La CE denuncia a Portugal ante la UE por la «acción de oro» en GALP

Tras la privatización de la compañía, el Estado portugués se reservó derecho de veto sobre ciertas decisiones empresariales que puedan poner en riesgo el suministro de petróleo, gas, electricidad y sus derivados al país. Además, el Gobierno tiene potestad para designar al director de la compañía.

Portugal argumenta que los poderes en cuestión están justificados porque los servicios que facilita GALP son de interés económico general y por razones de seguridad e interés público.

Pero Bruselas insiste en que son restricciones al libre movimiento de capital y al derecho de establecimiento y recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal de la UE, no reúnen los requisitos de necesidad, adecuación y proporcionalidad.

La Comisión ya presentó en septiembre del año pasado un recurso ante la corte de Luxemburgo contra la «acción de oro» que Lisboa sigue conservando en Energías de Portugal (EDP).