La posible desaparición del sector fotovoltaico tendría un coste de 5.000 millones de euros y de 40.000 empleos

Durante la presentación del informe «Impacto macroeconómico de la desaparición del mercado fotovoltaico en España«, la asociación dijo no considerar desventurada la hipótesis de la desaparición del sector, ya que, según dice, existe este «riesgo» debido al «abandono del apoyo gubernamental».

Para el cálculo de las cifras presentadas, la asociación parte de la hipótesis de que dejen de instalarse los 500 megavatios (MW) nuevos anuales previstos por la legislación y valora tanto los efectos negativos de esta circunstancia, en términos de contribución laboral y profesional, como los relacionados con la desaparición de las primas que en la actualidad recibe la fotovoltaica.

Frente a este escenario negativo, indicó Eduardo Collado, el país lograría un balance positivo de 13.500 millones en caso de que el sector produjese 1.500 MW anuales nuevos.

Asif asegura que el mercado fotovoltaico español acumula «dos años de parálisis» y que sólo en 2009 perdió el 90% del empleo temporal y el 30 por ciento del fijo, lo que, en total, equivale a cerca de 30.000 puestos de trabajo.

Durante el encuentro con los periodistas, el presidente de ASIF, Javier Anta, aseguró que en 20 días podría estar publicado el real decreto que prepara el Ministerio de Industria con los recortes de primas al sector.

Pese a la inminencia de la aprobación, Anta dijo que su asociación aún «no tiene claro» si finalmente Industria recortará las horas de producción con derecho a prima de las instalaciones que ya funcionan, lo que podría ser considerado por parte del sector una medida retroactiva impropia y, por ello, recurrido ante la Justicia.

APPA pide al Gobierno un giro en su política energética para impedir el final de la fotovoltaica

Por su parte, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha pedido al Gobierno un giro en su política energética que impida la desaparición del sector fotovoltaico.

«La paralización completa que vive el sector, la incertidumbre regulatoria y las falsas acusaciones que se han vertido contra la fotovoltaica están acabando con las escasas posibilidades de recuperación de un sector estratégico para España», afirma la asociación.

APPA señala que con el real decreto 1578/2008, cuyo «principal objetivo era la ralentización del sector», el Ministerio de Industria «busca ahora la desaparición del sector fotovoltaico nacional».

«El objetivo de Industria no es sólo paralizar la instalación de nuevos megavatios fotovoltaicos, algo que ya ha conseguido, sino que, con la amenaza de retroactividad, persigue acabar con cualquier atisbo de recuperación en el sector ahuyentando a los posibles inversores«, afirmó el presidente de la sección fotovoltaica de APPA, Javier García Breva.

APPA denuncia que el Ministerio de Industria ha iniciado, «de espaldas a las asociaciones sectoriales», la tramitación de la nueva normativa que regulará la fotovoltaica, en la que se «perpetuará el estado de incertidumbre en el que vive el sector».

Para García Breva, España está proyectando a los inversores extranjeros una imagen «de país tercermundista». La regulación del sector, que va a Real Decreto anual, es vergonzosa por lo cortoplacista y cambiante que es», añadió.

La posible desaparición del sector fotovoltaico tendría un coste de 5.000 millones de euros y de 40.000 empleos

Durante la presentación del informe «Impacto macroeconómico de la desaparición del mercado fotovoltaico en España«, la asociación dijo no considerar desventurada la hipótesis de la desaparición del sector, ya que, según dice, existe este «riesgo» debido al «abandono del apoyo gubernamental».

Para el cálculo de las cifras presentadas, la asociación parte de la hipótesis de que dejen de instalarse los 500 megavatios (MW) nuevos anuales previstos por la legislación y valora tanto los efectos negativos de esta circunstancia, en términos de contribución laboral y profesional, como los relacionados con la desaparición de las primas que en la actualidad recibe la fotovoltaica.

Frente a este escenario negativo, indicó Eduardo Collado, el país lograría un balance positivo de 13.500 millones en caso de que el sector produjese 1.500 MW anuales nuevos.

Asif asegura que el mercado fotovoltaico español acumula «dos años de parálisis» y que sólo en 2009 perdió el 90% del empleo temporal y el 30 por ciento del fijo, lo que, en total, equivale a cerca de 30.000 puestos de trabajo.

Durante el encuentro con los periodistas, el presidente de ASIF, Javier Anta, aseguró que en 20 días podría estar publicado el real decreto que prepara el Ministerio de Industria con los recortes de primas al sector.

Pese a la inminencia de la aprobación, Anta dijo que su asociación aún «no tiene claro» si finalmente Industria recortará las horas de producción con derecho a prima de las instalaciones que ya funcionan, lo que podría ser considerado por parte del sector una medida retroactiva impropia y, por ello, recurrido ante la Justicia.

