La demanda nacional de gas natural registra su máximo diario desde diciembre de 2017

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Europa Press.- La demanda de gas natural en España alcanzó el 16 de enero los 1.540 gigavatios hora (GWh), lo que representa la cifra más alta desde el 5 diciembre de 2017, según datos de Enagás. El gestor del sistema gasista indicó que este récord se debe al incremento del consumo doméstico-comercial, a las mayores entregas de gas natural para generación eléctrica y a los altos valores que está registrando la demanda industrial.

En concreto, la demanda convencional, destinada a los consumos de hogares, comercios e industrias, alcanzó los 1.142 GWh, impulsada, principalmente, por el aumento de la demanda doméstico-comercial como consecuencia de las bajas temperaturas registradas. Asimismo, la demanda de gas natural para el sector eléctrico ascendió a 398 GWh, como resultado de una baja generación eólica e hidráulica, «lo que refuerza el papel del gas natural como energía de respaldo a las renovables en el proceso de transición energética«, indicó Enagás.

Además, la positiva evolución de la demanda de gas natural en el consumo industrial, que representa cerca del 60% del total de la demanda, también ha contribuido a este récord. La demanda industrial ha aumentado un 15% desde 2014. En lo que va de año, la demanda de gas natural en España ha aumentado un 13% con respecto al mismo periodo de 2018 y alcanzó los 40.223 GWh, debido a crecimientos en la demanda convencional y en las entregas de gas natural para generación eléctrica.

Ribera considera que los riesgos climáticos y ambientales «son los de mayor magnitud para la economía mundial»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que los riesgos climáticos y medioambientales «son los de mayor magnitud para la economía mundial», apoyándose en el «protagonismo» que considera que tendrán estos asuntos en los próximos grandes foros económicos internacionales. En este sentido, Ribera señaló que un Presupuesto «que desprecie el cambio climático es tirar el dinero».

El objetivo final, según ella, es que el 100% de la inversión y gasto sean compatibles con el clima, al igual «que lo deben ser con los Derechos Humanos». «Lo más grave, dañino, peligroso y disruptivo es no hacer caso a lo que sabemos que ocurre con el cambio climático», añadió. Entre los ponentes, la exprimera ministra de Nueva Zelanda y exadministradora del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), Helen Clark, ha remarcado que «el principal objetivo de la agenda de desarrollo sostenible es que nadie se quede atrás, especialmente las personas más vulnerables».

La legislación climática estará «enseguida”

Por otro lado, Ribera ha afirmado que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que trabaja el Gobierno, llegará «enseguida». «Estamos peinándola y poniéndole los colorines finales de la portada», bromeó. Según ha comentado la ministra, la transición ecológica es un «desafío interesantísimo en todos los frentes», por lo que considera importante que haya un debate público constructivo que, a su juicio, fomentará los consensos y acciones de mejoras. Tal y como ha señalado, desde el Gobierno están intentando ser «cuidadosos» en la evaluación de las piezas que conformarán la Ley. «Lo tenemos muy organizado en el Gobierno, en pensar en las distintas razones para poder compartirla», ha apuntado la ministra.

Teresa Ribera ve en la «convicción de la gente» el impulso para iniciar el cambio hacia la transición ecológica: «Es lo que de verdad va a ser el vector que fomente la reflexión de mercados, de opinadores». Y para ello, ha insistido en la necesidad de que todos los agentes actúen ya que «ninguno por sí mismo puede hacerlo todo».

En este sentido, insiste en que la Agenda 2030 de la ONU «no es una agenda sectorial de nadie, de ningún tipo de actor sectorial ni de naturaleza pública o privada», lo que a su juicio requiere liderazgo en cada estructura. De ahí que haya apelado a los líderes políticos y «a quien tiene más capacidad para empujar la Agenda 2030», para iniciar este cambio.

