La CNE comienza a estudiar la propuesta del Ministerio de Industria de congelar las tarifas de la luz

La Comisión Nacional de Energía empezará a estudiar en su reunión de hoy la propuesta de Orden Ministerial sobre tarifas eléctricas para el último trimestre del año, que el Ministerio de Industria remitió al regulador el pasado martes 4 de septiembre.

Esta propuesta pasa por congelar las tarifas eléctricas, en esta ocasión las domésticas y las industriales, en la revisión que se va a celebrar en octubre, a pesar de que en la misma propuesta se reconoce la necesidad de una subida de tarifas aunque finalmente se apuesta por su congelación «como un ejercicio de responsabilidad política». En la revisión de julio, las tarifas domésticas finalmente no se tocaron, después de que todos los indicios apuntaran a un incremento del 1,81% en las tarifas domésticas y de un 1,9% para los grandes consumidores.

El Consejo Consultivo de Electricidad, cuyas decisiones no tienen carácter vinculante, será el encargado de analizar la propuesta, acto que constituye el primer paso dentro del proceso de análisis de las tarifas por parte del organismo regulador. El Consejo Consultivo de Electricidad está integrado por representantes de la Administración, de las CCAA, del sector eléctrico y de organizaciones ecologistas y de consumidores.

La patronal UNESA (Asociación de la Industria Eléctrica) defiende el traslado de las tarifas eléctricas a niveles que reflejen el coste real de producción de electricidad, y ha señalado que la congelación de las tarifas retrasará la recuperación del déficit tarifario. Las organizaciones de consumidores no opinan de la misma forma y apuntan que las tarifas han subido suficientemente este año.

Pero en esta Orden Ministerial hay otro punto de discordia. Se trata de la sustitución de la «garantía de potencia» por el denominado «servicio de capacidad», que en la práctica significa que las eléctricas ingresarán 900 millones de euros menos, al reducirse la cantidad inicial de 1.200 millones a 300 millones.

La garantía de potencia es un incentivo que reciben las centrales por funcionar un mínimo de horas anuales y se prevé que, en caso de que finalmente se elimine, las primeras en dejar de recibirla serían las centrales de carbón y las nucleares.

Unesa también ha mostrado su preocupación respecto a la posible adopción de esta medida y ha alertado de que podría provocar problemas de suministro, al impedir que algunas centrales estén disponibles en momentos críticos.