El experto Michael Liebreich afirma que el cambio a las renovables será «más grande» que el del carbón al gas

Europa Press.- El experto en transición energética y movilidad y fundador de Bloomberg New Energy Finance, Michael Liebreich, ha asegurado que el cambio a las energías renovables «será más grande que el cambio del carbón al gas» y se mostró confiado en que se llegará al escenario de emisiones netas cero. En este sentido, Liebreich afirmó que «a lo mejor tardamos» pero se mostró seguro de que se hará «rápido» y la electricidad se descarbonizará «para 2027».

De esta manera, opinó que la transformación del sistema eléctrico se hará eficientemente «si se toman decisiones relacionadas con una generación distribuida, no centralizada», subrayando la necesidad de digitalizar, y consideró que «la economía va a ser una tercera parte más productiva, energéticamente hablando». Así, pronosticó que para 2040 una tercera parte de la electricidad mundial se generará a partir del mix de energía eólica y solar, un tercio de los vehículos en la carretera serán eléctricos, y la economía mundial producirá un tercio más del producto interior bruto (PIB) por cada unidad de energía.

Liebreich valoró que es el turno de cambiar sectores como el transporte terrestre, la aviación o la agricultura y llegar a la accesibilidad de la energía. Además, señaló que el vehículo eléctrico puede ser «potencialmente un problema, pero también un aliado». «El vehículo eléctrico tendrá una importancia real en la industria del automóvil y calculo que en 2026 su precio será competitivo. Hay que tener en mente que es preciso invertir en esta industria», añadió.

Por su parte, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, indicó que en el mundo de la energía el reto pasa por «buscar soluciones sostenibles y sortear trabas que surgen en el camino». También consideró que las principales incertidumbres pasan por la creación de un plan de energía medioambiental, «que sea sostenible económica y socialmente, y hacerlo a unos costes competitivos».

Así, advirtió de la necesidad de buscar soluciones sostenibles desde estas tres perspectivas. «En la Unión Europea, los países empiezan ya a identificar planes concretos de transformación de modelo energético compatible con estos planteamientos de futuro», indicó. Reynés consideró que el debate alrededor de la energía es de interés «más allá de los que nos dedicamos a esto». «Trasciende al propio sector, llega a la industria, a la economía y al bienestar en general», apuntó.

La Eurocámara advierte de que la Unión Europea tiene que elevar su ambición para poder eliminar las emisiones en 2050

Europa Press.- El pleno del Parlamento Europeo ha apoyado el objetivo de la Comisión Europea para conseguir eliminar en 2050 las emisiones de gases pero advirtió de que para conseguirlo es necesario elevar la ambición y revisar la meta de recortar un 40% las emisiones en 2030.

Los eurodiputados han aprobado con 369 votos a favor, 116 en contra y 40 abstenciones una resolución no vinculante en la que defienden que la Unión Europea «debe enviar el mensaje claro de que está preparada para revisar su contribución al Acuerdo de París». La Eurocámara ha apoyado, además, las protestas a favor de una mayor ambición en las políticas climáticas globales, especialmente las manifestaciones y las huelgas estudiantiles que se han expandido últimamente. En este sentido, los eurodiputados han reclamado a los gobiernos locales, regionales y nacionales del bloque comunitario, así como a las instituciones europeas, que hagan todo lo posible para conseguir que el calentamiento global se limite, como mucho, a los 1,5ºC.

El texto, por otro lado, remarca que la transición hacia una economía sin emisiones netas de gases de efecto invernadero podía crear 2,1 millones de puestos de empleo en 2050 si se gestiona adecuadamente. Para ello, proponen crear un «fondo para una transición justa» que apoye a las regiones más afectadas por la descarbonización. En la misma línea, los eurodiputados han señalado que la estrategia a largo plazo de la Unión Europea debe priorizar la reducción directa de emisiones y fortalecer los «sumideros de carbono» como los bosques por encima de nuevas tecnologías de eliminación de carbón que, a su juicio, todavía deben desarrollarse a gran escala y supondrían «riesgos significativos» para los ecosistemas, la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

El Parlamento Europeo ha subrayado que la transición ecológica presenta «importantes oportunidades» para invertir en innovación industrial con el objetivo de impulsar el crecimiento, la competitividad y el empleo de la economía circular y la bioeconomía. En consecuencia, han pedido que el 35% de los fondos del programa europeo para la investigación y el desarrollo, conocido como Horizonte Europa, se destine a proyectos que ayuden a cumplir los objetivos climáticos.