No se cumplen los plazos

Asimismo, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha instado al Gobierno de España a presentar su Plan de Energía ante la Comisión Europea, pues es 1 de los 7 ejecutivos de la Unión que aún no los ha entregado, pese a que el plazo se cerró el pasado 31 de diciembre. El comisario ha hecho hincapié en «el futuro espectacular» que tienen las energías renovables en el marco de la Unión Europea de los próximos años y destacó algunos de los objetivos firmados por más de 190 países en el acuerdo de París, como el de «frenar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados centígrados, incluso por debajo de 1 grado».

Para conseguirlo, ha subrayado la «necesidad de descarbonizar la economía» y sustituir la producción de energía con otras más limpias con el horizonte 2050, fecha en la que el 80% de la electricidad tendrá que producirse mediante energías renovables. Como recordó Arias Cañete, el primer objetivo, en 2020, es alcanzar el 20% en cuanto a producción de energía renovable. En 2017, España estaba cerca del 17,3%. Mientras que para 2030 el objetivo marcado es alcanzar un 32% de energías renovables.

No considera el comisario que los planes para la transición energética se vayan a ver afectados por el Brexit, pues «todo el mundo tiene que afrontarla y Reino Unido siempre ha sido un país muy ambicioso en políticas climáticas». Por último, remarcó que para el 13% de los españoles, el cambio climático supone «el principal problema en la actualidad» y animó a los políticos españoles a incluir en sus campañas electorales temas como el cambio climático o la renovación energética.

La consultora Everis destaca que la movilidad eléctrica supone una nueva oportunidad de negocio para las compañías energéticas

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Europa Press.- La movilidad eléctrica supone una nueva oportunidad de negocio que las empresas energéticas en España están integrando en su estrategia para complementar su mix de producto, según datos del estudio de la consultora Everis. El informe de Everis destaca que la movilidad eléctrica comprende un nuevo ecosistema con distintos modelos de negocio, «donde tanto empresas tradicionales de movilidad y energía como nuevos actores generan ofertas de valor».

En concreto, estos modelos de negocio incluyen productos y servicios orientados a los propietarios de vehículos eléctricos, el despliegue y aprovechamiento de infraestructura para suministrar energía y el surgimiento de nuevas alternativas de movilidad de pago por uso. El informe, elaborado con la colaboración de empresas energéticas como EDP, Naturgy, Endesa, Podo o Lucera, también señala que las tendencias más destacables por las que apuestan las compañías son aquellas que potencian una propuesta de valor sólida que aporte cercanía a las expectativas del consumidor en términos de productos y servicios.

En este sentido, destaca que las preferencias que los clientes tienen son la preocupación medioambiental y una orientación cada vez mayor a una energía 100% eco, así como la facilidad de contratación online de servicios o el uso de tarifas simples y diferenciales, además de precios más económicos. Así, el informe considera que las compañías energéticas están trabajando para evolucionar hacia el concepto de multi-utility, ampliando su oferta de productos para convertirse en proveedores integrales con el objetivo de incrementar sus ingresos medios por cliente.

El estudio también valora que las energéticas se centran cada vez más en el cliente, pero subraya que esta transformación no está siendo suficientemente rápida. A este respecto, la directora del área de Utilities de Everis, Carmen Velasco, señaló que el nuevo perfil del consumidor energético «requiere que las compañías sean capaces de adaptarse a este nuevo escenario, favoreciendo la innovación, agilidad y la flexibilidad dentro de la organización». «De esta manera, las empresas podrán ofrecer nuevas tarifas, productos y servicios que cubran todas las necesidades de los clientes», añadió.

El Tribunal de Cuentas analizará las multas que fijan CNMC y CNMV y las compensaciones de costes del sector eléctrico

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Europa Press.- El Tribunal de Cuentas incluyó entre las fiscalizaciones previstas para 2019 una revisión del sistema de multas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de las transferencias presupuestadas para compensar los costes del sector eléctrico.

En su programa de fiscalización para 2019, el organismo presidido por María José de la Fuente ha decidido unilateralmente realizar una fiscalización horizontal sobre la tramitación de quejas, consultas y reclamaciones y la imposición y cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercados, de los ejercicios 2016 a 2018. Este informe será publicado en 2020.

