogantes: por un lado, no ven que pueda ofrecer una alternativa en el segmento de los transportes pesados, por lo que para este tipo de vehículos apuestan por desarrollar modelos y motores más eficientes, así como por el uso del gas natural vehicular; por otro lado, piden actuar con precaución en el despliegue de puntos de recarga ya que el desarrollo de las baterías puede variar considerablemente la inversión que se estima necesaria en redes. Así, el programa de Vox resalta que el desarrollo de los puntos de carga de alta potencia induciría unas elevadas inversiones en las redes de distribución y transporte eléctricas, casi imposible de repercutir

Esto no significa que Vox no contemple medidas para hacer más atractivos para el consumidor los coches eléctricos. Con esta intención los de Santiago Abascal proponen dejar exento del Impuesto sobre la Electricidad la recarga de energía de los vehículos eléctricos en los puntos de recarga. Junto a la propuesta para rebajar durante 5 años el IVA en la compra de vehículos eléctricos del 21% al 10%, desde Vox aseguran que esta exención permitirá reducir los costes asociados al uso de este tipo de vehículos, haciendo “más atractiva” su compra.

País Vasco tiene los precios de los carburantes más caros de la Península tras adoptarse el tipo especial único estatal

Europa Press.– El tipo especial único, la nueva fiscalidad que grava el consumo de hidrocarburos desde el pasado 1 de enero, ha provocado una subida de los precios de venta al público de la gasolina y el gasóleo de 0,10 y 0,22 céntimos por litro, respectivamente, según datos del informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondiente a enero.

Desde enero, se integraron los dos tramos del antiguo Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), el tramo autonómico (que oscilaba entre 0 y 4,8 céntimos de euro por litro y cuya cuantía decía cada comunidad) y el tramo estatal (que ascendía a 2,4 céntimos de euro por litro) en un único impuesto. Este nuevo gravamen denominado tipo especial se elevó a 7,2 céntimos de euro por litro y se aplica por igual en toda la Península y Baleares.

Según el regulador, el impacto de esta modificación impositiva es que, a pesar de que los precios antes de impuestos disminuyeron, se produjo un aumento de los precios de venta al público. En concreto, el precio antes de impuestos de la gasolina descendió un 2% (-1 céntimo de euro por litro) y el del gasóleo A un 1,6% (-0,95 céntimos de euro por litro). Sin embargo, los precios de venta al público se incrementaron en 0,10 y 0,22 céntimos de euro por litro para la gasolina y el gasóleo, respectivamente.

Además, debido a ello, se ha modificado el ranking provincial de precios de venta al público. Así, en las comunidades en las que se aplicaba un tramo autonómico igual a cero (Castilla y León, Navarra, La Rioja, Cantabria y País Vasco), el precio se incrementó en 5,8 céntimos de euro por litro (4,8 céntimos + 21% de IVA) debido al cambio impositivo. De esta manera, las provincias con la gasolina más cara fueron Guipúzcoa, Asturias y Vizcaya. Por el contrario, las que registraron precios más bajos fueron Almería, Murcia y Lleida. Con respecto al gasóleo A, Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria tuvieron los precios más elevados mientras que Badajoz, Lleida y Valencia registraron los más bajos.

En lo que respecta al margen bruto promedio mensual, el de la gasolina 95 disminuyó con respecto al del mes anterior un 7,1% (-1,5 céntimos), situándose en 19,5 céntimos de euro por litro. Del mismo modo, el margen bruto promedio del gasóleo A cayó un 11,2% (-2 céntimos) hasta situarse en 17 céntimos. Estos márgenes fueron superiores a la media europea (UE-6) en 5,5 céntimos para la gasolina y 2,9 céntimos para el gasóleo A.

En lo que respecta a las estaciones de servicio, las de Repsol, y tras ellas las de Cepsa, fueron las que más aumentaron sus precios de venta al público, señala la CNMC. Por su parte, las instalaciones que registraron los descensos de precios más notables fueron las llamadas independientes, seguidas de las de BP en gasolina 95 y del grupo resto operadores en gasóleo A. Las diferencias entre estaciones integradas en redes de operadores y las independientes llegaron a los 5,5 céntimos en la gasolina y 5,8 céntimos en el gasóleo. Los precios más bajos se registraron en los hipermercados.

