José Segura (I): «El Gobierno carece de un plan para encarar el déficit tarifario y con esta reforma menosprecia la seguridad jurídica»

José Segura Clavell (Barcelona, 1944) afronta uno de sus años más intensos desde un punto de vista legislativo como portavoz de Energía del PSOE en el Congreso. Diputado por Santa Cruz de Tenerife, exdelegado del Gobierno en Canarias durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, este diputado socialista ya fue uno de los principales actores en la tramitación de la recientemente aprobada Ley para los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares.

Ponente también de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, este diputado socialista atesora una amplia trayectoria política y académica en la que se puede destacar su experiencia como alcalde de La Laguna y presidente del Cabildo Insular de Tenerife así como su labor como profesor de termodinámica técnica, disciplina sobre la que ha escrito varios libros. Con la reforma energética inmersa en su tramitación, la voz de José Segura emerge como una de las más autorizadas para valorar la normativa impulsada por el Gobierno: «una ocasión perdida para configurar un modelo energético moderno«, lamenta constantemente este diputado canario.

Pregunta- En la sesión de la Comisión de Industria a la que acudió Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, para explicar los Presupuestos del área de Energía para 2014, como portavoz del grupo socialista en esta materia le recriminó la falta de diálogo del Ministerio en su conjunto con la oposición. El secretario de Estado lo quiso entender como una nueva oferta de diálogo y se comprometió a reunirse con ustedes. ¿Se ha producido por fin ese diálogo entre Gobierno y oposición?

Recuerdo perfectamente esa conversación porque precisamente alabé la actitud dialogante que habían tenido Rodrigo Rato y Josep Piqué desde sus respectivos ministerios durante la tramitación de la Ley del Sector Eléctrico, la 54/1997. Ahora, 16 años después, se va a modificar esa Ley. El grupo parlamentario socialista, en la oposición en 1997 y también en 2013, ha reiterado al Gobierno de forma clara y concisa la oferta de colaboración en la elaboración de un modelo energético moderno. Lamentablemente, a diferencia de lo que ocurrió en 1997, esta oferta no se ha tenido en cuenta y, en consecuencia, se ha perdido la oportunidad de configurar un conjunto normativo consensuado.

P- ¿Considera que el proceso que nos ha conducido hasta la presentación del proyecto de Ley ha sido el adecuado? ¿Cómo cree que se han hecho las cosas?

Desde un principio el Ministerio está actuando de forma acelerada e irracional. No hay antecedentes del escaso período de tiempo que se proporcionó a los organismos reguladores para emitir los informes técnicos preceptivos; las partes afectadas han tenido que presentar su posición ante el texto propuesto con celeridad. Sirva como único dato que el período de tiempo que se le proporcionó al Consejo de Estado para que elaborase el preceptivo dictamen fue únicamente de cuatro días. Desde luego, todo el proceso regulatorio se ha caracterizado por el oscurantismo y, como ya expliqué, por la carencia de diálogo.

P- ¿Qué valoración general tiene del proyecto de Ley del Sector Eléctrico?

Nos encontramos por primera vez ante un proyecto de Ley del que gran parte de su contenido lleva aplicándose durante los dos años de responsabilidad del actual Gobierno, dado que el desarrollo reglamentario del mismo le ha precedido en el tiempo. Se trata por tanto de una mera cobertura formal para dar “apoyo” a la mayoría de las decisiones gubernamentales que se han adoptado en materia energética desde enero de 2012. Decisiones que han tenido y tienen consecuencias nefastas para la sociedad española. Todo ello bajo el mantra de acabar con el déficit de tarifa, la madre de todos los objetivos que para mayor inri se incrementó en 2012 y que parece ir por el mismo camino en 2013.

«Inútil» contra el déficit tarifario

P- ¿Cree que el Gobierno conseguirá los objetivos que se propone?