No será la única fiscalización sobre la CNMC, ya que el Tribunal de Cuentas tiene previsto publicar este año el análisis de la contratación ejecutada entre 2015 y 2017. Respecto a las compensaciones en el sector eléctrico, la fiscalización se centrará en el programa presupuestario 425A, sobre normativa y desarrollo energético, con especial referencia a las transferencias de capital para compensar los costes del sector eléctrico, referido al ejercicio 2018.

La Unión Europea acuerda reducir las emisiones de los coches en un 37,5% y de furgonetas un 31% para 2030

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Europa Press.- Los Gobiernos de la Unión Europea han confirmado el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo para fijar un objetivo de reducción de emisiones contaminantes para coches del 37,5% y del 31% para furgonetas en 2030, en ambos casos con respecto al nivel registrado en 2021.

El pacto incluye un objetivo intermedio de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 2025 del 15% tanto para coches como para furgonetas, así como una cláusula para una posible revisión de los objetivos y para la introducción de metas vinculantes para 2035 y 2040. Estos objetivos, no obstante, se establecen para el conjunto de coches y furgonetas europeas y ahora debe distribuirse el esfuerzo entre los distintos fabricantes en función de la masa media de su flota.

Flexibilidad si venden más eléctricos

El Consejo de la Unión Europea y la Eurocámara pactaron, de la misma forma, un mecanismo para incentivar la venta en el bloque comunitario de vehículos con cero o bajas emisiones, como coches eléctricos o vehículos híbridos enchufables. En concreto, los fabricantes podrán beneficiarse de objetivos de reducción de emisiones menos estrictos si cumplen una serie de niveles de referencia, que se sitúan en el 15% para coches y furgonetas en 2030 y en el 35% y 30%, respectivamente, en 2035. Ahora el pleno del Parlamento Europeo debe aprobar el reglamento, previsiblemente antes del verano, para que quede aprobado formalmente.

Organizaciones contrarias a los combustibles fósiles critican que el Gobierno mantenga las ayudas a los vehículos de gas

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Europa Press.- Las organizaciones que forman parte de la red Gas no es solución denuncian la «incoherencia» del Gobierno de Pedro Sánchez por hacer declaraciones en favor de la descarbonización mientras mantiene las ayudas a los combustibles fósiles en el marco del plan MOVEA.

Para el colectivo, la decisión de mantener las ayudas a los vehículos de gas muestra la «incoherencia de un Gobierno que, mientras hace declaraciones en favor de la descarbonización de la economía, decide mantener el gas en la propuesta inicial del plan MOVEA». Así, piden al Ejecutivo que decida si está comprometido con los combustibles fósiles o bien con la lucha contra el cambio climático y critica la decisión del Gobierno de mantener las ayudas al gas en el transporte.

En concreto, exponen que el Ministerio para la Transición Ecológica prevé publicar el plan de ayudas MOVES, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que excluye a los turismos propulsados por gas para fomentar el uso de energías alternativas al petróleo en el transporte. Sin embargo, el Ministerio de Industria ha abierto una consulta pública previa a la publicación de un Decreto que prevé incluir en el plan de ayudas MOVEA vehículos de gas.

Por eso, Gas no es Solución pide al Gobierno coherencia en las políticas públicas y los gastos, así como a comprometerse en la lucha contra el cambio climático y dejar de destinar dinero público hacia un transporte basado en cualquier tipo de combustible fósil. En 2017 el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente encargó al IDAE la implantación del plan MOVALT, con un presupuesto de 21 millones de euros, de los cuales 10,6 se destinaron a vehículos propulsados por gas. Por su parte, el entonces Ministerio de Economía y Empresa gestionaba el plan MOVEA, dotado con 14 millones de euros.

En 2018 se preveía la fusión de todas las ayudas para adquirir vehículos de energías alternativas que gestiona el IDAE y que tenía un presupuesto de 66,6 millones de euros (50 para compra de vehículos, y 16,6 para infraestructura). Pero el plan VEA no llegó a publicarse entonces. La plataforma afirma que en 2019 ese dinero sigue presupuestado pero se ha vuelto al esquema de dos planes diferentes, el MOVES, que gestiona el IDAE, del MITECO y el MOVEA, que gestiona el Ministerio de Industria.