Ribera quiere seguir de ministra

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ve necesario «romper» la inercia muy fuerte de miedo al cambio porque es preciso salir de la zona de confort y tomar conciencia de que no hay tiempo suficiente y hay que luchar contra el cambio climático porque las cosas no cambian por «milagro«. «Trabajar por el clima es trabajar por la mejora de la sociedad y eso es lo que están reclamando los jóvenes. Si queremos un futuro, habrá que trabajar por la estabilidad y la seguridad del clima», ha destacado la ministra.

En lo que le respecta de esa tarea como ministra, cree que se ha «estrellado contra el tiempo» a la hora de lograr una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica porque «8 meses son una legislatura muy corta». Sin embargo, Ribera ha defendido que ha logrado «muchísimas cosas» en estos meses como definir un marco estratégico diferente. «El trasatlántico ha empezado a girar», ha apuntado Ribera, que se ha referido a los cambios en el peso de las renovables, la estrategia para prever la salida «digna» de trabajadores y comarcas dedicadas a los sistemas tradicionales de energías fósiles o la anticipación del cierre de las plantas para no dejar a nadie «con una mano delante y una mano detrás».

El proceso en su opinión debe hacerse avanzando en muchos frentes «a la vez» como la política fiscal o el régimen energético. Por otro lado, en relación sobre su futuro político, ha admitido que a ella le «encanta» su trabajo al frente del Ministerio y le parece «fundamental» la apuesta fuerte de la agenda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Naturgy gana 341 millones de euros hasta marzo, un 6,7% más, y prosigue en la implementación de su plan estratégico

Europa Press.– Naturgy obtuvo un beneficio neto de 341 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 6,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la energética a finales del primer trimestre se situó en 1.119 millones de euros, un 6,3% más.

Excluyendo los elementos no recurrentes, el beneficio neto ordinario del grupo ascendió a 377 millones de euros, un 16% más, mientras que su Ebitda ordinario alcanzó los 1.167 millones de euros a cierre de marzo, un 6% más. La cifra de ventas netas de Naturgy en el periodo alcanzó los 6.349 millones de euros. La deuda neta de la compañía a cierre del primer trimestre se situó en 15.123 millones de euros, un 1% menos.

Iniciativas de los ciudadanos europeos piden a Bruselas subir el precio del combustible fósil y gravar el queroseno en aviación

Europa Press.- La Comisión Europea registrará varias Iniciativas Ciudadanas, entre ellas 2 que le piden subir el precio de los combustibles fósiles para combatir el cambio climático e imponer un impuesto al queroseno del sector de la aviación. El Ejecutivo comunitario sólo analizará el fondo de las peticiones una vez que sus organizadores las respalden con el millón de firmas necesarias de ciudadanos de al menos 7 países diferentes, para lo que tendrán un año de plazo.

La primera iniciativa persigue la introducción de «un aumento constante del precio de los combustibles fósiles» para reducir la contaminación y su «restitución equitativa cada mes a los ciudadanos en forma de dividendo». Los organizadores alegan que científicos y economistas están de acuerdo en que «funciona gravar de forma creciente la contaminación y redistribuir los beneficios». La segunda iniciativa ciudadana pide «poner fin a la exoneración fiscal al carburante de la aviación en Europa». Los organizadores denuncian que el sector aéreo se beneficia de ventajas fiscales pese a ser «uno de las mayores fuentes de emisiones de gas efecto invernadero» y donde más rápido crecen.

Bruselas apremia a España y otros países a enviar sus planes de control de la contaminación atmosférica

Europa Press.- La Comisión Europea ha pedido a España y otros 14 países de la Unión Europea que entreguen sus programas nacionales de control de la contaminación atmosférica, que las capitales debían haber remitido a las autoridades europeas como muy tarde el pasado 1 de abril, según explicaron fuentes comunitarias.