Bruselas fija los criterios para identificar los biocombustibles que generan más emisiones de CO2 por sus efectos sobre el territorio

Europa Press.- La Comisión Europea ha publicado los criterios para identificar los biocombustibles con alto riesgo de ILUC, aquellos con riesgo de generar más emisiones de dióxido de carbono (CO2) como consecuencia de un cambio en el uso de la tierra que antes se utilizaba para la producción de alimentos o pastos. Este cambio en el uso de la tierra puede provocar un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Bruselas estaba obligada a publicar este documento tras la aprobación de la nueva directiva de energías renovables, que establece el objetivo de que el 32% del consumo energético de la Unión Europea en 2030 provenga de renovables. La nueva directiva sobre energías renovables fija una reducción progresiva, hasta 2030, de dichos biocombustibles. También establece que los Estados miembros podrán utilizar importar los biocombustibles con alto riesgo de ILUC, pero no podrán contabilizarlos en los objetivos de utilización de energías renovables.

En concreto, el acto delegado del Ejecutivo comunitario establece 2 criterios acumulativos para identificar las materias primas que se utilizan como biocombustible y que generan un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así, una materia prima será considerada como tal si su producción global se ha incrementado anualmente en más de un 1% y 100.000 hectáreas desde 2008 y si más del 10% de dicha expansión ha tenido lugar en áreas con un elevado stock de carbono.

El Parlamento Europeo propone unas medidas para actuar contra la contaminación atmosférica

Europa Press. – El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que propone una serie de medidas para combatir la contaminación atmosférica. Además, subraya que se trata de un fenómeno con dimensión local, regional, nacional e internacional, por lo que requiere «acciones a todos los niveles de gobernanza»

El texto, aprobado con 446 votos a favor, 146 en contra y 79 abstenciones, pide por ejemplo a la Comisión Europea que apruebe actuaciones más exigentes para las partículas PM2.5, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De la misma manera, los eurodiputados también han solicitado a las autoridades a desarrollar planes de acción con medidas para atajar «todas las fuentes de contaminación atmosférica en todos los sectores de la economía». Además, instan al ejecutivo comunitario una revisión de la directiva de calidad del aire para alinear los límites europeos a los recomendados por la OMS para niveles de materia particulada, óxido de azufre y ozono. También piden a Bruselas a mejorar los controles en Estados miembros para garantizar el cumplimiento de las normas sobre emisiones diésel de vehículos.

Asimismo,  la Eurocámara ha defendido el seguir reduciendo la flota de vehículos con emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y a introducir procedimientos para quejas colectivas de consumidores en caso de que vuelva a suceder algún escándalo similar al ‘Dieselgate’.

Según afirman los eurodiputados, son los fabricantes de los vehículos quienes deben encargarse de acondicionar los coches que no cumplen con las normas europeas de emisiones y asumir los costes que supone incorporar equipos ‘limpios’ obligatorios.

 

PAC y sector energético

En cuanto a la agricultura, el pleno del Parlamento Europeo ha solicitado que los fondos de la próxima Política Agrícola Común (PAC) estén vinculados a medidas obligatorias para reducir la contaminación atmosférica.

Con respecto al sector energético, los eurodiputados han celebrado que al menos diez Estados miembros se hayan comprometido a reducir gradualmente el uso de carbón y han pedido al resto que hagan lo mismo como muy tarde para 2030.

Los representantes europeos han afirmado, asimismo, que la contaminación atmosférica tiene un impacto «enorme» en la salud de los seres humanos y afecta principalmente a mujeres embarazadas, niños y ancianos. El 90% de los ciudadanos europeos que viven en ciudades están expuestos a niveles de contaminación que puede dañar su salud.

La directora general de Enérgya-VM, María Luisa Huidobro, nombrada nueva presidenta de ACIE

Europa Press. – María Luisa Huidobro, como directora general de Enérgya-VM Generación, ha sido nombrada presidenta de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), por decisión unánime de la Asamblea General de la entidad y por el periodo de un año.

En el mismo sentido, Luis Blanco (Acciona) y Antonio Colino (Fenie Energía) fueron designados vicepresidente primero y segundo de ACIE, respectivamente. Guillermo Negro, presidente de la asociación durante el último año, seguirá trabajando activamente como miembro de la Junta.