Para el colectivo, del que forman parte decenas de organizaciones contrarias al desarrollo del gas en España, los vehículos propulsados por gas no deben gozar de ningún tipo de ayuda pública, dado que estos vehículos constituyen un evidente paso atrás en la descarbonización del transporte. Así, consideran que junto con el petróleo y el carbón, el gas debe desaparecer «cuanto antes» del mix energético y advierte del potencial de calentamiento del gas, que es 86 veces superior al del CO2 en los primeros 20 años de prevalencia en la atmósfera.

En definitiva, denuncian que el Gobierno ha deshecho con una mano lo que hacía con la otra al lanzar el plan MOVEA, planteado por el Ministerio de Industria, que prevé conceder ayudas a las categorías de turismos, furgonetas y furgones, autobuses y autocares, motocicletas y cuadrociclos propulsados por gas, además de los propulsados por motores eléctricos y pilas de combustible.

Las organizaciones que forman parte de la red Gas no es solución son: 350 Bcn, Aliança contra la Pobresa Energètica, Amigos de la Tierra, Asamblea Ciudadana contra el Gas en Gran Canaria, Asociación de Cultura Popular Alborada (Gallur), Berriztu!, Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres (ESF), Equo, Equo Huelva, Ferrol-Cape, Fracking Ez, Fundación Renovables, Fundación Ecología y Desarrollo, Greenpeace España, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, No Més Gas,Observatorio Crítico de la Energía, Observatori del Deute en la Globalització, Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Plataforma Resposta al Midcat, Plataforma Salvemos Doñana, Podemos, SEO/BirdLife, Transport & Environment, WWF España y Xarxa per la Sobirania Energètica.

Pancartas contra la contaminación madrileña

Por otro lado, activistas de Greenpeace han llevado a cabo una acción en Madrid para denunciar la mala calidad del aire en la capital. Para ello colgaron pancartas sobre un panel de señalización variable en el enlace de la M-30 con la A-1 coincidiendo con la hora punta de tráfico de entrada a la ciudad. En las pancartas podía leerse Madrid se asfixia, 38.000 muertes al año por contaminación y No más coches, alertando del peligro para la salud pública en periodos de alta contaminación.

La entidad recuerda que la contaminación es un problema que va más allá del ámbito municipal y se ha referido concretamente a los casos de Coslada o Getafe que «han registrado niveles de polución por encima del límite fijado por la Unión Europea». «Mientras que medidas como el nuevo protocolo o Madrid Central han resultado efectivas en el interior de la ciudad, los accesos desde otros municipios siguen colapsados con un número excesivo de automóviles, tal y como estamos comprobando en la A-1″, explicó Greenpeace.

Con esta acción, Greenpeace ha querido recordar a las administraciones que la «restricción de los vehículos de combustible fósil es la medida más efectiva para frenar los niveles de contaminación en las áreas urbanas». Además, deben adoptar medidas concretas para potenciar el transporte público y reducir la contaminación provocada por la dependencia del coche. En este sentido, defienden la necesidad de aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y que los gobiernos autonómicos deben recuperen «la oferta de transporte público recortada durante la crisis económica, así como implantar billetes integrados que faciliten la intermodalidad entre los diferentes transportes».

Los hogares españoles pagaron 970 euros de media en 2018 por sus facturas de luz y gas, un 6,3% más

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Europa Press.– Los hogares españoles pagaron una media de 970 euros durante el año pasado en concepto de gastos de luz y de gas, lo que se traduce en una subida del 6,3% en comparación con las cifras contabilizadas el año previo, según el Estudio Fintonic Consumo de Energía en España 2018.

El informe muestra diferencias «muy significativas» del gasto de los hogares en función de la comunidad autónoma en la que se encuentren. Así, este gap se eleva hasta el 68% entre la región con la factura media más cara, que fue Castilla-La Mancha, con 1.068 euros, un 5,1% más, y la que registró la más barata, Canarias, con 638 euros, un 3,4% más. Por detrás de Castilla-La Mancha como las regiones con los mayores gastos medios por hogar durante el año pasado se situaron Baleares, con 1.045 euros, un 10,5% más, así como Cantabria, con 1.042 euros, un 10,1% más; Madrid, con 1.041 euros, un 7,1% más, y Aragón, con 1.039 euros, un 8,7% más.

