La CE cree innecesaria una reforma de la normativa comunitaria sobre las ayudas al carbón

La Comisión Europea (CE) considera que no es necesario reformar la actual normativa comunitaria sobre las ayudas a la industria del carbón, al considerar en un informe adoptado hoy que el mercado global de este mineral funciona «de forma eficiente».

Según informó en un comunicado, el Ejecutivo comunitario analizó en este documento las ayudas estatales que se conceden al carbón en Europa y su impacto en el mercado interior, así como la reestructuración llevada a cabo en el sector.

En sus conclusiones, la CE considera que no hay necesidad de reformar la Regulación sobre ayudas estatales a la industria del carbón que se aplica desde 2002 y que define el marco de las ayudas públicas especiales que recibe el sector carbonero.

Esta normativa supone una excepción dentro de la prohibición que tienen los países de la UE de conceder ayudas a sus industrias y debe ser revisada de forma periódica por la CE.

El objetivo de la excepción, que expira en 2010, es permitir a varios Estados miembros continuar con la reestructuración del sector del carbón.

El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, recordó que actualmente nueve Estados miembros, entre ellos España, tienen minería de carbón, y señaló que esta producción doméstica «reduce la dependencia energética de la Unión y contribuye a la diversificación de las fuentes de abastecimiento de energía».

En su informe, la CE señala las «importantes diferencias» de competitividad que se registran en las minas europeas, pues mientras las explotaciones de Alemania, España y Hungría tienen costes de producción que doblan el precio de mercado del carbón en el mundo y, por tanto, dependen de las ayudas; las minas de la República Checa, Polonia, Gran Bretaña y Eslovaquia son competitivas.

La industria de estos últimos países no recibe subsidios o sólo lo hace en el caso de la entrada de nuevos inversores, mientras que Rumanía y Bulgaria, los dos miembros más recientes de la UE, aún deben informar a Bruselas sobre las necesidades de sus explotaciones.