La interrumpibiliad y su cosecha

En primer lugar, como hemos venido narrando y contextualizando en Energía Diario, la cuestión de la interrumpibilidad y sus antecedentes siempre ha estado acompañada de un cierto halo impreciso y confuso, que entremezcla la justificación teórica de este servicio con la utilización práctica del mismo, la integración a escote de su coste en el suministro y su vinculación a una supuesta política industrial básica centrada en el coste de la electricidad (que no de la energía en sentido amplio) para ciertas instalaciones productivas, incluyendo de forma oblicua merodear alrededor de la posibilidad de que, incluso, se tratase de una ayuda de Estado.

El Gobierno, en el marco de la mal llamada reforma eléctrica, persiguió acomodar el coste de este servicio a la nueva cuadratura contable del coste del suministro a efectos de evacuar el déficit tarifario. Eso sí, el método elegido, siendo “competitivo” al tratarse de una puja, mantiene su formato de “derecho”, en la medida que se desliga de su aplicación efectiva o de su valuación de su montante económico por aplicación final por invocación temporal efectiva del operador de sistema.

En todo caso, en el caso de la interrumpibilidad, también han emergido consecuencias de la reforma eléctrica fruto de tres cuestiones: la ausencia de diálogo con los sectores directa y colateralmente concernidos, su visión puramente contable de la misma, imprevisión de los efectos colaterales consecuencia de la conformación del coste del suministro eléctrico como caja de compensación de políticas públicas, problema que el Ejecutivo ha esquivado nuevamente, a base de repartir los recortes aplicando el método Aranzadi.

La piedra de toque de este proceso ha venido marcada por el hecho de que la subasta de interrumpibilidad “sorprendiera” a propios y extraños, incluyendo al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con tres efectos. El primero, los precios bajos resultantes de la misma, abaratando su coste, un beneficio “conjunto” teórico para el suministro eléctrico; el segundo, la sobredemanda del servicio, con la entrada de nuevos demandantes de interrumpibilidad, atraídos por sus beneficios para reducir el coste de la energía en sus inputs productivos; y, el tercero, con la salida de beneficiarios históricos de la misma (teórico ‘target’ beneficiario de la misma), como Alcoa (aluminio) y la siderurgia con las empresas agrupadas en Unesid, para los cuales, el efecto de no disfrutar de la misma supone un revés, con la consiguiente invocación a la deslocalización industrial.

La expresión “deslocalización industrial”, en estos momentos de “recuperación animista” de la economía española, enciende todas las alarmas, pudiendo ser un elemento “aguafiestas” que combinado con la precampaña electoral permanente en la que vivimos instalados puede ser extraordinariamente comprometida para el Ejecutivo y, particularmente, en el ámbito autonómico. En los tiempos de las redes sociales y de la sociedad líquida, tal aceleración es endiablada y una cosecha de este tipo podría ser muy peligrosa.

En todo caso, desde una posición pura energética referida al modelo de suministro eléctrico, los elementos básicos esenciales a observar respecto al servicio de interrumpiblidad, son su adecuación de esta figura, a su necesidad, factibilidad y al dimensionamiento de su coste en función de su uso efectivo. En segundo lugar, la cuestión de si existen transferencias de costes regulados entre consumidores, con aquiescencia o no de las asociaciones que agrupan a sus diferentes tipologías (misteriosamente es una cuestión silenciada). Y, además, el formato de la subasta, el montante de este derecho, el equilibrio o desequilibrio económico en el sistema que pudiera producir en el coste del suministro, también concierne a otros titulares de costes regulados, ya que todos se involucran en los derechos de cobro del sistema (hasta ahora muchos agentes podían mirar para otro lado y el ajuste de las condiciones financieras es mucho más exigente).

Y, de fondo, subyace la cuestión de la concentración de una supuesta política industrial basada meramente en demandas puntuales referidas al coste de la electricidad a determinados consumidores, al margen de que las decisiones en política energética tengan su carácter adanista y espurio. La resultante es un planteamiento muy burdo sobre la competitividad industrial que no se ha sabido resolver de forma integral dado el apresuramiento y la escalofriante esquematicidad mediática con la que se abordan estas cuestiones regulatorias.

Ejemplo de ello es que ahora la maquinaria empieza a funcionar. Lo que era conocido en los círculos sectoriales, se empieza a filtrar y a conocer con escándalo a través de los medios de comunicación: que este servicio se cobra y, a la vez, no se utiliza por sus beneficiarios. De echarse a temblar. Continuará.