En el lado opuesto, como las comunidades autónomas con la factura energética más baja en 2018, por detrás de Canarias, se encuentran Galicia, con 784 euros, un 2,1% más; Andalucía, con 879 euros, un 5,9% más; Comunidad Valenciana, con 917 euros, un 3,6% más, y Asturias, con 944 euros, un 11,1% más. A pesar de estos datos, la fundadora y consejera delegada de Fintonic, Lupina Iturriaga, ve posible conseguir ahorros en la factura mediante la renegociación de las condiciones o con la contratación de otros proveedores. «De hecho, desde Fintonic nuestros usuarios ahorran una media de 200 euros al año en su factura de la luz sin cambiar de compañía, tan revisando su factura», añadió.

Sindicatos y Alcoa alcanzan un acuerdo con 20 millones para cada planta y mantenimiento del empleo hasta finales de junio

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Europa Press.- Los sindicatos y la dirección de Alcoa han alcanzado un acuerdo por el que la empresa invertirá 20 millones en la planta de Avilés (Asturias) y otros 20 en su planta de La Coruña (Galicia) para garantizar el mantenimiento del empleo hasta el 30 de junio de este año. Durante estos 6 meses, deberá encontrarse un inversor que permita salvar las plantas y los empleos, según apuntó la Comisión Negociadora.

En caso de que no aparezca ningún inversor que garantice el funcionamiento de ambas fábricas más allá del 1 de julio, los sindicatos piden al Gobierno el compromiso de garantizar el 100% del empleo. El acuerdo ofrece una solución para unos 355 empleados de las dos plantas, algo más del 50% de los 623 trabajadores indefinidos de las plantillas, y el compromiso de Alcoa de asumir el coste de rearrancar las cubas por un máximo de 40 millones de euros (20 millones por planta) si se concreta una oferta de compra por algún inversor antes del próximo 30 de junio. Según el Ministerio de Industria, la mediación del Gobierno facilitó el preacuerdo que da salida a la crisis de Alcoa.

El Gobierno no lo garantiza

Por su parte, el Gobierno se ha comprometido a «trabajar» para que «todos los afectados» por el proceso de cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña puedan ser recolocados al final del periodo marcado en el acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos para encontrar una solución para las dos factorías, que expira el próximo 30 de junio, pero no ha garantizado, tal y como deseaban los representantes de los trabajadores, el mantenimiento del 100% de los puestos de trabajo a partir de esa fecha.

En este sentido, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, indicó que ese compromiso de garantías «no forma parte del acuerdo» y que tanto el Gobierno como el resto de administraciones tan sólo pueden asumir la responsabilidad de trabajar para «recolocar a todos los efectivos que están en peligro». Valdeolivas recalcó que esa petición de garantías para mantener el 100% del empleo por parte de los sindicatos se trata de «un anexo ajeno que no forma parte del acuerdo».

«Vamos a trabajar por la recolocación de todos los trabajadores, pero no es un compromiso que pueda ser abiertamente escrito en esos términos. El compromiso es nuestro esfuerzo de buscar la mejor solución, pero los resultados no dependen del Gobierno. Contamos con 6 meses que nos dan un tiempo para buscar soluciones definitivas», añadió al respecto. El acuerdo cubre durante estos 6 meses al resto de los más de 260 trabajadores que no entran dentro de esa solución propuesta por la compañía, que durante ese periodo estarán en un proceso de formación profesional, financiado por la empresa y, si no pueden ser recolocados, «van a salir con una mejora significativa de su empleabilidad», destacó la secretaria de Estado de Empleo.

