La CNE analizará el aumento de peso de Suez en Gas Natural, sin que se prevean condiciones relevantes

El Consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se reúne hoy para analizar el expediente sobre el permiso solicitado por el grupo franco-belga Suez para elevar su participación en Gas Natural hasta el 11,4 por ciento, según han informado a Efe fuentes del organismo.

La reunión se produce una vez que las partes implicadas en el expediente, Suez, Gas Natural y Repsol YPF, han presentado toda la documentación necesaria, pero es posible que el organismo todavía no adopte una decisión.

El máximo órgano del regulador energético también se reúne el próximo jueves, explicaron las mismas fuentes.

El pasado 27 de septiembre, la CNE abrió un periodo de audiencia de diez días para que Gas Natural, Repsol YPF y Suez presentaran sus alegaciones, último trámite antes de adoptar una resolución.

El grupo franco-belga pidió permiso al organismo para elevar su participación en Gas Natural desde el 9,95 al 11,4 por ciento el pasado mes de junio, unas semanas después de comunicar que cuenta una opción de compra que le permitiría superar el umbral del 10 por ciento en la gasista española.

Cualquier compañía que sobrepase el 10 por ciento de una empresa que desarrolla actividades reguladas (transporte y distribución de gas y electricidad) necesita permiso de la CNE, según la legislación vigente.
En septiembre el presidente de la compañía, Gérard Mestrallet, compareció ante los miembros del Consejo del organismo para explicar sus planes en Gas Natural.

La CNE ha solicitado información adicional a Suez después de que se hiciera público un acuerdo de fusión entre esta última y la francesa Gaz de France (GDF), que otorgará al Estado francés una participación del 35 por ciento en el grupo resultante. No se prevé que el organismo regulador proponga al Ministerio de Industria la fijación de condiciones importantes en este proceso. El ponente en esta ocasión ha sido el Consejero Jorge Fabra.

La presencia de Suez en Gas Natural podría requerir de un nuevo procedimiento administrativo en el caso de que el grupo franco-belga solicitara al Gobierno ejercer plenamente sus derechos políticos en la gasista, al igual que ocurrió con la entrada de la italiana Enel en Endesa.