El grupo Popular en el Senado excluye expresamente este procedimiento en su propuesta de rebajar la tasa al uso industrial del gas natural de 0,65 a 0,15 céntimos por gigajulio, y al mismo tiempo propone compensar ese descenso con un incremento del impuesto a la generación eléctrica del 6% al 7%.

A efectos prácticos, estas enmiendas, que resultarán previsiblemente aprobadas por la Cámara Alta, suponen «expulsar del mapa industrial a la cogeneración», cuyas reivindicaciones cuentan con el apoyo de los demás grupos políticos (PSOE, CiU, PNV y Grupo Mixto), que presentaron enmiendas en su favor, aseguró Acogen.

La asociación lamentó que el PP pretenda «maquillar» el impacto de esta subida con un tipo reducido para el gas natural industrial de 0,15 euros por gigajulio, si bien en la «letra pequeña» deja fuera el gas destinado a cogeneración industrial, equivalente al 40% del gas industrial.

«Los efectos serán devastadores sobre la actividad papelera, cerámica, química, azulejera y alimentaria, introduciendo una distorsión de la competencia entre las empresas y sus competidores exteriores», afirmó.

El gas industrial, cuando sea utilizado para la cogeneración, tendrá un gravamen cuatro veces superior, con lo que el Gobierno pretende recaudar unos 650 millones de euros. Mientras, la electricidad para la industria subirá un 17% por la nueva imposición propuesta por el PP.

Para Acogen, estas medidas abocan al país a un «suicidio industrial» y cierran «una de las pocas oportunidades de mantener la economía y de impulsar el empleo».

«El hachazo a la competitividad del país y a sus exportaciones que supone el desahucio de la industria cogeneradora puede provocar una auténtica catástrofe en el empleo y las actividades económicas de imprevisibles consecuencias«, señaló.

Acogen consideró que la industria sigue siendo la gran perjudicada con los impuestos eléctricos y advierte de que el Gobierno pretende recaudar 442 millones de euros en impuestos. El Gobierno ya recortó la cogeneración a principios de año en otros 233 millones de euros para 2013 y otros 450 millones de euros para 2015, recordó.

Aspapel, la patronal papelera, calculó que el impacto económico de la reforma en su sector subiría de 130 a 135 millones de euros con las enmiendas del PP, lo que le abocaría a «cierres y despidos» por una «brutal» pérdida de competitividad, dado que exportan más de la mitad de la producción.

«El PP apuesta contra la eficiencia energética», indicó Aspapel, y recordó que casi todas las fábricas papeleras producen en plantas anexas de cogeneración la energía eléctrica y el vapor que necesitan para su propia actividad industrial.