Además de España, el Ejecutivo comunitario todavía no tiene los programas de Francia, Alemania, Polonia, Bulgaria, Chipre, República Checa, Grecia, Hungría, Lituania, Malta, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Luxemburgo. Sí que los han entregado, por contra, Austria, Irlanda, Países Bajos, Croacia, Letonia, Portugal, Dinamarca, Italia, Suecia, Bélgica, Reino Unido, Estonia y Finlandia. En cualquier caso, sólo estos últimos tres países cumplieron el compromiso de enviar sus documentos antes del 1 de abril, según consta en el directorio de la Comisión Europea.

De hecho, el Ejecutivo comunitario es el encargado de examinar la coherencia de los programas nacionales con las normas europeas, incluida la trayectoria de reducción de emisiones desde 2020 a 2030. Los Estados miembros tendrán que actualizar sus programas nacionales como mínimo cada 4 años. En ellos, los países deben valorar en qué medida las fuentes de emisiones nacionales pueden tener un impacto sobre la calidad del aire en su territorio y en el de Estados miembros vecinos, además de valorar la necesidad de reducir dichas emisiones para cumplir los objetivos de calidad del aire.

Los programas de cada socio comunitario también tienen que priorizar las medidas de reducción de las emisiones de carbono al adoptar medidas para cumplir sus compromisos nacionales de reducción de las partículas finas y garantizar la coherencia con otros planes y programas pertinentes establecidos en virtud de requisitos indicados en la legislación nacional o comunitaria. La asociación europea de organizaciones medioambientales European Environmental Bureau (EEB) ha tildado de «sorprendente» el retraso de los países «en algo así de importante». «Cada día de retraso en atajar la contaminación atmosférica significa que más gente sufre las consecuencias en su salud», ha advertido la responsable de Calidad del Aire de EEB, Margherita Tolotto.

El consumo de combustibles de automoción cae un 2,3% en marzo por el diesel

Europa Press.- El consumo de combustibles de automoción alcanzó en marzo los 2,367 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 2,3% con respecto al mismo mes del año anterior, debido, principalmente, a la caída en los gasóleos (-3,3%). Por su parte, el consumo de gasolinas de automoción repuntó en el pasado mes de marzo un 2,7% frente al tercer mes de 2018, hasta las 421.000 toneladas.

En el primer trimestre del año, el consumo de combustibles registra un ligero aumento (+0,1%) frente al primer trimestre de 2018, con un repunte del 5,2% en las gasolinas y una caída del 0,9% en los gasóleos. En el acumulado anual presentan crecimientos interanuales todos los grupos de productos, salvo los gasóleos (-1,3%). Así, repuntan el GLP (+2,3%), querosenos (+4,9%) y fuelóleos (+4,7%). En marzo, ascendieron tanto el consumo de querosenos (+6,4%) como de fuelóleos (+3,1%), mientras descendieron el GLP (-18,1%) y los gasóleos (-6,1%).

Mientras, por segundo mes consecutivo, cayó el consumo de gas natural, con un descenso del 0,9% frente a marzo de 2018, situándose en 31.135 gigavatios hora (GWh). El consumo para generación eléctrica presentó un importante incremento (+45,2%). Por su parte, el GNL de consumo directo también aumentó (+8,6%), mientras que el consumo convencional descendió un 6,8%. El consumo del primer trimestre aumenta un 4,7% respecto al trimestre de 2018, con un incremento del destinado a generación eléctrica (+33,3%) y del GNL de consumo directo (+13,5%).

Victoria del PSOE: La hora del Green New Deal de Teresa Ribera y la reforma del mercado eléctrico

Javier Angulo.- El PSOE de Pedro Sánchez ha sido el vencedor de las elecciones generales. Un triunfo holgado, que deja al Gobierno a expensas de pactos, pero que invita a pensar en una formación rápida del Ejecutivo. A nivel energético todo lo que no fuera la continuidad de Teresa Ribera al frente del Ministerio para la Transición Ecológica sería una sorpresa colosal. Por delante 4 años: tiempo para implementar la Green New Deal prometida, la reforma del mercado eléctrico y avanzar en la descarbonización.

