Los eólicos piden al Gobierno una nueva regulación para el sector «cuanto antes, mejor»

La presentación del «Estudio macroeconómico del impacto del sector eólico en España 2009» fue el marco escogido por José Donoso para reclamar al Gobierno y al Ministerio de Industria, y más concretamente a la Secretaría de Estado de Energía, una normativa estable para que el panorama del sector vuelva a la situación anterior a la última ley aprobada y se mantenga el crecimiento «ordenado y estable» del la eólica con una media de 2.100 megavatios (MW) al año, como viene siendo habitual desde 2004.

Según Donoso, «la crisis financiera y la aprobación el pasado mes de mayo del Real Decreto Ley 6/29009 supusieron una reducción de la actividad en el sector durante el presente año». Por ello, pidió el «establecimiento de un nuevo marco regulatorio que introduzca criterios de estabilidad e incentivos a largo plazo, para sostener los niveles de crecimiento previos a 2008».

El presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) afirmó que «desde hace seis meses la producción de los aerogeneradores se ha paralizado prácticamente y los stocks se han ido acumulando en las fábricas», lo que ha afectado a la estabilidad que permitió el auge de la industria eólica. «Hay que recuperar estos seis meses de trabajo perdido», sentenció.

Según Donoso «tenemos que actuar rápido entre todos para conseguir un consenso y que el sector eólico siga siendo uno de los motores de la economía española». En este sentido, dijo que «España ya no da una imagen de garantía institucional a los ojos de Europa».

En referencia a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la puesta en marcha de 1.855 MW eólicos en 2010 y 1.700 MW en 2011 y en 2012, Donoso aseguró que «el problema no está resuelto», por lo que exigió la vuelta a la media de años pasados. «No pedimos más», concluyó.

En calidad de ponente en la presentación de este estudio acudió el director general de Política Energética y Minas, Antonio Hernández, que reiteró el apoyo del Ejecutivo a a las energías renovables, aunque reconoció que desde el año 2005 «se han hecho cosas bien y cosas mal».

Hernández sostuvo que «los objetivos en política energética del actual Gobierno pasan por la competitividad, la sostenibilidad y la seguridad de suministro». Reconoció la «alta dependencia energética de España y los valiosos recursos naturales de que disponemos» por lo que aseguró que las sucesivas regulaciones del sector pretenden «apoyar estas tecnologías ajustando las primas a las curvas de aprendizaje de cada una de ellas en el tiempo».

Asimismo, el director general de Política Energética y Minas defendió la conveniencia de la normativa aprobada en mayo para las renovables que «aporta seguridad jurídica y mayor eficiencia, al reducir las primas en función de la oferta del sector». En este punto, Hernández reconoció que «la eólica es la que ha tenido una evolución más positiva».

El representante ministerial admitió que «debido a probemas técnicos y económicos se ha recurrido a la laminación temporal» a la hora de decidir qué proyectos entrarían antes en el registro, para poder cobrar las ayudas del Gobierno que, en el caso de la eólica, son casi noventa. «El criterio de la autorización administrativa es transparente y objetivo», afirmó.

En cuanto a datos y cifras, el estudio elaborado por Deloitte afirma que esta industria generó 41.438 puestos de trabajo (directos e indirectos) en 2008 y que esta cifra podía reducirse a 32.637 en el año 2010 «si la crisis financiera que afecta a las empresas del sector continuase y no se resolviese la incertidumbre regulatoria» afirmó Alberto Ceña, director técnico de la AEE.

Según el estudio, la eólica recibió el pasado año 1.138 millones de euros en primas, a la vez que aportó al PIB casi 4.000 millones euros (2.311 de forma directa y 1.492 de forma indirecta).

Durante el año 2008 se instalaron 16.740 megavatios (MW), se generaron 31.300 gigavatios/hora (GWh), se cubrió el 11,5% de la demanda eléctrica en España y se evitó la emisión de 19 millones de toneladas de CO2.

Además, la eólica evitó la importación de combustibles fósiles por valor de 2.205 millones, abonó impuestos por 243 millones de euros, invirtió 189 millones de euros en I+D+i, exportó por 2.900 millones de euros (mil millones más que el sector del vino), y ahorró 403 millones de euros en compras de derechos de emisiones.