La nueva fiscalidad a la energía nuclear aprobada por los populares acaba con el cierre de Garoña

Primera víctima de la ley de medidas fiscales en materia medioambiental y sostenbilidad energética y de los nuevos impuestos fijados a las nucleares por el gobierno popular. El anunciado cierre de la central de Garoña por motivos económicos se producirá en este mismo fin de semana. La reforma, recién aprobada en el Senado, ha continuado con el esquema impositivo decidido por el ministro José Manuel Soria, que ha continuado en su posición sin atender las consecuencias económicas combinadas de la fiscalidad a la generación eléctrica, los nuevos tributos adicionales a los residuos nucleares, combinadas con las nuevas exigencias de inversión a la central para la continuidad en su operación. Las pérdidas previstas en la instalación han determinado su decisión de cierre, por la empresa titular, Nuclenor, propiedad de Iberdrola y Endesa.

Se da la circunstancia que la decisión de cierre fue en su momento adoptada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por motivos políticos contrarios a la energía nuclear, aduciendo la existencia de capacidad de generación excedentaria, favoreciendo a otras fuentes de generación con primas. Sin embargo, en esta medida nunca incorporaba el previsible efecto de incremento de precios en el mercado eléctrico. Finalmente, y aunque el gobierno popular se comprometió electoralmente a revocar la medida, el cierre de Garoña se producirá bajo su mandato.

Así, según informan el Diario de Burgos y Europa Press, el Consejo de Administración de Nuclenor ha decidido anticipar el cese definitivo de la explotación con anterioridad al 31 de diciembre próximo, por lo que se va a proceder a desconectar la central nuclear de Garoña de la red eléctrica a las 23.00 horas del próximo domingo, 16 de diciembre, para trasladar el combustible del núcleo a la piscina de almacenamiento con la que cuenta la instalación.

Nuclenor, a través de un comunicado de prensa, ha hecho pública esta decisión, que se ha adoptado tras analizar el impacto que tendría en la empresa continuar su actividad con la entrada en vigor del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, aprobado ya por el Senado, en particular en lo que se refiere a los nuevos impuestos sobre la producción eléctrica y el combustible nuclear gastado que se aplicarían a la central de Garoña.

En este sentido, el Consejo ha analizado diversos informes económicos y jurídicos que había solicitado a expertos independientes y al auditor de cuentas de la sociedad, concluyendo que, en caso de aprobarse el citado proyecto de ley con su redacción actual, Garoña debería hacer frente a impuestos adicionales en 2013 valorados en 153 millones de euros, lo que incrementaría las actuales pérdidas económicas hasta el punto de llevar a Nuclenor a entrar en causa de disolución y en situación concursal.

Ante esta situación, el Consejo de Administración ha tomado las decisiones oportunas sobre el funcionamiento de la central nuclear de Garoña para evitar la aplicación de dichos impuestos, de cara a garantizar que la Sociedad pueda seguir respondiendo de sus obligaciones ante sus trabajadores y proveedores. Estas decisiones han sido, igualmente, ratificadas por la Junta General de la Sociedad.

El cese definitivo de la explotación, antes del 31 de diciembre, podría revertirse si no se acabase promulgando la Ley o si, una vez promulgada, las condiciones impuestas variasen sustancialmente respecto del Proyecto de Ley actualmente en trámite, y que será debatido en el Congreso de los Diputados la próxima semana.

El Consejo de Administración ha reconocido expresamente a la plantilla de Nuclenor su «profesionalidad» en el desempeño diario de sus labores y ha reiterado «su compromiso» con la central de Garoña.

Por su parte, la Junta de Castilla y León ya había mostrado su preocupación por el cierre de la planta y los efectos económicos perjudiciales para la economía de la región y de la provincia de Burgos.