Los regantes se agrupan en una central de compras para ahorrar hasta un 14% en electricidad

Esta medida permitirá, a las 30 comunidades de regantes adheridas hasta la fecha a la central de compras, adquirir a un precio más competitivo un volumen de 100 gigawatios hora al año, con el que podrán «suavizar el incremento exponencial que han registrado los costes energéticos» desde que en 2008 desaparecieron las tarifas especiales para el regadío, que abocaron al sector al mercado libre.

El sector agrario es el segundo consumidor de electricidad en España por detrás del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

El ahorro pontencial que el sector agrario puede obtener en términos absolutos asciende a más de 59 millones de euros anuales, teniendo en cuenta que su consumo anual se sitúa en torno a unos 5.400 millones de kilowatios/hora, con un coste medio actual de diez céntimos por unidad (kWh).

En este contexto, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, destacó que mediante esta central de compras los gastos derivados del término de energía «serán algo más llevaderos», ya que en los últimos cuatro años se han disparado más de un 80%.

Además, el coste fijo del término de potencia se incrementó alrededor de un 450% desde 2008. Los mecanismos de riego ahorran hasta un 20% de agua, pero requieren de mucha más electricidad para funcionar.

Fenacore trasladó al Ministerio de Industria la necesidad de pagar por la potencia real registrada y no por la máxima contratada para evitar el gasto de un servicio que no utilizan fuera de la época de riego (de abril a octubre).

Con ello, los regantes persiguen despenalizar el uso de las tarifas de temporada o bien, poder firmar más de un contrato por año: uno anual con una mínima potencia para el suministro básico del mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo consumo (meses de riego).

Finalmente, la asociación señaló que la aplicación de unos costes energéticos más competitivos garantizarían la colaboración del sector agrario en la modernización de las más de un millón de hectáreas pendientes de la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos, que, en la actualidad está «paralizada» por la necesidad de fondos públicos y de unos costes de financiación que hagan posible la viabilidad económica de la transformación de estas zonas regables todavía no modernizadas.