Por su parte, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, valoró «muy positivamente» el acuerdo porque “mejora mucho la situación que se tenía». Blanco indicó que las garantías de éxito en este tipo de procesos siempre son mayores teniendo un acuerdo entre las partes que si no se tiene y señaló que el objetivo del Gobierno es poner todos los recursos posible para minimizar al «máximo» el impacto de un posible cierre final de las plantas. Además, valoró la existencia de un compromiso de inversión por parte de la empresa, lo que «va ayudar mucho», y destacó que también va a facilitar mucho el escenario para buscar un nuevo inversor.

Mientras, los sindicatos valoraron también «positivamente» el acuerdo con la empresa, «dentro del abismo en que se estaba» ya que supone «ganar tiempo» para buscar inversores y para la creación por el Gobierno del Estatuto para los Electrointensivos. No obstante, lamentaron que no existiera un «mensaje más contundente» por parte del Gobierno y se haya tenido que poner ya sobre la mesa la posibilidad de planes sociales en el caso de que a 1 de julio no se haya encontrado una solución definitiva, según el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz.

Por su parte, el responsable de Política Industrial de CC.OO, José Manuel Casado López, también consideró «positivo» el acuerdo y aseguró que existe el compromiso del Gobierno de intentar reducir «a la mitad de tiempo» el periodo fijado para aprobar un Estatuto para la Industria Electrointensiva, que vio la luz en diciembre en un decreto ley y se estima que este en marcha en 6 meses. «Lo que serviría para Alcoa y todos los electrointensivos de este país que están en la misma situación», añadió.

Naturgy cerrará todas sus térmicas de carbón en España en 2020 con el cierre de Meirama, Narcea y La Robla

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Europa Press.- Naturgy ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica el cierre de todas sus centrales de carbón en España, las de Meirama (en Cerceda, Galicia), Narcea (Asturias) y La Robla (Castilla y León),según confirmó la compañía. La empresa comprometió en 2015 una inversión de casi 100 millones de euros para adaptar la factoría de Meirama, pero esa cuantía nunca se llegó a ejecutar, por lo que tampoco se desarrollaron las actuaciones de renovación tecnológica.

El grupo energético enmarca esta decisión de echar el cierre a sus plantas de carbón en 2020 en los objetivos de la política energética europea y nacional anunciados por el Ministerio para la Transición Ecológica para avanzar hacia la descarbonización del sistema. En concreto, el nuevo contexto regulatorio obliga a las compañías propietarias a afrontar nuevas inversiones para que estas plantas puedan continuar funcionando más allá de 2020. Asimismo, los actuales precios de mercado, el mayor coste del precio de CO2 y las tasas medioambientales han agravado la viabilidad económica de este tipo de plantas.

Fuentes de la compañía precisaron que las peticiones de cierre se presentaron el pasado diciembre y que se han presentado planes de adecuación para los casi 240 trabajadores de las tres plantas. El grupo presidido por Francisco Reynés tiene en marcha, dentro de su plan estratégico, inversiones por más de 1.000 millones de euros en generación renovable en todo el territorio nacional antes de 2020. La compañía ha trasladado también a las distintas administraciones autonómicas esta decisión y trabaja, junto a ellas, en el diseño de planes para dinamizar económicamente el entorno de las regiones donde están ubicadas estas plantas.

En el caso de Meirama, Naturgy tiene un plan por el cual prevé invertir aproximadamente 80 millones de euros en un parque eólico y en un centro avanzado de gas renovable, además de una iniciativa para atraer nuevos proyectos industriales al emplazamiento en colaboración con la Xunta de Galicia. La empresa también ha diseñado un plan de adecuación para los 77 trabajadores de la central, que contempla la recolocación de una gran parte de ellos y salidas pactadas para el resto. También se propondrá a las empresas auxiliares de la comarca continuar trabajando para los nuevos proyectos renovables de Naturgy.

En el caso de Narcea y La Roba, la compañía cuenta con un plan de adecuación para los 82 y 80 trabajadores, respectivamente, que componen la plantilla y que contempla soluciones consensuadas, bien mediante su continuidad en los trabajos de desmantelamiento o reubicación en otras unidades de la empresa, o bien mediante salidas pactadas. En lo referido a los empleados de las empresas auxiliares de las distintas centrales, Naturgy hará lo posible por favorecer su contratación para acometer los trabajos de cierre y desmantelamiento de la planta, así como para el desarrollo del plan alternativo.