Huidobro es, desde 2010, consejera delegada de Villar Mir Energía, sociedad propietaria de Enérgya VM, comercializadora de uno de los principales grupos industriales españoles, Grupo Villar Mir.

La nueva presidenta fue miembro del cuerpo superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Además, fue directora general de la Energía en el Ministerio de Industria entre 1990 y 1997 y ocupó la vicepresidencia de Red Eléctrica de España (REE). Antes de su incorporación a Villar Mir Energía en 2009, Huidobro ocupó la presidencia de OMEL (Operador del Mercado de Electricidad).

Cabe destacar que durante el año 2018, ACIE creció hasta llegar a los 14 miembros, con la integración en su seno de importantes empresas como Cepsa Gas y Electricidad, Total Gas y Electricidad y Aldro Energía.

 

Eliminación del COR

En el contexto de la transición energética derivado del Acuerdo de París 2015, el ‘Clean Energy Package’ aprobado a finales de 2018 y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ACIE apuesta además por la eliminación de la figura del COR, actividad que podría ser realizada por cualquier suministrador.

De la misma manera, ACIE defiende la liberación de la actividad de la medida basada en contadores inteligentes en gas y electricidad y la simplificación para el pequeño consumidor de su acceso a su curva de carga, la reducción de los plazos y barreras en el cambio de suministrador; el acceso a datos de personas jurídicas en el SIPS, y la negociación del gas destinado a la TUR de gas en el incipiente hub gasista.

ACIE es miembro fundador de la asociación europea de suministradores independientes EER-European Energy Retailers.

Ribera no ve fácil que las empresas titulares de centrales nucleares pidan prorrogar su vida útil más allá de 2035

Europa Press.- La Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuestionó que las empresas titulares de las centrales nucleares puedan pedir prorrogar la vida útil de estas instalaciones más allá del año 2035, ya que ello les obligaría a acometer inversiones que pondría en riesgo su rentabilidad.

«En general, cuando una empresa de estas características introduce en su calendario de actuaciones e inversiones hitos importantes, tienden a ser bastante respetuosos, y no veo fácil el que puedan acometerse cambios muy relevantes en el funcionamiento y en el calendario que están manejando», explicó la titular de Transición Energética. En su opinión, «las empresas están viendo que el volumen de inversiones que requiere acometer un nuevo ciclo en estos emplazamientos no es la solución más rentable para su objeto de negocio, que es producir electricidad». Según Ribera, «hoy existen otras tecnologías que, incluso si se acometen la inversión ex novo, resultan más competitivas en el mercado que no renovar».

En cuanto al plazo pactado con los titulares de las centrales para retrasar el cierre hasta 2035 en vez del plazo previsto en el programa electoral socialista, que fijaba la clausura a no más tardar de 2028, la ministra ha defendido el cierre «ordenado» que supone ampliar el calendario inicial. «El resultado de las conversaciones es un cierre que empieza en 2025 y termina en 2035, 10 años en los que Enresa puede operar con total tranquilidad y seguridad y en los que cada uno de los titulares de las centrales deben someter su solicitud de prórroga o cierre autorizado de la planta al CSN».

Vandellós II cerraría en 2035

Vandellós II, central nuclear situada en Tarragona donde son socios Endesa e Iberdrola con una participación del 72% de la energética dirigida por José Bogas y del 28% para la presidida por Ignacio Galán, cerrará en 2035. El protocolo firmado entre Enresa y las compañías eléctricas titulares de centrales incluye un calendario de cierre para el parque nuclear español, contemplando las clausuras ordenadas y escalonadas de los actuales 7 reactores desde 2027 (Almaraz) hasta 2035 (Trillo). De tal manera que, tras Almaraz, le tocaría el turno a Ascó I (2029) y Cofrentes (2030). En 2033 sería clausurado Ascó II y, en 2035, Vandellós y Trillo.

Este calendario establecido en el protocolo serviría para fijar la nueva tasa de gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales. No obstante, Endesa no quiere que el calendario de fechas de cierre para los distintos reactores sea algo definitivo, sino que considera que debe ser «flexible» y «orientativo». Las discrepancias entre las compañías eléctricas respecto a las nucleares surgieron en cómo afrontar su cierre. Mientras que Iberdrola y Naturgy defendían no alargarlas más allá de los 40 años, Endesa apostaba por ir más a largo plazo.

