La CNE insiste en la necesidad de introducir mejoras en los derechos del consumidor de gas natural

La CNE explicó que, durante la reunión del consejo de administración, examinó un escrito del Defensor del Pueblo acerca de varias reclamaciones de la Comunidad de Madrid sobre nuevos suministros de gas natural a tarifa de último recurso.

En el análisis de un escrito del Defensor del Pueblo sobre varias reclamaciones registradas en Madrid en solicitudes de nuevos suministros de gas natural, la CNE insistió en la necesidad de mejorar estos aspectos en el mercado de gas y remitió a varios informes que realizó sobre este tema.

El Defensor del Pueblo aludió a las observaciones en las que el Gobierno de Madrid considera necesario introducir mejoras en la regulación en los aspectos relativos a los derechos de los consumidores, así como «la necesidad de clarificar las obligaciones de las empresas distribuidoras y comercializadoras de gas en su relación con los clientes, en particular en los procesos de alta del suministro, de baja del suministro y/o cambio de suministrador».

Por este motivo, el regulador insistió en la necesidad de mejorar estos aspectos en el mercado de gas y recordó que ya realizó dos informes en los que se alude a las quejas de los consumidores de gas.

Por un lado, la CNE dijo que en agosto pasado decidió investigar, en un proceso que aún está en tramitación, problemas en las altas de nuevos puntos suministro de gas natural y energía eléctrica en la Comunidad de Madrid.

Por otro, el organismo señaló que en su informe sobre la propuesta de Real Decreto por el que se regulan las actividades de transporte, distribución y comercialización de gas natural también introdujo una serie de recomendaciones y propuestas. En concreto, pidió que se introduzcan nuevas obligaciones para los comercializadores sobre la información a los consumidores y los plazos para tramitar solicitudes de alta en el suministro de gas natural.

Además, en otro informe, de octubre del año pasado, se refirió al proyecto de modificación del real decreto 1434/2002, cuyo objetivo es adaptar la regulación española al nuevo marco regulatorio establecido por la Unión Europea.

Moratoria de tres años para implantar las obligaciones sobre recarga de coches eléctricos

Asimismo, la CNE trató el proyecto de real decreto sobre los requisitos técnicos necesarios para la recarga de los vehículos eléctricos para poder implantar las obligaciones que se requieren para su recarga.

De este modo, y tras su análisis, propusieron ampliar el plazo de un año a tres para que las instalaciones que se encuentran en fase de ejecución puedan mantenerse sin adoptar las prescripciones dispuestas en la instrucción que desarrolla este campo «dada la situación socio-económica actual».

Además, la CNE propuso «mejorar la redacción» del real decreto así como la «inclusión» de una «nueva disposición» sobre la instalación de infraestructuras futuras de recargas, salvo para las viviendas unifamiliares, que la recarga pueda ser medida de forma «individual e independiente» del resto de consumos, que esta gestión se realice de forma inteligente a través de dispositivos que en su momento se normalicen, y que el acceso a las infraestructuras y a sus precios no sean discriminatorios entre los potenciales usuarios.