El presidente de Acogen, José Manuel Collados, advirtió de que, «de aprobarse en los actuales términos», la fiscalidad eléctrica provocará «un incremento considerable de los costes energéticos de las industrias manufactureras, haciendo que estas empresas mermen su competitividad» y parte del mercado exterior, lo que conducirá «al cierre y a la destrucción de miles de empleos».

Por este motivo, Collados aseguró que denunciará esta ley ante el Tribunal Constitucional si no se modifica su redacción actual, al incluir «aspectos anticonstitucionales» que justificarían la denuncia. No obstante, el presidente de Acogen confió en que durante el trámite en el Senado se incorporen al texto algunas de las propuestas del sector.

Por su parte, el director general de la asociación, Javier Rodríguez, señaló que, si no hay cambios en el proyecto legislativo, «España sufrirá las consecuencias en su industria, con una pérdida estimada del 3,3% del PIB industrial, que supondría una caída del 0,5% en el PIB nacional».

Para Rodríguez, «es básico situar a la industria en el centro de las políticas de recuperación de la economía», y para ello «hay una herramienta clave de competitividad que ahora se ha puesto especialmente en riesgo, que es la cogeneración».

La asociación consideró que es necesario crear un modelo energético «al servicio de la industria» en el que se valore la aportación de la cogeneración como herramienta de competitividad. De esta forma, las industrias manufactureras podrán aportar riqueza y empleo, lo que contribuirá a revertir la crisis.

Frente a este modelo, Acogen teme que la nueva fiscalidad eléctrica, que supone un «doble varapalo» para el sector al gravar la electricidad producida con un 6% y el gas natural que utiliza como materia prima (el conocido «céntimo verde»), provoque un cierre de plantas de cogeneración que, a su vez, arrastrará a las industrias asociadas y que acarreará una pérdida de 400 millones de euros según el propio proyecto.

El mayor impacto de la medida, advirtió, recaerá sobre 900 industriales que invirtieron 6.000 millones de euros en eficiencia energética mediante cogeneración, así como en los 23.000 consumidores industriales con fuertes costes energéticos en sus costes de producción.

Estas empresas son precisamente las más exportadoras y, por tanto, las más sensibles a una pérdida de competitividad. Un 50% de la producción industrial que utiliza cogeneración se exporta, y estas ventas equivalen a 11.000 millones de euros al año, indicó la asociación.

La cogeneración tiene una potencia instalada de 6.196 megavatios (MW) y demanda el 22% del gas natural consumido. Las industrias con actividades de cogeneración tienen un PIB de 23.000 millones de euros, una sexta parte de la riqueza industrial.

Para las industrias, el proyecto supondrá, si se aplica en sus términos actuales, entre 1.000 y 1.600 millones de euros adicionales a la factura energética de las industrias. Al consumir 9.600 millones de euros al año en energía, este recorte equivaldrá a un incremento del 16% en los costes energéticos, con un impacto mayor para aquellos que apostaron por la cogeneración para mejorar su eficiencia energética.

Acogen consideró que el proyecto «no es equilibrado ni igualitario», por lo que propuso una exención del impuesto especial al gas natural y combustibles utilizados en cogeneración y una bonificación del impuesto de generación eléctrica del 65%, con lo que la tasa resultante quedará en el 2%.