La amenaza de Andrómeda y las variaciones Goldberg

La propuesta es la tipificación como delito de estas conductas, con todas las matizaciones que la polémica ha introducido en el debate público. Montoro ya ha apreciado que es «mes que un Ministro», y por eso plantea este tipo de propuestas, su particular amenaza de Andrómeda.

Por su parte, el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, hombre muy aficionado a la presencia en los desayunos que existen en casi todas las televisiones generalistas a la hora de los churros, también ha opinado favorablemente sobre esta propuesta, alineándose con ella.

Un día habrá que estudiar la tendencia de este Gobierno a que el Ejecutivo forme una piña y tal y tal, es decir, formando una especie de Fuenteovejuna en el que unos apoyan las declaraciones de otros, con un importante ‘expertise’ en economía televisiva. El que se mueve no sale en la foto y, si sale, tiene una peineta sobre su cabeza.

Cabría, en el caso del sector energético, plantearse cuál sería la aplicación de dicha propuesta que el ministro de Industria, Energía y Turismo secunda. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que si las autoridades energéticas del ministro Soria y toda su escala de mando propusieran una normativa (una Orden de Tarifas) en materia de precios de la energía, que excediera la previsión de déficit tarifario que legalmente está habilitada para el sector eléctrico o gasista, se pudieran aplicar las sanciones o las penas de la propuesta que al final defina el ministro de Hacienda en sus propósitos coercitivos.

Otra variación a esta propuesta sería que un Ejecutivo, fruto de un cierto frenesí autorizador de proyectos que conlleven asociados una prima (o subvención a la producción por ciertas tecnologías) que debe sufragarse dentro de los costes regulados de la tarifa y, por su conformación o por su descontrol, se exceda por encima de lo previsto en su impacto económico sobre el bolsillo del consumidor.

Del mismo modo, podríamos plantearnos el comportamiento de aquellos agentes, operadores de sistema y de transporte, que aumentan las inversiones fijas en sus activos para maximizar su retribución, pese a la caída de la demanda con aquiescencia de las autoridades energéticas. Incluso habría que plantearse si existe responsabilidad de quienes inflan las estimaciones de demanda para dar cabida a la fiebre inversora. Seguramente que, estirando su propio argumento, también podrían ser acreedores de las consecuencias de esta normativa punitiva el hacendista jienense Cristóbal Montoro y el canario José Manuel Soria.

No obstante, que no cunda el pánico. No se asusten responsables políticos, agudicen el ingenio. Quien hace la ley también tiene la capacidad de hacer la trampa. Para eso están finalmente las decisiones políticas. Una solución podría ser, por ejemplo, trasladar las partidas, el Boletín Oficial del Estado o la ingeniería contable. Pueden ustedes, en ese sentido, huir de la realidad y traficar con los costes de los sistemas extrapenínsulares de un lado a otro, hasta saber dónde dejarlos finalmente. O también pueden ustedes efectuar propuestas para intervenir el mercado eléctrico para sacar determinadas tecnologías del mismo y que se elimine la tensión competitiva del régimen general, aunque en primera instancia se provoque un pequeño margen de desahogo cortoplacista en ciertos costes regulados. Todo ello a costa de perpetrar un atentado al funcionamiento general y menoscabando la eficiencia del sistema de mercado que ha conseguido precios bajos en generación gracias al exceso de capacidad, si lo comparamos a nivel internacional. Y, también pueden modificar el Plan de Energías Renovables a su antojo para dar entrada a posteriori a las tecnologías que consideren con la retribución que estimen y, con posterioridad, acomodar sus decisiones a sus compromisos. O plantear alternativas para recortar el déficit tarifario por vía política y discrecional. Como ven es más el ruido que las nueces.

Y la pregunta es, aparte de los cinismos anteriores, ¿cómo se paga finalmente (penalmente o como sea) el quebrantamiento de la ortodoxia económica o la pérdida de confianza en las instituciones, mercados, las empresas y sus accionistas y en la economía española?