APPA pide al Gobierno un giro en su política energética para impedir el final de la fotovoltaica

Por su parte, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha pedido al Gobierno un giro en su política energética que impida la desaparición del sector fotovoltaico.

«La paralización completa que vive el sector, la incertidumbre regulatoria y las falsas acusaciones que se han vertido contra la fotovoltaica están acabando con las escasas posibilidades de recuperación de un sector estratégico para España», afirma la asociación.

APPA señala que con el real decreto 1578/2008, cuyo «principal objetivo era la ralentización del sector», el Ministerio de Industria «busca ahora la desaparición del sector fotovoltaico nacional».

«El objetivo de Industria no es sólo paralizar la instalación de nuevos megavatios fotovoltaicos, algo que ya ha conseguido, sino que, con la amenaza de retroactividad, persigue acabar con cualquier atisbo de recuperación en el sector ahuyentando a los posibles inversores«, afirmó el presidente de la sección fotovoltaica de APPA, Javier García Breva.

APPA denuncia que el Ministerio de Industria ha iniciado, «de espaldas a las asociaciones sectoriales», la tramitación de la nueva normativa que regulará la fotovoltaica, en la que se «perpetuará el estado de incertidumbre en el que vive el sector».

Para García Breva, España está proyectando a los inversores extranjeros una imagen «de país tercermundista». La regulación del sector, que va a Real Decreto anual, es vergonzosa por lo cortoplacista y cambiante que es», añadió.

La posible desaparición del sector fotovoltaico tendría un coste de 5.000 millones de euros y de 40.000 empleos

Durante la presentación del informe «Impacto macroeconómico de la desaparición del mercado fotovoltaico en España«, la asociación dijo no considerar desventurada la hipótesis de la desaparición del sector, ya que, según dice, existe este «riesgo» debido al «abandono del apoyo gubernamental».

Para el cálculo de las cifras presentadas, la asociación parte de la hipótesis de que dejen de instalarse los 500 megavatios (MW) nuevos anuales previstos por la legislación y valora tanto los efectos negativos de esta circunstancia, en términos de contribución laboral y profesional, como los relacionados con la desaparición de las primas que en la actualidad recibe la fotovoltaica.

Frente a este escenario negativo, indicó Eduardo Collado, el país lograría un balance positivo de 13.500 millones en caso de que el sector produjese 1.500 MW anuales nuevos.

Asif asegura que el mercado fotovoltaico español acumula «dos años de parálisis» y que sólo en 2009 perdió el 90% del empleo temporal y el 30 por ciento del fijo, lo que, en total, equivale a cerca de 30.000 puestos de trabajo.

Durante el encuentro con los periodistas, el presidente de ASIF, Javier Anta, aseguró que en 20 días podría estar publicado el real decreto que prepara el Ministerio de Industria con los recortes de primas al sector.

Pese a la inminencia de la aprobación, Anta dijo que su asociación aún «no tiene claro» si finalmente Industria recortará las horas de producción con derecho a prima de las instalaciones que ya funcionan, lo que podría ser considerado por parte del sector una medida retroactiva impropia y, por ello, recurrido ante la Justicia.

APPA pide al Gobierno un giro en su política energética para impedir el final de la fotovoltaica

Por su parte, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha pedido al Gobierno un giro en su política energética que impida la desaparición del sector fotovoltaico.

«La paralización completa que vive el sector, la incertidumbre regulatoria y las falsas acusaciones que se han vertido contra la fotovoltaica están acabando con las escasas posibilidades de recuperación de un sector estratégico para España», afirma la asociación.

APPA señala que con el real decreto 1578/2008, cuyo «principal objetivo era la ralentización del sector», el Ministerio de Industria «busca ahora la desaparición del sector fotovoltaico nacional».

«El objetivo de Industria no es sólo paralizar la instalación de nuevos megavatios fotovoltaicos, algo que ya ha conseguido, sino que, con la amenaza de retroactividad, persigue acabar con cualquier atisbo de recuperación en el sector ahuyentando a los posibles inversores«, afirmó el presidente de la sección fotovoltaica de APPA, Javier García Breva.

APPA denuncia que el Ministerio de Industria ha iniciado, «de espaldas a las asociaciones sectoriales», la tramitación de la nueva normativa que regulará la fotovoltaica, en la que se «perpetuará el estado de incertidumbre en el que vive el sector».

Para García Breva, España está proyectando a los inversores extranjeros una imagen «de país tercermundista». La regulación del sector, que va a Real Decreto anual, es vergonzosa por lo cortoplacista y cambiante que es», añadió.

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