La nueva propuesta tiene como objetivo resolver el «gran problema» de la dependencia energética, ya que actualmente más de la mitad de la energía que se consume en la Unión Europea es importada, así como incidir de manera «directa» en el cambio climático.

En este sentido, Márquez resaltó que de no tener en cuenta estas medidas adicionales no se logrará el objetivo de reducir en un 20% el consumo energético en 2020, pues apenas se alcanzaría una disminución del 10%.

Entre las nuevas propuestas destacó la obligación de que cada Estado miembro renueve cada año el 3% de sus bienes inmuebles de más de 250 metros cuadrados, lo que conllevaría la creación de dos millones de puestos de trabajo en toda Europa hasta 2020, pues los sectores más implicados son el de la construcción y la renovación de edificios.

Asimismo, la Comisión Europea instó a los países y a las empresas distribuidoras de energía a que mejoren la información que llega a los consumidores, ya que consideró que las facturas no son claras en cuanto al coste y las tarifas que se aplican.

En este sentido, afirmó que si las empresas ofrecen información en tiempo real a los consumidores y remiten información mensual sobre el consumo realizado, y no mediante el sistema de prorrateo o estimación, los clientes tendrían un mayor control sobre su consumo y se conseguirían mejoras energéticas por parte de los pequeños consumidores.

Así, se espera que en 2020 el 80% de los contadores de electricidad de los hogares sean «inteligentes» y permitan conocer el consumo de energía en cada momento.

En cuanto a las empresas, la Comisión obligará a las compañías a que, con carácter anual, ahorren el 1,5% de las ventas de energía realizadas durante el año anterior, de lo contrario se procederá a sancionar a la entidad que lo incumpla.

Para lograrlo, la Unión Europea espera que las compañías energéticas ofrezcan a los consumidores tarifas que impliquen una mejora de la eficiencia energética, por lo que la cifra de negocio no tiene por qué bajar, según Márquez, ya que tienen la opción de ganar cuota de mercado a través de las ventajas energéticas que ofrecen a los usuarios.

Además, los Estados deberán promover y ayudar a las pequeñas y medianas empresas de energía a que realicen auditorías energéticas, mientras que las grandes compañías tendrán la obligación de realizarlas cada tres años, con el fin de conocer su potencial ahorro energético y en base a los resultados «tomen cartas en el asunto», según detalló Márquez.

Por otro lado, otra de las medidas de gran relevancia es la obligación de recuperación del calor residual, esto es, que el calor que se genera en las plantas de energía no se pierda.

Márquez aseguró que la eficiencia energética es una de las prioridades de la Comisión Europea, tanto por la dimensión social como por la económica que implica, por lo que esperan que a finales de 2012 esta propuesta ya se ponga en marcha. Además, en 2014 se realizará una evaluación de los indicadores energéticos de cada país para comprobar que alcanzarán los objetivos marcados para 2020.

Critican, por blanda, la nueva normativa europea de ahorro energético

Por su parte, varias organizaciones criticaron la normativa europea propuesta por la Comisión Europea por considerar que es poco ambiciosa y no permitirá cumplir la meta de recortar el consumo energético en un 20 % en 2020.

WWF consideró la propuesta «decepcionante» porque no convierte en obligatorio el citado 20% de ahorro para 2020 -un objetivo que sigue teniendo carácter voluntario y que va camino de no cumplirse-.

«La Comisión Europea se engaña a sí misma si cree que esta directiva de eficiencia energética generará un ahorro de 20%. Sus propios análisis internos muestran que sólo se logrará con objetivos vinculantes«, aseguró el representante de Amigos de la Tierra Europa para cuestiones energéticas, Brook Riley.

El grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo se pronunció en la misma línea y lamentó que la Comisión Europea no haya propuesto que el 20% sea obligatorio.

La Unión Europea se fijó para 2020 un triple objetivo: reducir el 20% de las emisiones con respecto al nivel de 1990, que el 20% de la energía consumida proceda de fuentes renovables y que lograr un ahorro energético del 20%. Las dos primeras metas son obligatorias, pero la tercera es voluntaria.

En vista de que los Veintisiete parecen no tomar ese compromiso voluntario en serio, Bruselas ya amenazó con volver a analizar la situación en 2014 e imponer objetivos vinculantes por países.

La Comisión Europea también propuso varias medidas par ayudar a los consumidores a controlar su gasto energético como la introducción de medidores «inteligentes» en los hogares que permitan saber en todo momento el gasto real de energía.

La Organización Europea de Consumidores (BEUC) consideró la propuesta «positiva», pero recalcó que la instalación de los dispositivos de medición no puede ser obligatoria y que su coste deber ser compartido entre consumidores y industria.

La comisaria europea de Cambio Climático, Connie Hedegaard, que suele ser crítica con las medidas de su colega de energía, Günther Oeetinger, se mostró en cambio optimista y afirmó que si los Veintisiete respetan las propuestas podría cumplirse el objetivo de eficiencia energética para 2020 y recortar las emisiones un 5% adicional, lo que haría posible llegar a un recorte del CO2 del 25% en 2020.

La directiva que presentó Bruselas aún debe recibir el visto bueno del Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo para ser aprobada, pero a juzgar por la mala acogida que ya tuvieron entre los países algunas de las ideas formuladas, parece poco probable que salga adelante en su forma actual.