Hoy Garoña ya ha iniciado su proceso de cierre, provocando una tormenta sin precedentes en lo político, en lo energético y en lo económico. El devastador efecto sobre las tecnologías de generación en Régimen General de la nueva fiscalidad impulsada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y aprobada por el Senado, ahora ya en camino al Congreso, era una cuestión suficientemente anunciada, explicada, divulgada y descrita minuciosamente en términos económicos y empresariales con antelación (aunque dichos criterios se desdeñasen por la vía de la política politizada).

Se trata, en todo caso, de una crisis sin precedentes para el equipo energético del Gobierno, con Soria y Marti Scharfhausen a la cabeza cuyas explicaciones pueden ser: que les diese igual el cierre de Garoña (indiferencia o inconsciencia), que no se lo creyesen por abordarlo en términos de reto político o que, directamente, y de forma deliberada lo promoviesen para dar acceso al franqueo de producción a otras tecnologías de generación, en un contexto de caída de la demanda.

Así, la noticia del cierre de la Central de Garoña y los efectos semejantes sobre otras centrales nucleares como la de Almaraz y también para la generación de electricidad mediante carbón nacional e importado (más de 17.000 MWh en riesgo), de las que ya informó en su momento Energía Diario, deben ser motivo de reflexión para el Ejecutivo, puesto que las consecuencias de sus actos empiezan a ser muy serias y costosas para la sociedad española, para los consumidores, paras las empresas y para la competitividad del país.

En su momento, el ex Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, decidió cerrar la central de Santa María de Garoña por motivos ideológicos, conocido su posicionamiento antinuclear explícito construido sobre argumentos ideológicos políticamente demagógicos. Se justificaba en un análisis básico cuyo único punto de partida era la «seguridad de suministro». «Si sobra potencia», es decir, «que nos lo podemos permitir» afirmó una mañana soleada en Galapagar junto a los cachorros de las Juventudes Socialistas. Y, vino a decir, en el subtexto, «para eso estamos autorizando mucha nueva, aunque sea sobrepagada». De nada sirvieron análisis económicos en el sentido de lo que suponía achatarrar una central nuclear modelo en Europa: despilfarrar potencia disponible eficiente, que además induce a la rebaja de precios en el mercado de generación por el efecto del aumento de oferta y su consecuencia en los precios marginales.

En su momento, el Partido Popular se opuso a esta medida, afirmando que era «ideológica» y que si la central superaba la inspección del Consejo de Seguridad Nuclear, no había motivo, ni razón para que la misma dejase de operar. Y, en las elecciones generales pasadas, convirtió la recuperación de la Santa María de Garoña en uno de los elementos de su programa electoral, como apuesta por tecnologías no emisoras y de generación barata y también contra la forma de actuar del expresidente Zapatero, en términos de frivolidad, ideología y falta de gravedad y de relevancia en la toma de decisiones.

Ahora el equipo energético del Gobierno, con José Manuel Soria y Marti Scharfhausen a la cabeza, ha incurrido también en un proceso ideológico, frívolo y de carencia de percepción de la gravedad de las consecuencias de sus actuaciones, adhiriéndose a los modos de Rodríguez Zapatero. Mezcla de voracidad fiscal, mezcla de reto político, mezcla del tradicional resabio de una derecha conservadora española, no empresarial, ni liberal. Y, todo ello, basado en dos cuestiones también ideológicas: considerar en forma de prejuicio que estas tecnologías «se forran», aplicando los supuestos ideológicos de los retroprogresivos y de la Oficina Económica del Presidente, sin estudiar, ni atender a las cuentas y ni a sus magnitudes, considerando que esta cuestión era política y no económica, gestora, financiera y empresarial. Pero, en realidad, la energía nuclear, térmica, hidráulica o los ciclos combinados son generación liberalizada, tal y como establecen la ley española y las Directivas Europeas y, por tanto, el ejercicio de libre empresa, del mercado y el ciclo inversión financiación funciona y sus operadores toman decisiones empresariales y económicas. Y estas son sus consecuencias.

El hecho de que desde el Gobierno y la política, no se atienda a la gestión técnica de lo público, en su dimensión económica y a las razones empresariales es una forma de ideología, de superstición y de superchería, muy grave y reprobable que en esta situación de crisis económica no nos podemos permitir bajo ningún concepto. Así, la fijación de unos impuestos aberrantes, discriminatorios y distorsionadores a las tecnologías del mercado y a la generación liberalizada, entraña para el sector energético y para el suministro eléctrico consecuencias que van más allá del reparto discrecional de la fiscalidad en que se había enfrascado el gobierno de forma miope. En realidad, este proyecto de Ley, va a conducir a que se desmantele un volumen muy importante de potencia instalada de la generación liberalizada, a problemas de seguridad de suministro y de encarecimiento de la energía en el mercado de generación. Seguramente, a los que han alimentado este proceso de forma irresponsable se les tiene que pedir cuentas.

En todo caso, frente a la felicidad e indolencia en la que viven Soria y Marti Scharfhausen, ante las consecuencias de este todavía proyecto de ley, hay que señalar, que es un gravísimo problema para el Estado, para la sociedad, para las empresas y para la competitividad. La retirada de oferta y de potencia instalada en el mercado de generación es una catástrofe de proporciones incalculables.

Además, esta ley manda mensajes gravísimos a nuestros socios europeos: lo que se puede aplazar en inversión en nueva potencia instalada, empleando inversión y recursos innecesarios, se mantiene. La generación cara y primada, no solamente no se negocia su «moratoria» y la asunción de costes de los proyectos y su reconversión, sino que se le abre espacio para que venda muy caro a sus anchas. Y, por el contrario, la generación eficiente, liberalizada y de mercado se le aboca irremediable a las pérdidas, al cierre y al achatarramiento. Es preciso, por tanto, ser responsables con las consecuencias de esta Ley y advertir a la ciudadanía, a los consumidores y a las empresas de su repercusión.

(Postdata: a nuestro juicio, esta ley y sus consecuencias, es un motivo de cese o de dimisión del Ministro del Industria. Seguramente que el manto protector que Wert y Gallardón como constructores del «entertainment» del Gobierno no debería ser suficiente para proteger a Soria de sus desmanes.)