Marti Scharfhausen asegura que los consumidores costearán el bono social en la factura de la luz y se definirá «mejor» a los beneficiarios

De esta forma, el Gobierno cumplirá una sentencia del Tribunal Supremo en la que exime a las eléctricas de financiar esta ayuda, por «inaplicable», y que ronda los 150 millones de euros anuales. Este bono social fue creado en 2009 por el anterior Gobierno para proteger a grupos de consumidores vulnerables como familias numerosas, familias con todos los miembros en paro, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW), mediante la congelación de la luz.

Industria cargará este coste al sistema tarifario «como medida preventiva hasta que se adopten las medidas que puedan arbitrarse» y, al mismo tiempo, trabajará en una fórmula para definir «mejor» los grupos de consumidores vulnerables que pueden disfrutarlo.

Por otro lado, Marti advirtió de que «siguen haciendo falta esfuerzos» para acabar con el déficit de tarifa del sistema eléctrico y de que, si bien «este año hay menos dificultades», a partir de 2013 habrá que hacer frente a potenciales desajustes de «4.000 ó 5.000 millones». «Hay que buscar una fórmula coherente con el modelo económico actual y el funcionamiento del mercado eléctrico para los próximos años», afirmó.

Las medidas aprobadas este viernes por el Gobierno permitirán, entre subidas de tarifas de luz y recortes de ingresos, reducir en 3.100 millones el desequilibrio del sistema eléctrico, que tiene además un tope legal de endeudamiento de 1.500 millones para 2012.

Tras estas medidas, el sistema podría cerrar el año sin desfases superiores a los permitidos, pero en Industria indicaron que varias de las decisiones adoptadas, entre ellas el recorte a fondos del IDAE, solo darán alivio a la tarifa durante este año, por lo que habrá que adoptar nuevas decisiones.

«Es muy precipitado saber si vamos a ir por ingresos (subidas de luz) o gastos (recortes). Si tenemos la suerte de no tener que subir la luz, estaríamos encantados, pero es muy difícil predecirlo», señaló Marti, antes de expresar la «voluntad» de su departamento de evitar que el problema del sistema eléctrico recaiga enteramente sobre el consumidor.

«Lo que tenemos que hacer es coger los próximos cuatro años y que no haya déficit y eso no es sencillo», subrayó Marti, que evitó a avanzar por dónde pueden ir las próximas medidas pero que sí señaló que no se descarta nada y que son iniciativas en las que habrá varios ministerios implicados. «Es una decisión conjunta del Gobierno, que vamos a tratar de hacer lo mejor posible», afirmó.

Este año, Industria podría encontrarse con un problema adicional en la tarifa eléctrica en caso de que, como es probable que ocurra, el Gobierno no traslade de tarifa a Presupuestos Generales del Estado (PGE) el 75% de los cerca de 1.900 millones de costes extrapeninsulares del sistema eléctrico. En ese caso, el déficit de tarifa se vería sometido a una presión adicional.

Junto a esto, podría haber nuevos problemas si prosperan los recursos presentados ante el Supremo por las eléctricas en contra de la decisión del anterior Gobierno de trasladar a estas empresas los costes de los planes de ahorro y eficiencia energética.

En cuanto a la subida de la luz del 7%, la medida entrará en vigor el 1 de abril, si bien Industria acaba de remitir la orden de revisión de peajes a la CNE para su trámite de audiencia, de forma que, una vez aprobado el informe del regulador el 12 de abril, la medida no saldrá previsiblemente en el BOE hasta el 15 de abril.

Industria también indicó que las subidas de tarifas del domingo están asociadas a incrementos de peajes, o de la parte regulada del recibo, del 20% en el caso del consumidor doméstico, del 8,5% en el de las empresas y del 8% en la alta tensión.

Por otro lado, Industria señaló que la planificación actual de infraestructuras «obliga a que Enagás y REE estén invirtiendo en cosas que no se necesitan», de forma que el Gobierno no aprobará nuevas inversiones hasta que haya «necesidad imperiosa».

Además, el Gobierno decidió dejar en «hibernación» el desarrollo de la planta de regasificación de El Musel, así como suspender los proyectos de nuevas regasificadoras, pero sólo en la Península, de modo que los proyectos de las plantas de Tenerife y Gran Canaria podrían seguir adelante.