Cuando quedan apenas tres meses para acabar el año, el Gobierno «aún no ha fijado los porcentajes de las obligaciones de uso de biocarburantes en España para 2011 y años sucesivos, siendo la obligación existente en 2010 (5,83%) la última vigente», señaló APPA Biocarburantes.

Esta organización viene reclamando desde hace tiempo el fin de esta incertidumbre regulatoria mediante la concreción, en primer lugar, de la obligación de biocarburantes del 7% (en contenido energético) para 2011, prevista en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011 aprobado por el Gobierno hace dos años.

Desde su punto de vista, la obligación debería elevarse al 7,5% (en contenido energético) en 2012 como paso previo para que los biocarburantes pudieran llegar en 2013 a sustituir el 10%, en términos energéticos, de las gasolinas y gasóleos de automoción en España.

Estos ambiciosos objetivos medioambientales serían factibles si el Gobierno adoptase un conjunto de medidas que viene proponiendo APPA para aumentar el consumo de biocarburantes, como serían la obligación de las estaciones de servicio de contar con un surtidor de venta de biocarburantes puros o en mezclas elevadas con carburantes fósiles, y el establecimiento de incentivos en los impuestos de matriculación y tenencia de coches que utilicen estos carburantes renovables.

Según datos de APPA, no existen más de una veintena de surtidores de E85 (es decir, de bioetanol o «gasolina bio») en toda España; además, las ventajas medioambientales de este tipo de automóviles no tienen ningún tipo de reconocimiento fiscal en los impuestos que gravan la compra y tenencia de vehículos.

Por el contrario, resulta «paradójico» para APPA que existan paralelamente cerca de 500 gasolineras de toda España -el 6% del total- que comercializan biodiésel en mezclas elevadas desde hace varios años sin ningún problema, pese a que la mayoría de los fabricantes de automóviles ponen trabas a su utilización en sus motores sin justificación técnica suficiente.