La Generalitat obligará por ley a las compañías a mallar la red eléctrica de Catalunya

El anteproyecto de la nueva Ley de Garantía y Calidad del Suministro Eléctrico que ultima la Generalitat obligará a las compañías que operan en Cataluña, REE y Endesa, a invertir en el mallado y la racionalización de la red, según la conselleria de Economía.

El nuevo texto, que se aprobará en septiembre y se remitirá al Parlament, recogerá el principio por el cual ningún cliente ha de estar conectado únicamente a una subestación, lo que supondrá intensificar el mallado de la red, con más subestaciones y una mayor densidad de líneas eléctricas. Esto también implicará, además de un mayor mallado, una racionalización del mismo por los cambios topográficos en la red existente y una mejora de la coordinación entre los operadores, según han señalado las mismas fuentes.

En su comparecencia ante el Parlament hace dos semanas tanto el presidente de Red Eléctrica de España (REE), Luis Atienza, como el de Endesa, Manuel Pizarro, coincidieron en señalar que con una red eléctrica más mallada en Barcelona se hubiera limitado la avería del apagón que dejó sin servicio durante días a más de 320.000 abonados el pasado mes de julio y el problema se hubiera solventado antes.

En la misma línea de actuación, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, convocará el próximo septiembre a Red Eléctrica de España (REE) y a Endesa a un grupo de trabajo para reforzar la red de alta tensión y de distribución de la ciudad, acercando subestaciones y mallando la red urbana de manera que futuros apagones se puedan resolver en horas y no en días. La nueva Ley de Garantía y Calidad del Suministro Eléctrico versará sobre el control, la inspección y el control de calidad, intensificando la tutela de la Generalitat y ampliando su marco de actuación.

La base legal de esta nueva normativa se basa tanto en una nueva estatal Ley 17/2007 del Sector Eléctrico, que modifica a su vez la ley del 1997, como en las competencias que otorga el nuevo Estatut, que en su artículo 133 a) establece que las competencias de energía son compartidas y que la Generalitat tiene competencias sobre todas las redes eléctricas de Cataluña.

En el caso del Estatut, este cambio supone que antes, si una línea eléctrica venía de otra CCAA, quedaba fuera del ámbito inspector de la Generalitat, mientras que ahora la tutela autonómica de Cataluña se ejerce en el tramo que cruce su territorio. En el espacio regulador de la nueva Ley 17/2007 del Sector Eléctrico, impulsada por el ministro de Industria, Joan Clos, se establece que las CCAA podrán tener competencias en autorización, inspección y sanción en las líneas de distribución, que son las de 220 kilovatios (kv), pero también en lo que la norma denomina «transporte secundario».

Con este cambio, el anteproyecto que prepara la Generalitat puede desplegar las competencias que establece la ley estatal, según la cual toda la red eléctrica de Cataluña, menos la de 400 kv, la de más alta tensión, estará bajo la tutela de la administración catalana para su inspección y control.

Esta nueva ley española divide el transporte de energía en dos tipos de redes: las de tipo primario, de 400 kv -que no estarían incluidas en lo que puede supervisar la Generalitat-; y las de tipo secundario, 200 y 380 kv, un nuevo ámbito para el espacio competencial de las CCAA.

La norma autonómica vigente que reformará la nueva ley catalana corresponde al 2002, cuando la Generalitat, entonces gobernada por CiU, tuvo que suavizar vía decreto algunas disposiciones para asegurar la calidad del servicio que había establecido en una primera normativa de diciembre de 2001, tras los numerosos cortes y apagones por el temporal de nieve que afectó Cataluña, a causa de las presiones de las eléctricas y del ministerio de Economía, del que dependía la política energética en aquella época.

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