El programa electoral del PSOE era muy claro al respecto: eficiencia, renovables y empleo verde deberían ser la base del Green New Deal, un ambicioso pacto social sobre el que cimentar la transición energética. Como avance quedan los 10 meses de Gobierno socialista, en los que Teresa Ribera ya ha puesto en marcha medidas importantes: devolución de competencias energéticas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), eliminación de los cargos al autoconsumo y regulación para su desarrollo, la Estrategia de lucha contra la pobreza energética, medidas de transición justa para las comarcas mineras (a nivel de empleo y de I+D+i, potenciando la Ciudad de la Energía).

España tendrá por fin una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, muy diferente a cuando el expresidente Mariano Rajoy la prometió en plena COP21 en París. A expensas de lo que matice la Comisión Europea, también habrá luz verde para el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, toda una hoja de ruta para la descarbonización de la economía.

De momento los borradores ya ponen cifras sobre la mesa. El principal objetivo es cumplir las metas comprometidas con Europa para la reducción de emisiones: un 20% de reducción para 2020, un 40% para 2030 y un 90% para 2050. Estos números tienen un reflejo directo sobre el sector eléctrico. El objetivo que se marca el PSOE para 2030 es alcanzar un 35% de energías renovables sobre el consumo de energía primaria, por encima del 32% fijado por la Unión Europea. Esto supondría que las fuentes renovables tuvieran una cuota en el mix eléctrico del 74%. La descarbonización exigiría que en 2050 el país se suministrara con electricidad 100% renovable.

En esta senda mucho tiene que cambiar el panorama para las centrales térmicas de carbón, que todo apunta a que cuando termine la legislatura en 2023 se podrán contar con los dedos de una mano las que quedan abiertas. Igual de importante es el calendario acordado con las compañías eléctricas con fechas que los socialistas recalcan como “máximas” para el cierre de las centrales nucleares.

Formación de precio del pool

El Gobierno lleva meses hablando, especialmente en la figura de secretario de Estado de Energía, sobre una fórmula que traslade al precio de la electricidad “la reducción del coste” que supondrá el crecimiento de las energías renovables en la transición ecológica de la economía. Habrá que ver cómo encaja con la normativa europea esta intervención socialista en el mercado eléctrico. No en vano, también están en discusión en Bruselas las directrices comunitarias para la regulación de estos mercados. Este asunto promete ser uno de los principales caballos de batalla para el Ministerio de Teresa Ribera.

No menos polémico será, cuando se aprueben los futuros Presupuestos, la subida de los impuestos sobre el diesel, punto de partida en la revisión a la fiscalidad energética que plantean los socialistas. Y dentro del sector del transporte, las estaciones de servicio ya habrán empezado a hacer números ante la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica que va a exigir el Gobierno para hacer que la movilidad eléctrica deje de ser una anécdota para empezar a ser una realidad.

Tampoco hay que perder de vista la necesidad de acordar la hoja de ruta con su socio de legislatura. Por fortuna para los socialistas, la agenda no difiere en demasía con Ciudadanos o con Unidas Podemos, sus socios potenciales. Los de Albert Rivera preferirían revisar la fiscalidad energética y, por ejemplo, discreparían de la subida de impuestos a los carburantes, por su incidencia directa sobre el bolsillo de los consumidores. Los de Pablo Iglesias exigen una senda más ambiciosa, que estaría más cómoda con lo que exponía el programa electoral de los socialistas de 2015.

En este sentido, desde Unidas Podemos preferirían que las centrales nucleares cerraran antes de llegar a 2025 y las térmicas de carbón antes alcanzar 2026. También adelantarían 10 años, a 2040, la descarbonización completa de la economía. Asimismo, en materia de protección al consumidor doméstico vulnerable, Unidas Podemos lleva años reclamando una reducción del IVA de la factura de la luz y del gas al 10% al tratarse de suministros básicos. Más improbable parece la creación de una eléctrica pública.

