La nueva Ley de Calidad Eléctrica de la Generalitat obliga a Endesa a comprar activos de REE

El nuevo anteproyecto de Ley de Garantía y Calidad del Suministro Eléctrico que la Generalitat aprobará mañana en su Consell Executiu obligará a Endesa a comprar activos de Red Eléctrica de España (REE), según han detallado fuentes del departamento de Economía.

La nueva norma prevé que se tengan que construir más subestaciones, más mallado de la red, mejoras en el diseño de la red y que las subestaciones tengan transformadores de reserva que supongan el 30% de la potencia de la instalación, lo que obligará a REE y Endesa a incrementar sus inversiones en una cifra que todavía no se puede concretar.

Entre estas novedades se encuentra que, de manera excepcional, las empresas distribuidoras podrán ser las propietarias de los cables soterrados de 220 kilovatios y sus subestaciones subsidiarias en municipios donde tengan más de 20.000 clientes, cuando lo determine la Generalitat.

Esta nueva disposición legal supondrá, cuando se tramite ley dentro de unos meses, revertir en parte el acuerdo de 2003 por el que REE compró activos de transporte de energía eléctrica.

En 2003 REE llegó a un acuerdo para comprar las líneas de transporte de las dos eléctricas por 1.345 millones de euros: 950 millones para Endesa y 395 para Unión Fenosa, pero parte de las de Unión Fenosa ya se han revertido, y ahora pasaría lo mismo con las de Endesa en Barcelona y otras ciudades catalanas.

Además, la nueva ley endurece las condiciones de reposición del servicio y, si hasta ahora las compañías estaban obligadas a volver a ofrecer servicio tras una incidencia en cinco horas, ahora, para zonas urbanas de más de 20.000 clientes tendrán que hacerlo en dos horas para el 90% de los afectados y en cuatro para la totalidad de las personas que sufran un apagón.

Esta exigencias se relajan para las zonas semiurbanas con horquillas de entre 2.000 y 20.000 clientes, donde las compañías deberán solventar las averías en cuatro horas para el 90% de los abonados y tendrán 6 horas para las zonas rurales y el mismo porcentaje de afectados.

En todo caso, los cambios más relevantes del nuevo texto legal ya son conocidos y suponen que todos los abonados tendrán que recibir servicio eléctrico por más de una subestación, además de elevar las sanciones actualizándolas al nuevo marco legal español, por lo que las multas podrán ser de hasta 30 millones de euros, en lugar de los 3 millones que podían aplicarse hasta ahora.

El anteproyecto incrementa el número de subestaciones y las conexiones entre ellas, ya que en este momento más de la mitad de los clientes de suministro eléctrico en Cataluña dependen de una única subestación y, por tanto, si ésta falla, se quedan sin servicio.

Otra novedad es que se prohibirá que las líneas eléctricas sobrevuelen edificios o instalaciones abiertas de subestaciones, en aquellos casos en que el cable aéreo sea de menor tensión que las instalaciones terrestres, para evitar caídas de cables como la que pasó en Collblanc (L’Hospitalet) el pasado 23 de julio y que provocó el apagón que en última instancia ha impulsado esta ley.

Las empresas tendrán dos años para adaptar sus instalaciones a la nueva ley, que además endurece las condiciones de inspección y aplica una tutela de las inversiones que obligará a Endesa -distribuidora con más de 5.000 clientes- a presentar anualmente su plan de inversiones a la Generalitat.

Fuentes del departamento de Economía han reconocido que la nueva legislación no ha sido bien recibida por las compañías, ya que les obliga a más controles y a hacer más inversiones, pero pese a ello confían en llegar a un acuerdo que permita mejorar el servicio a los usuarios.