No obstante, las compañías acordaron a finales de enero un cierre ordenado para las nucleares entre ese horizonte de 2025 y 2035. El Gobierno remitió el pasado 22 de febrero a Bruselas su borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que prevé que en 2030 todavía haya operativos en el mix eléctrico algo más de 3 gigavatios (GW) de nuclear y un cierre ordenado de estas plantas por orden cronológico.

1 euro en la factura

Por otro lado, Ribera ha estimado que el fin de la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica desde abril puede suponer un alza de entre «2 o 3 puntos porcentuales», lo que representará un encarecimiento en el recibo de la luz de «entre 0,5 y 1 euro por familia«. En este sentido, Ribera señaló que el alza en la factura de la luz dependerá del precio antes de impuestos, aunque señaló que prevé que se pueda «absorber prácticamente todo el efecto de la suspensión si hay una generación renovable que permita mantener precios estables».

La ministra insistió en que el Gobierno no ha tenido margen para prorrogar esta medida, que fue adoptada el pasado octubre dentro del paquete de medidas aprobadas ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, ante la situación de final de legislatura en que se encuentra. «La razón por la que descartamos acometer una reforma en profundidad de toda la fiscalidad del sistema energético es porque no tenemos tiempo para hacerlo. Prorrogarlo supondría un decreto ley que debería ser inmediatamente convalidado por el Congreso. No tengo claro que no nos acusaran de electoralistas y haya grupos políticos que voten en contra de esa convalidación», reprochó.

Por otra parte, la titular de Transición Ecológica indicó que la Estrategia de Pobreza Energética recoge la prohibición de los cortes de suministro energético cuando haya olas de frío. «Pensamos que eso es importante, que haya unas garantías de servicios mínimos, servicios mínimos vitales que deben proteger a los consumidores en los periodos más duros del invierno«, afirmó. En este caso de la Estrategia de Pobreza Energética, Ribera sí que mostró su confianza en que contará con «un consenso importante».

Ribera confía en que el regreso del impuesto a la generación eléctrica no tenga «efecto real» en el recibo

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confiado en que el fin de la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica no tenga «un efecto real» en el recibo de la luz de los consumidores domésticos.

En este sentido, Ribera señaló que habrá que esperar que «los señores que generan electricidad lo hagan de manera eficiente» y que haya sol y viento ya que la hidraulicidad «no apunta bien», para que el impacto en la subida de precios del mercado mayorista «se comporte razonablemente y no haya un efecto real en la economía doméstica». «Pero todo esto está por ver», añadió.

El pasado mes de octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Gobierno del PP, así como la introducción de una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos al gas para desactivar el mal llamado denominado céntimo verde. Entonces, el Ejecutivo estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%.

La ministra explicó que cuando llegó al Gobierno existían medidas «puntuales» para facilitar el acceso al bono social, pero subrayó que no existía «un análisis concreto» respecto a la pobreza energética. «Hay un espacio importante en el que hemos trabajado los últimos meses, en el que se pretende hacer un diagnóstico y una propuesta de introducir un enfoque profesional a medio y largo plazo«, matizó.

La ministra subrayó que el Gobierno ha hecho «todo lo posible» para que no haya una subida de la luz pero defendió que, en plena campaña electoral, no se puede abordar una reforma fiscal «de este calado, y no parece que sea convincente ampliar una suspensión del impuesto«. Así, aseguró que ampliar la prórroga aprobada de 6 meses de la suspensión de este impuesto requería un decreto-ley y una partida presupuestaria y podría considerarse «una medida electoralista». «¿Qué dirían si por decreto se prorrogara una ampliación de la suspensión más allá de lo acordado en su momento, con una aportación presupuestaria muy notable? Los titulares serían: El Gobierno electoralista«, afirmó.

Ribera indicó que su objetivo hubiera sido haber podido abordar una reforma fiscal de la energía, ya que «forma parte de la convicción y el programa» del Gobierno, al ser algo «determinante». La ministra para la Transición Ecológica, que mostró su deseo de poder repetir en el cargo en el caso de volver a formar Gobierno Pedro Sánchez tras las elecciones del próximo 28 de abril, señaló que se han quedado por desarrollar «3 o 4 reformas de gran calado», entre las que figura, además de la fiscal, la revisión del mercado eléctrico en general.