Elecciones 28-A: Propuestas en torno a la fiscalidad y la gobernanza del sector en el avance hacia la transición energética

Javier Angulo.- La falta de apoyos para aprobar unos Presupuestos han impedido al Gobierno del PSOE introducir notables cambios en la fiscalidad que afecta al sector energético durante los 10 meses que ha estado en el poder. El Ejecutivo sí ha generado más titulares con la devolución de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, generando una gran trifulca con el PP y con Ciudadanos, con la renovación del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

No lo menciona expresamente en su programa electoral pero, leyendo entre líneas, la subida del impuesto sobre el diesel para su equiparación con el de la gasolina es una de las medidas que sin duda llevarían a cabo los socialistas para cumplir con ese “impulso a una fiscalidad medioambiental que desincentive la contaminación”. A juicio de los de Pedro Sánchez, es la fórmula para avanzar en la descarbonización de la economía y la transición ecológica. Además, según el PSOE, todo lo que sea penalizar el consumo de combustibles fósiles puede contribuir a reducir la “elevada” dependencia energética exterior de España y lo que esto significa, un déficit acusado en la balanza comercial de nuestra economía.

Por otro lado, los socialistas no hacen menciones en su programa al CSN y a la CNMC pero a nivel regulatorio destaca cómo presumen de las medidas elaboradas por el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera para proporcionar seguridad jurídica a los inversores en renovables que se vieron perjudicados por la reforma Soria-Nadal del PP. De este modo, estas plantas renovables tendrían asegurada su actual retribución hasta 2031.

Por su parte, Ciudadanos parece que ve con buenos ojos la propuesta de Transición Ecológica ya que habla de garantizar un marco jurídico “estable y seguro con una adecuada rentabilidad razonable” para los inversores en tecnologías renovables que sufrieron los “recortes arbitrarios” de los gobiernos del PSOE y el PP. De ellos también se acuerda Unidas Podemos, que compromete sin concretar en detalle una solución “para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el hachazo a las renovables”.

Quién no se acuerda de estos inversores es el PP. De sus principales medidas fiscales ya se han dado detalles en sus recetas para bajar el precio de la factura para los consumidores domésticos y la industria electrointensiva eliminando impuestos y aprovechando los ingresos de los derechos de emisión de CO2. Más original es su promesa de un Plan Talento Energía y Clima para potenciar la financiación de la I+D+i vinculada a la transición energética y promover la competitividad de la economía española, el empleo de calidad y el retorno del talento. Asimismo, llama la atención su apuesta por favorecer las relaciones con Estados Unidos (importando combustibles fósiles) y convertir a España en un “hub del Atlántico” a nivel energético.

A diferencia de los socialistas, desde Unidas Podemos sí que presentan un completo repertorio de medidas fiscales para avanzar hacia su Horizonte Verde. Para ello echan mano de su proyecto de Ley de lucha contra el cambio climático y de Transición Energética: los de Pablo Iglesias bajarían el impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos; reformarían el IRPF para desgravar por el uso de abonos de transporte público y la adquisición de electricidad 100% renovable; asimismo, gravarían con impuestos a las energías no renovables. A nivel de Gobernanza, la formación morada se compromete a reforzar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estableciendo el nombramiento de sus miembros por parte del Congreso.

Desde Ciudadanos también han concentrado sus medidas fiscales en cómo bajar un tercio la factura de la luz. Eso sí, indudablemente son el partido que más preocupación muestra por la gobernanza y siempre han rechazado participar en el reparto de sillas en los reguladores mientras siguen recalcando sus compromisos para que sean auténticos expertos los que ocupen estos órganos. La polémica en torno al CSN es buena muestra de la posición de los de Albert Rivera en estos asuntos. En este sentido, el programa de la formación naranja se compromete a “despolitizar” el CSN. Para ello reformarán el método de elección de sus miembros, “que deberán ser elegidos entre personas con formación y experiencia acreditada en las funciones del regulador”.

Por otro lado, en lo que respecta a la CNMC, Ciudadanos mantiene su propuesta de dividir el superregulador que creó el PP en la primera legislatura de Mariano Rajoy en 2 entidades independientes: una para la regulación de los mercados y otra para la defensa de la competencia y la unidad de mercado, “siguiendo el modelo mayoritario en la Unión Europea” según afirman desde Ciudadanos.

