La factura del gas y la aplicación de la TUR, principales quejas ante el Defensor del Pueblo en 2010

Así consta en la memoria del Defensor del Pueblo correspondiente al pasado año que entregó la titular en funciones de la institución, María Luisa Cava de Llano, a los presidentes del Congreso y del Senado, José Bono y Javier Rojo, respectivamente.

En el sector del gas, las principales reclamaciones fueron errores en la facturación, en la lectura del contador, en la instalación y retirada de los mismos, y también en los procesos para darse de alta y de baja de los servicios contratados.

Además, el organismo trasladó una reclamación a la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid sobre una explosión de gas que destruyó una vivienda y causó numerosos daños y heridos, y de la que no se hicieron responsables ni Gas Natural ni Iberdrola, a las que recurrieron los afectados tras los hechos.

Por lo que respecta al sector eléctrico, el Defensor del Pueblo abrió distintos expedientes sobre empresas de distribución con motivo de la aplicación de la TUR, la única tarifa que regula el Gobierno y a la que están acogidos 22 millones de hogares y pequeños comercios.

Las quejas de los ciudadanos también se centraron en los colectivos que pueden acogerse al denominado bono social, que pueden contratar las familias numerosas, aquéllas con todos sus miembros en paro, los mayores de 60 años que perciben una pensión mínima y aquellos consumidores con potencias contratadas de hasta 3 kilovatios (Kw) -8 millones de personas-.

Muchos hogares se sienten discriminados por no poder beneficiarse de esta tarifa, que no ha subido en 2009 ni en 2010 y tampoco lo hará en 2011, 2012 y 2013, a pesar de percibir pensiones inferiores a los grupos incluidos.

Asimismo, el Defensor del Pueblo está a la espera de recibir un informe sobre la investigación que se inició ante la Dirección General de Política Energética del Ministerio de Industria con el fin de determinar la responsabilidad de Red Eléctrica en el corte de suministro eléctrico que se produjo en Gerona el pasado año a raíz de un temporal de nieve.

La institución subrayó también que, con cierta frecuencia, las distribuidoras cortan el suministro eléctrico a sus abonados sin previo aviso por impago de facturas, una incidencia que, en ocasiones, no explican con exactitud y que tardan excesivo tiempo en subsanar.

Pero además, fueron numerosas las quejas de los propietarios de las plantas fotovoltaicas, que consideran que los últimos recortes de primas aprobados por el Gobierno hacen inviable el pago de las deudas que habían adquirido para su instalación y dañan «irreversiblemente» sus intereses.

Por estas razones, el Defensor del Pueblo reconoció que los afectados han presentado numerosas peticiones de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley que recoge estos recortes.