La lucha por Endesa encara la recta final

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó la opa de Enel y Acciona sobre el cien por cien de Endesa, decisión que permite vislumbrar el final de una larga batalla por el control de la eléctrica que arrancó hace casi 23 meses con la oferta de Gas Natural.

La eléctrica que preside Manuel Pizarro se pronunciará a finales de la próxima semana sobre la operación y convocará la Junta Extraordinaria en la que los accionistas decidirán si aceptan los cambios estatutarios a los que está condicionada la oferta.

El Consejo del supervisor bursátil aprobó la opa por mayoría al entender que sus términos se ajustan a las normas vigentes y después de que el Enel y Acciona incorporaran, el 17 de julio pasado, toda la información necesaria en el folleto explicativo.

Ahora la eléctrica italiana y la constructora controlada por la familia Entrecanales tienen cinco días hábiles para publicar en la prensa el anuncio de la oferta, momento que marcará el inicio del plazo de aceptación, que se prolongará durante dos meses.

Antes de que termine el periodo para que los accionistas de Endesa den sus órdenes de venta, el Consejo de Administración debe emitir su recomendación y convocar la Junta Extraordinaria.

Según dijo el consejero delegado, Rafael Miranda, en una conferencia ante analistas el máximo órgano de la eléctrica se reunirá previsiblemente a finales de la próxima semana para pronunciarse sobre la opa, aunque dispone de diez días para hacerlo. En la misma reunión el máximo órgano de Endesa convocará la Junta Extraordinaria para eliminar los artículos de los Estatutos que limitan al diez por ciento los derechos de voto de los accionistas, condición indispensable para que Enel y Acciona continúen adelante con la operación.

Aunque no anticipó la postura de Endesa, Miranda recalcó que el Consejo estudiará la oferta con «seriedad, racionalidad y sentido común».

Enel y Acciona ofrecen 40,16 euros por cada acción de Endesa (una vez descontado el dividendo pagado el pasado 2 de julio), lo que supone valorar la compañía en 42.519 millones. No obstante, ambas compañías controlan ya el 46,01 por ciento de la eléctrica, por lo que la opa se dirige de forma efectiva al 53,99 por ciento del capital, lo que exigiría un desembolso de 22.956 millones.

En garantía de pago, los oferentes han presentado avales bancarios por un importe de 23.004 millones de euros, 21.266 millones Enel y el resto Acciona.

En el folleto se comprometen a preservar la marca Endesa y a mantener su domicilio social y su centro efectivo de dirección y decisión en España, requisito exigido por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la hora de autorizar la operación. Además, subrayan que Endesa no será absorbida ni se fusionará con ninguno de los oferentes, por lo que no se contempla su desaparición ni la de ninguna de las sociedades de su grupo.

Enel y Acciona no prevén la escisión o venta de activos de la eléctrica española, con excepción de los incluidos en el acuerdo suscrito el 2 de abril con E.ON (instalaciones de Endesa en Francia, Italia, Polonia y Turquía y tres centrales españolas). También afirman que facilitarán la entrada de nuevos accionistas «cuando ello redunde en el interés social» de la compañía.

En cuanto a las inversiones, Enel y Acciona pretenden asegurar la ejecución del actual plan estratégico y del plan de inversiones de Endesa para el periodo 2007-2009.

Por último, afirman que no tienen planes para reducir la plantilla de Endesa y se comprometen a respetar los derechos de los trabajadores y los directivos de la compañía. «No existe ningún acuerdo ni compromiso» con los actuales directivos sobre su continuidad, aunque se reconoce como un «elemento importante» el mantenimiento «sustancial» de su equipo directivo, indican.

A pesar de que estas declaraciones van en línea con lo dictado por la CNE, Enel y Acciona señalan en el folleto que estudian la posibilidad de presentar un recurso de alzada ante el Ministerio de Industria contra las condiciones impuestas por el regulador energético, al considerar que «pueden existir razones» jurídicas que lo justifican.