Por su parte, Vox va por libre. El CSN y la CNMC escapan de su punto de mira. De hecho, los de Santiago Abascal recalcan que ven un exceso de regulación en el sector energética y piden más mercado. Eso sí, ven necesario arbitrar para la transición energética unos potentes mecanismos de retribución de capacidad, “necesarios para atraer inversión y mantener operativas” las tecnologías que deben dar respaldo a las renovables mientras avanza la competitividad de las baterías. Y al menos son los únicos que se cuestionan el papel del Estado en Enagás y Red Eléctrica y plantean la venta del paquete accionarial mientras exigen mayor racionalidad en sus inversiones.

Elecciones 28-A: Medidas para bajar la factura de la luz y cómo afrontar la expansión del autoconsumo de energía eléctrica

Javier Angulo.- El Gobierno del PSOE suspendió en octubre durante 6 meses el impuesto del 7% que pagan todos los generadores de energía eléctrica. Esta carga fiscal ha vuelto en abril y, a pesar de que la ministra Teresa Ribera justificó el estar a las puertas de las elecciones para no prorrogar esta suspensión, nada recoge su programa electoral sobre este impuesto.

Por eso sorprende la ausencia en el programa socialista de medidas con un impacto directo sobre el bolsillo de los consumidores. La baza a jugar por los socialistas, en una hipotética legislatura completa de Gobierno de Pedro Sánchez, es acometer una profunda reforma del mercado eléctrico. De esta forma, el PSOE compromete una fórmula “que traslade eficazmente” al precio de la electricidad “la reducción del coste” que supondrá el crecimiento de las energías renovables en la transición ecológica de la economía. Habrá que ver cómo encaja con la normativa comunitaria esta intervención socialista en el mercado eléctrico mediante su reforma.

Donde el PSOE ha actuado con más decisión es en la regulación del autoconsumo de energía para favorecer su expansión. Lo hizo en octubre eliminando los cargos al autoconsumo, el conocido como impuesto al Sol. Y ha sido en abril, a pocas semanas de las elecciones generales, cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto de autoconsumo en uno de sus viernes sociales. Mediante este decreto, se habilita la figura del autoconsumo colectivo, que fomentará esta fórmula en las comunidades de propietarios o en polígonos industriales; se reducen los trámites administrativos, especialmente en el caso de los pequeños autoconsumidores; y se establece un mecanismo simplificado de compensación de la energía autoproducida y no consumida por parte de la comercializadora eléctrica.

No parece que el PP vaya a recuperar la normativa que gravaba al autoconsumo conectado a la red eléctrica, a tenor de lo expuesto en su programa electoral. Es más, otra medida impulsada durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, el impuesto del 7% a la generación eléctrica, es ahora expresamente rechazada. Los populares se comprometen a eliminar específicamente este impuesto y afirman que trabajarán en políticas que reduzcan el precio de la luz de los hogares y empresas. Asimismo, el PP recalca que priorizará las opciones energéticas que cumplan con los objetivos de reducción de emisiones al menor coste posible. En este sentido, creen firmemente que serán útiles las interconexiones para crear un mercado interior europeo de la energía.

Quién sí propone un cambio revolucionario es Unidas Podemos, con la creación de una empresa pública de energía. Esta futura empresa, que lideraría también la instalación de más energías renovables, tendría el cometido de transformar el mercado eléctrico e ir hacia un recibo de la electricidad más bajo. Los de Pablo Iglesias consideran que “la estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más”. Por ello, se comprometen a que el término fijo no sea superior al 25% de la factura. Por otro lado, en lo que respecta a la energía consumida, Unidos Podemos promete que los primeros kWh tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche.

Pablo Iglesias contra las eléctricas

También tendría un impacto en la factura de los consumidores vulnerables bajar el tipo de IVA al 10% para todos sus suministros básicos (calefacción, gas, electricidad). Asimismo, la formación morada anuncia que no se acometerán proyectos sobredimensionados de infraestructuras energéticas y comprometen una vez más una auditoría de costes del sector eléctrico. En este sentido, los de Pablo Iglesias arremeten nuevamente contra las empresas energéticas, a las que tachan de “oligopolio”, y prometen eliminar sus “privilegios”. Para ello cuentan con intervenir el mercado eléctrico para que el precio lo marquen las renovables, que tendrían una retribución estable aparte, y acabar con el sistema marginalista, así como con establecer un cargo a la que consideran sobrerretribución de centrales hidroeléctricas y nucleares.