Ribera calcula que el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos que elabora la empresa estatal Enresa estará listo en junio

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos «estará listo» el próximo junio. En este sentido, la ministra ha indicado que le pidió al presidente de ENRESA (la empresa estatal de residuos), José Luis Navarro, que presentara un borrador de proyecto «serio, solvente» y con todas las «variables» que exige el contexto comunitario. «Calculo que en junio eso estará listo», concretó.

Respecto a la gestión futura de los residuos nucleares asociados a la actividad de las centrales nucleares, la ministra considera necesario ser «responsable» y gestionar «de forma segura» los residuos en las condiciones que permitan «tener la tranquilidad» de que no va a haber «ningún problema», primero de forma temporal y después de manera definitiva. En cuanto al plazo pactado con los titulares de las centrales nucleares para atrasar el cierre hasta 2030 a 2035 en vez de al plazo previsto en el programa electoral socialista, que fijaba el cierre a no más tardar en 2028, la ministra reivindicó el cierre «ordenado» planificado que supone un «ligero desplazamiento hacia arriba» de la fecha de cierre.

De un día para otro

A ese respecto ha defendido que, en una «combinación de prioridades» de posicionamiento desde lo laboral a lo emocional, se cruzaban «muchas variables» y lo que ha pretendido su Ministerio ha sido «clarificar» y dar a conocer las previsiones en el «tiempo que está por venir» para asegurar el desmantelamiento nuclear con seguridad financiera y con seguridad de mantenimiento. Ribera ha recalcado que no aboga por nada en particular pero sí por «entender y anticipar» de forma transparente el tiempo que está por venir en un contexto de programa socialista que se plantea ir abandonando la energía nuclear en pro de la renovable, pero admite que «las cosas no ocurren de un día para otro«.

En cuanto al nuevo horizonte del final nuclear, de casi una década, asegura que se trata del «reconocimiento» de las propias «mochilas» del mix eléctrico español, que cuenta con centrales térmicas de carbón, «mucho» ciclo combinado, termosolares que «lo han pasado muy mal», plantas fotovoltaicas. Por ello, insistió en que con «tantas cosas» es preciso «ir ordenando la salida» y la transición con «mucho cuidado» para los titulares de las plantas, como para la red eléctrica, con los reguladores del funcionamiento del mercado y de manera «compatible» con ese estado social, democrático y de derecho.

Huelga climática de los jóvenes

Por otro lado, Ribera animó a los jóvenes españoles a sumarse y participar en la huelga climática convocada en casi un centenar de ciudades por la adolescente sueca Greta Thunberg, porque en las movilizaciones «se aprende mucho» tomando «parte activa» en los debates actuales. En este sentido, la ministra destacó que una parte de la educación y la formación tiene que ver «no con oír lecciones magistrales» sino con la reflexión en la calle, tomando «parte activa» de los debates actuales como el cambio climático.

Así, ha calificado de acción «educativa» que los chicos con capacidad de pensamiento propio se manifiesten y considera que el movimiento juvenil y estudiantil por el clima tiene una «gran trascendencia» que se hace «cada vez más presente en las calles» de Europa y España. “Los responsables políticos, empresariales e institucionales recibimos una vez más una lección en voz alta, de aquellos que están reclamando, de qué es lo que deberíamos hacer en término de cambio de nuestras agendas, cómo reordenar prioridades, cómo entender por qué importa esa agenda que no acepta más retrasos«, recalcó.

La ministra ha recalcado que se trata de la manera actual de consumir y vivir, el modo de relacionarse, la manera de repartir hipotecas y oportunidades. «Creo que es por tanto un debate de fondo que explica por qué los jóvenes salen a la calle a pedirnos cordura, inteligencia, habilidad, conciencia, acción y ética», ha enfatizado para añadir que sus reclamaciones coinciden con algunos de los ejes más importantes del Gobierno en estos 8 meses.

