Kioto se despiporra

Los resultados presentados esta semana por Comisiones Obreras en relación con los resultados en materia de emisiones de carbono, vuelven a abrir más la brecha entre los objetivos que tiene España en materia de reducción de emisiones de este gas efecto invernadero y la realidad. Nuestro país supera ya el 50 % del tope de emisiones fijado para España acordado en el seno de la Unión Europea y mantenemos un comportamiento crecientemente creciente.

Pero es más, además de abrirse la brecha entre los objetivos de la política medioambiental, se amplía la diferencia entre lo que ha sido la conocida retórica electoral medio ambientalista (y especialmente en las intervenciones del Presidente del Gobierno en los debates televisados Zapatero-Rajoy al hilo de la providencial moderación de 2006 gracias a la generación hidraulica). Retórica que sirve tanto para reunirse con Al Gore, como para que la planificación de la Presidencia de la Unión Europea tenga como argumento principal el cambio climático, como ya se ha anunciado desde el gobierno. Duro balance el que tiene que presentar el presidente en este ámbito para que no se nos vean las costuras de una política medioambiental condicionada por la falta de buenos gestores públicos de la cosa, por las señales regulatorias contradictorias y por la ocupación de determinados grupos como la minoría creativa intervencionista (los ‘retroprogresivos’) del sector eléctrico, en su ejercicio de influencia en esta Administración. Todo ello cortocircuita, cualquier tipo de posibilidad de mejora y que se pueda conocer, sin los filtros previos, una situación que dista mucho de ser presentable.

En paralelo, la política del ejecutivo no hace sino confirmar lo contrario de lo dice, con mensajes contradictorios e impropios en cualquier administración que se precie a nivel occidental. Por ejemplo, la detracción de derechos de emisión aprobada en el ultimo suspiro de la legislatura anterior, confirma a los españoles que contaminar no sólo es gratuito, sino que se paga por cuenta de quien recibe las órdenes de fabricar la electricidad, subvirtiendo además la normativa europea y el modelo de la directiva de asignación de derechos gratuitos de emisión (para meter mano en la caja de la tarifa y evitar nuevamente explicarle a los ciudadanos la realidad de los costes de la energía).

O, del mismo modo, el castigo en el Plan Nacional de Asignaciones para las instalaciones menos emisoras de contaminación como las de ciclo combinado (gas), cuestión por la que además de ser señalados con el dedo de los estudios internacionales hemos sido reconminados por la Comisión Europea. Y, también, cómo no, la distribución de la detracción de derechos de emisión con criterios de sindicación para que el que contamina se vea subvencionado por el que no contamina. Todo ello, para evitar un cambio en el modelo tecnológico de generación eléctrica en serio.

Incluso podemos comprobar el ultimo akelarre celebrado con la aquiescencia de la Comisión Nacional de Energía, de sus Dirección de Regulación y de su Consejo de Administración, con ocasión oportunista de la modificación tarifaria del tercer trimestre (¿a cuento de qué?). Una actuación especialmente preocupante para lo que debería ser un regulador neutral, garante y supervisor del sistema y no su herramienta de escarnio. Se trata del ataque organizado por la maquinaria intervencionista hacia las tecnologías no emisoras, como son la energía nuclear e hidráulica, cada una con características muy concretas en términos de participación y papel en el sistema eléctrico, articulado a través de argumentos demagógicos, falaces y parciales, para legitimar otra vía de amedrentar a las empresas eléctricas y, de paso, intervenir de forma arbitraria y meter mano en la tarifa.

Curiosa forma esta la de entender el problema de la contaminación y de la reducción de emisiones. El hecho es que Kioto, demuestra que en reducción de emisiones el Presidente está desnudo y la política medioambiental de declaraciones, sin actos, nos lleva al ‘despiporre’.