La patronal catalana culpa al Gobierno de que las pymes asuman el déficit de tarifa

«El Gobierno habla de incrementos del 2,7%, pero la realidad para las pymes es que estos incrementos oscilarán entre el 7% y el 13%», critica esta patronal.

«La liberalización del sector eléctrico del Gobierno está a punto de provocar que más de cinco millones de pymes vean cómo suben sus recibos eléctricos cuando el coste de producción de la energía eléctrica baja«, lamenta esta patronal con sede en Terrassa (Barcelona).

El asesor de la Cecot, Miquel Gironès, opina que esto pasa porque el recibo de la luz contiene muchos conceptos y no todos son igual de claros.

Por ejemplo, se está pagando el déficit tarifario generado durante muchos años como consecuencia de la intervención que hacía el Gobierno en la regulación de las tarifas que utilizaba como mecanismo para controlar y contener la inflación cuando ésta tenía tendencia a dispararse.

No obstante, el déficit tarifario no es el único factor de la subida y así, también se está pagando la opción de las energías renovables, sobre todo la fotovoltaica y la eólica, un tipo de energía que para hacerla competitiva se debe subvencionar mediante un sistema de primas.

La apuesta por las renovables contemplaba un escenario de producción de 400 MW -megavatios-, pero se han hecho 9 veces más y en total hay capacidad para producir 3.600 MW con un precio unitario de 440 € el MWh -megavatio/hora- generado.

Gironès opina que en este caso se ha apostado por soluciones ideológicas de valor electoral en lugar de abrir un debate social para contemplar todas las opciones energéticas y valorar sobre todo el impacto económico de los costes de generación eléctrica.

Como consecuencia de estas decisiones políticas, las renovables costarán al sistema eléctrico 5.888 millones de euros, un tercio de los 16.050 millones de los costes fijos de todo el sistema y que se repercutirán en los recibos eléctricos que pagarán las empresas, principalmente las pymes.

Por ello, Cecot demanda diversas medidas de apoyo a las pymes, entre ellas ampliar la tarifa de último recurso a 50kW para proteger a las pymes, traspasar el coste de las primas a las renovables a los Presupuestos del Estado, favorecer la competencia del sector para evitar posiciones de dominio de mercado para las operadoras y abrir el debate de la energía nuclear con rigor: valorando de forma objetiva tanto los costes de generación como los posibles riesgos.