Vinculado a la reforma del mercado eléctrico y al autoconsumo, desde Unidas Podemos aseguran que incentivarían la compra de electricidad a las instalaciones renovables ciudadanas. De hecho, también prometen una línea de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas instalaciones renovables. Parte de estas nuevas instalaciones estarían promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Asimismo, se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido.

Quién sí se atreve a fijar un objetivo de reducción en la factura de la luz es Ciudadanos. Los de Albert Rivera se ven capaces de bajar un tercio la factura de la luz eliminando impuestosy la introducción de mayor competencia en el mercado eléctrico. Para ello se proponen dos vías: por un lado, Ciudadanos asegura que limpiará la tarifa eléctrica eliminando los costes “heredados de la nefasta gestión del PP y del PSOE”, con una senda de reducción del déficit tarifario acumulado y de los costes políticos. Por otro lado, los naranjas premiarán la eficiencia en el consumo con precios más reducidos para los que moderen su demanda.

Desde Vox también apuestan por reducir los impuestos y los costes regulados de la factura de la luz. Y se ven con capacidad para ajustar los costes del sistema eléctrico en 1.000 millones de euros. Asimismo, los de Santiago Abascal advierten que la fuerte penetración de energías renovables, con bajos costes variables, provocará un abaratamiento aparente del precio de la energía eléctrica con facturas con un alto coste fijo y bajo coste variable. A juicio de Vox, esta estructura tarifaria llevaría inevitablemente a la pérdida de la eficiencia, sin penalizar a los que derrochan, y, adicionalmente, encarecería la factura a las familias de renta baja.

Por ello, desde Vox proponen definir tarifas e impuestos que graven el consumo para no elevar la parte fija de la tarifa. Asimismo, la formación conservadora muestra su preocupación con el autoconsumo y se muestra partidario de imponer cargas a los que optan por esta modalidad para que financien las redes, pero de una forma diferente a la del PP. Vox quiere que los consumidores afronten una tarifa de acceso a la red por tramos de consumo, que establezca descuentos para los primeros KWh consumidos, mientras que los autoconsumidores no tendrían derecho a este descuento.

Elecciones 28-A: Eficiencia energética, rehabilitación de edificios y medidas de apoyo al consumidor doméstico vulnerable y a la industria electrointensiva

Javier Angulo.- La mejora de la eficiencia energética constituye, junto a la reducción de emisiones y al desarrollo de fuentes de energía renovable, uno de los principales compromisos a nivel europeo dentro de la hoja de ruta para cumplir con el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. Una mayor eficiencia supone un ahorro de energía que reduciría las necesidades del consumidor doméstico vulnerable que no puede hacer frente a una factura energética que también afecta a la competitividad industrial.

En estos ámbitos el PSOE presume de las medidas tomadas desde el Consejo de Ministros en los viernes sociales. Los socialistas reivindican que sus 10 meses de Gobierno hayan servido para mejorar el bono social de electricidad y la creación del bono térmico para consumos de calefacción. Todo ello articulado en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, con un renovado bono social que cubre todas las fuentes de suministro (electricidad, gas) y que será de concesión automática. Asimismo, abogan por facilitar el acceso a estos descuentos a las familias con menores de edad.

Esta Estrategia también aboga por ampliar paulatinamente el peso de medidas estructurales frente a las prestacionales como el bono social para permitir abordar el problema de la pobreza energética de forma estructural. Así, se potenciará las rehabilitaciones exprés (cambios de equipos térmicos, modificación de determinados elementos de la envolvente de la vivienda…); a medio plazo se apuesta por articular un parque de vivienda en alquiler social que subvencione los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables; y se incentivará la renovación de electrodomésticos, equipos térmicos o calderas. A largo plazo, se apostará por medidas de rehabilitación integral de edificios.

Todo ello para cumplir en 2030 con un compromiso de mejora de la eficiencia energética del 32,5%, conforme a lo comprometido por los Estados comunitarios con la Comisión Europea. Pero los viernes sociales no acaban en la lucha contra la denominada pobreza energética. La industria espera para este viernes 26 de abril la aprobación del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, una medida a sumar a la regulación de las redes cerradas de distribución para reducir el coste energético y la prórroga de la vida útil de las instalaciones de cogeneración por 2 años. Curiosamente solo Vox se acuerda junto al PSOE de la industria cogeneradora, para la que augura un papel relevante durante la próxima década.