En definitiva, ha calificado de «esperanzador» y de «sobrecogedor» el movimiento juvenil que ha inspirado la joven sueca y le parecía «sorprendente» que un asunto como el cambio climático que «transforma tan profundamente» los elementos que se conocen como sociedad no hubieran alcanzado el «nivel de rebelión» y que los jóvenes no hubieran reaccionado «con acritud». Asimismo, ha recordado que Greta Thunberg asegura a sus mayores que son tan cobardes que no son capaces de decir a los jóvenes la dimensión real del problema que dejan. En este contexto, califica a la sociedad de «contradictorio» porque ve «sencillo» acogerse al titular de que es necesario actuar contra el cambio climático, pero cuando se entra en detalle todo es más complejo.

Bruselas adopta las nuevas etiquetas de eficiencia energética de electrodomésticos, que vuelven al sistema A-G y estarán operativas en 2021

Europa Press.- La Comisión Europea ratificó las nuevas etiquetas de eficiencia energética para electrodomésticos, que serán visibles en las tiendas físicas y digitales a partir del 1 de marzo de 2021 y que introducen una escala única (de la A a la G) que reemplaza la actual clasificación para los productos más eficientes (A+, A++ y A+++).

La reforma, pactada en 2017 por las instituciones europeas, tiene el objetivo de conseguir que los consumidores europeos tengan una información más clara y comprensible, de forma que facilite la toma de decisiones al adquirir los aparatos. En concreto, las nuevas etiquetas energéticas europeas se utilizarán para electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, lámparas y productos electrónicos como monitores de televisión, pero también a las máquinas de venta directa que refrigeran, por ejemplo, productos alimenticios. Bruselas ha destacado que la introducción de las primeras etiquetas energéticas de la Unión Europea ha impulsado el desarrollo de productos cada vez más eficientes, pero también ha resultado en un sistema de etiquetado» demasiado complejo».

El nuevo sistema elimina las escalas intermedias en la parte superior de la clasificación (A+, A++, A+++) y recupera un sistema más simple que irá desde la letra A hasta la G. La Comisión Europea considera que esta simplificación facilitará la comprensión por parte de los consumidores. Según Bruselas, el 85% de los ciudadanos se fija en las etiquetas de eficiencia energética para comprar electrodomésticos, pero las categorías actuales del etiquetado resultan «confusas» y ocultan las diferencias reales en eficiencia. Además, estima que entre el 10% y el 25% de los productos no cumplen con los requisitos de etiquetado y eficiencia energética. En parte se debe al «escaso» control por parte de las autoridades nacionales.

Podemos promete un plan para reducir en un 50% la factura eléctrica y el 90% de las emisiones en 2040

Europa Press.- Podemos ha anunciado un Plan Horizonte Verde, que forma parte de su programa electoral para las elecciones del 28 de abril, y con el que pretenden reducir la factura de la luz al 50%, una media de 400 euros por hogar, y disminuir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2040.

En este sentido, los portavoces de la formación morada, Noelia Vera y Pablo Echenique, han señalado que este Plan se basa en la proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el grupo parlamentario de Unidos Podemos presentó en el Congreso en julio de 2018. Su propuesta, según han indicado, tiene como objetivo fundamental «una transformación masiva» del sistema productivo. Echenique ha indicado, en este sentido, que quieren «reducir la producción eléctrica basada en combustibles fósiles a la mitad en una década y alcanzar el 100% de producción de energías renovables en 2040». Además, esta iniciativa incluye también un plan de rehabilitación de edificios para la eficiencia energética.

Inversión del 2,5% del PIB

Otro de los objetivos es reducir las emisiones en un 50% en 2030 y lograr llegar al 90% en 2040, respecto a las emisiones actuales. «Un ritmo que está incluso por encima de lo que en este momento está pidiendo el IPCC para estabilizar la temperatura del planeta, lo cual situaría a España en el lugar que se merece a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y las tecnologías renovables», expone Echenique.

Para la puesta en marcha de estas medidas, explica la formación, se requerirá de una «movilización sin precedentes» de todas las energías productivas e intelectuales del país mediante una inversión público-privada anual en el entorno del 2,5% del PIB español. Según reivindicó Echenique, «este nuevo modelo creará cientos de empleos de calidad, aumentará innovación, recuperará el talento migrado e iniciará una senda para competir por arriba en industria de valor añadido para competir con países como Alemania o Japón y no competir en precariedad laboral».