De esta manera, Naturgy sigue los pasos de Iberdrola, que en noviembre de 2017 pidió también al Gobierno el cierre de sus térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En el caso de Endesa, también el pasado mes de diciembre presentó la solicitud formal de cierre para sus centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) al ser «imposible» abordar las inversiones necesarias para que estas plantas cumplan con los nuevos límites de emisiones establecidos por la Unión Europea que entrarán en vigor el 30 de junio de 2020.

No obstante, la energética presidida por Borja Prado sí continuará con la generación en las centrales de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), donde sí que realizó las inversiones necesarias. De esta manera, de las 14 centrales operativas en España, no habrá abiertas más allá de 2020 más que 5; estas 2 de Endesa, Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera, las dos en Asturias y propiedad de EDP España.

Entre 192.000 y 337.000 aves mueren en España por electrocución en tendidos eléctricos, según un estudio

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Europa Press.- Entre 192.000 y 337.000 aves mueren en España por electrocución en tendidos eléctricos, según el último estudio realizado por la Fundación Amigos del Águila Imperial. La electrocución o colisión con tendidos eléctricos es una de las primeras causas de mortalidad para muchas aves. Precisamente, la Fundación Amigos del Águila Imperial Ibérica en colaboración con Fundación Banco Santander, Lince Ibérico y Espacios Naturales de Carácter Privado, acaban de presentar el Manual Amenazas en tendidos eléctricos para el águila imperial ibérica.

Además, como señala Fundación Banco Santander desde 2016 se ha puesto en marcha la aplicación gratuita Alerta Tendidos y una web (www.alertatendidos.org) desde las que registrar, almacenar y gestionar la información sobre tendidos eléctricos peligrosos para las aves con el fin de poner al alcance de cualquier ciudadano interesado la posibilidad de participar en la detección y evaluación de la amenaza y, por tanto, en la aplicación de las mejoras pertinentes. Así, el Manual describe los principales aspectos de la amenaza de los tendidos eléctricos sobre las aves y profundiza en el uso de estas herramientas informáticas creadas en el marco del proyecto Alerta Tendidos.

La publicación ha sido planteada para que pueda ser de utilidad, tanto a los profesionales en la planificación de proyectos de identificación, revisión y evaluación de tendidos peligrosos, como a cualquier ciudadano no especialista interesado en la conservación medioambiental. Como indica Ángel Arredondo, «el proyecto ha marcado un cambio de paradigma en la detección de tendidos peligrosos. Hasta que pusimos en marcha el proyecto, solo técnicos profesionales contratados por administraciones, compañías eléctricas y ONG se hacían cargo de las labores de identificación de tendidos eléctricos peligrosos y evaluación de riesgo».

Según Sol Andrada, «con este proyecto hemos abierto la gestión de esta amenaza, que ha llegado a poner en jaque en momentos concretos la conservación de especies emblemáticas de nuestra avifauna como el águila imperial ibérica o el águila perdicera, a una especie de proyecto de ciencia ciudadana, todo el mundo puede aportar, eliminando limitaciones temporales y de financiación para la detección de esta amenaza». La app garantiza la facilidad de uso y la calidad de la información generada, un interfaz gráfico basado en pantallas secuenciales facilita al usuario determinar las características técnicas del apoyo y sus coordenadas (detectadas automáticamente).

Toda la información es enviada a una base de datos en la nube gestionada por profesionales con experiencia en tendidos eléctricos y en la protección de especies amenazadas. La plataforma web permite a los usuarios visualizar y realizar una gestión básica de la información generada. Dispone además de un espacio en el que se puede consultar documentación de interés sobre la potencial amenaza de los tendidos eléctricos sobre las aves. Actualmente esta aplicación está siendo traducida al francés y el inglés, y adaptada a las características de los tendidos de países del norte de África, con la finalidad de que contribuya a reducir la mortandad de aves en la zona.