Las propuestas del PP son más generales en este ámbito y, por qué no decirlo, más comedidas. El programa de los populares habla de reforzar el bono social para mejorar la protección de los consumidores más vulnerables pero no entra en detalles. También apela a un compromiso con la rehabilitación y la promoción de la eficiencia energética en los sectores de la edificación y, en lo que sí suena más novedoso, en la renovación de las instalaciones del sector turístico. Lo que suena a reproche a iniciativas más ambiciosas es el compromiso del PP a que todas estas medidas siempre tendrán en cuenta las capacidades adquisitivas de consumidores y empresas.

Donde el programa del PP se mueve con más soltura es en temas fiscales. En este sentido los de Pablo Casado se comprometen a utilizar los ingresos adicionales que se deriven del aumento de los derechos de emisión de CO2 en los mercados europeos “para modular la fiscalidad de la energía”, rebajando así en cada momento del tiempo la factura energética de la industria. Asimismo, el PP potenciará los mecanismos de ayuda a la industria para compensar los efectos de las políticas medioambientales y energéticas.

Por su parte, la gran apuesta de Unidas Podemos por la eficiencia energética es una vez más su plan para rehabilitar anualmente al menos 500 000 viviendas y conseguir reducir su factura de la luz con medidas de aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Para ello, resulta interesante el compromiso de dar prioridad a los hogares y barrios más vulnerables y a edificios situados en zonas menos pobladas. Según cálculos de la formación morada, las familias podrán llegar a reducir en un 50% su consumo de energía y ahorrar un promedio de 400 euros anuales con las medidas propuestas.

Los de Pablo Iglesias mantendrán las protecciones frente a la pobreza energética pero cimentan su apoyo al consumidor vulnerable en la eficiencia energética. De esta forma aseguran que se crearán miles de empleos “en un sector tan castigado” como es el de la construcción y avanza que las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de subvenciones para fomentar la eficiencia. Sin embargo, en materia sectorial, sorprende el silencio de Unidas Podemos sobre la industria electrointensiva.

Todo lo contrario sucede con Ciudadanos, que concentra esfuerzos en mejorar la competitividad industrial con una tarifa eléctrica más predecible. Para ello comprometen su propio Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que reconozca las dificultades específicas de este tipo de industrias e introduzca mecanismos que favorezcan su competitividad en el mercado internacional. Un apartado en el que los de Albert Rivera creen que podrían mejorar su situación apostando por los contratos bilaterales de entrega de energía eléctrica (conocidos como PPA). Asimismo, comprometen que las empresas podrán compensar sus costes de emisiones de gases invernadero, con ayudas condicionadas a la implementación de medidas de eficiencia energética e innovación por parte de la industria.

En lo que atañe a los consumidores domésticos, Ciudadanos promete una factura de la luz que premie a los que tengan un consumo más reducido. Al igual que Unidas Podemos, pone cifras a las viviendas que deberían rehabilitarse cada año, aunque se tratan de números menos ambiciosos o más realistas, según el punto de vista. 300.000 viviendas en las que fomentar la eficiencia energética es el compromiso de la formación naranja, que asegura que los nuevos inmuebles y todas las instalaciones públicas se construirán bajo estándares de consumo casi nulo.

Por su parte, el programa de Vox se desmarca de estas propuestas de rehabilitación o medidas pensadas para la industria electrointensiva con una generalidad: afirma que la eficiencia energética es un fin tan importante como la descarbonización, ya que contribuye a la reducción de emisiones, a la competitividad económica de la industria y a incrementar la renta disponible de las familias. Ahora bien, no hay medidas concretas en este sentido.

Sí concreta más al decir que el bono social debe ser financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado y no por las compañías comercializadoras, acogiéndose a las tesis de la patronal eléctrica. Más novedosa es la propuesta de establecer bonificaciones proporcionales al número de miembros de las familias en todo tipo de suministros básicos como la luz o el gas. Y único es su apoyo al desarrollo de gas renovable, como combustible clave para procesos industriales de alta temperatura en el largo plazo.