No se trata de lo que crea; es que con esta reforma es evidente que no. La Ley es inútil para su único objetivo: la eliminación del déficit ya que el Gobierno carece por completo de un plan para hacerle frente y únicamente menoscaba la seguridad jurídica. Pero es que además agrava los problemas del sector: si la analizamos, esta Ley resulta ineficaz porque consolida nuestra dependencia exterior; es muy lesiva desde el punto de vista económico puesto que ataca la competitividad de las empresas, lo que implica destrucción de empleo; es anacrónica ya que nos aleja sustancialmente del objetivo de acercarnos más al modelo energético europeo; es injusta en tanto que hace recaer sobre las familias la mayor parte del coste de una energía que asombrosamente es de las más caras de Europa; es suicida en términos tecnológicos puesto que arroja por la borda el liderazgo en renovables que España ostentaba no hace mucho en el concierto mundial; y también es insostenible medioambientalmente al dejar en mera retórica vacía de contenido a la política de ahorro y eficiencia.

P- Pero desde el Gobierno se insiste en que esta reforma será la última, será la que solucione el déficit tarifario ya que se recogen mecanismos automáticos para impedirlo. ¿Qué piensan sobre ello?

En este punto conviene recordar que el principio de suficiencia de ingresos derivado de la “garantía de la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico” que contiene una parte importante de este proyecto de Ley no constituye ninguna novedad, ya que está recogido en una de las disposiciones adicionales de la Ley del Sector Eléctrico del año 97. No podemos ignorar, por tanto, los constantes incumplimientos de los compromisos inicialmente asumidos por parte de la Administración General del Estado desde la promulgación de esa Ley hasta la actualidad, así que no otorguemos mucha credibilidad al cumplimiento de este principio.

De hecho, el proyecto de Ley lo que hace es reconocer explícitamente la aparición de nuevos déficits. Lo que hace con esos mecanismos de revisión automáticos es admitir explícitamente que podrá generarse anualmente un déficit inferior a un 2% de los ingresos del sistema; puesto que, a diferencia de la regulación actual, estos déficits no serán incorporados como coste del sistema en el ejercicio siguiente, tendrán que ser financiados por algunos de los agentes sujetos al sistema de liquidaciones, con lo que se perpetúa la figura del déficit en el sistema eléctrico, lo que ya es contrario a ese principio de suficiencia económica.

P-¿Es también intervencionista el proyecto de Ley?

Podríamos decir que sorprende entrever una visión absolutamente intervencionista de la actividad de producción de energía, tal y como se desprende de una serie de decisiones claramente tendentes a incrementar el control e intervención de la Administración sobre la actividad de producción y el mercado. Destacan los cambios que se introducen en la obligación de mantener la capacidad de producción prevista en las autorizaciones y el papel de vigilancia que se otorga al operador del sistema. Los socialistas pensamos que existe una notable incoherencia entre la libre competencia en la generación y los contenidos del articulado, dado que al tratarse de una actividad a mercado, la disponibilidad de las instalaciones dependerá básicamente de criterios de optimización económica que, a su vez, dependen de los costes e ingresos esperados, sobre los cuales, nada ha de decir el operador del sistema.

P- Durante sus intervenciones parlamentarias y también durante esta entrevista ha manifestado que la reforma tiene consecuencias nefastas para la sociedad española, ¿De qué consecuencias podemos hablar?

Nada más aprobarse en julio el Real Decreto Ley 9/2013, en agosto asistimos a una nueva subida del precio de la luz para las familias y para la industria, que podríamos añadir a las anteriores y que implica más pobreza energética y pérdida de competitividad. Además se incide en otras cuestiones igual de graves: incremento de las emisiones a la atmósfera, pérdida acelerada de liderazgo tecnológico en un sector que paradójicamente pasean por el mundo para vender la Marca España, desmantelamiento progresivo de la industria nacional de renovables con una masiva destrucción de empleo, y, especialmente, elevación de los índices de inseguridad jurídica que no tienen parangón en el resto de países de nuestro entorno y que apuntan a un serio problema de indemnizaciones futuras.

Importantes dificultades para los ciudadanos

P- ¿Quiénes son los principales damnificados?

Especialmente los consumidores. Estamos ante una Ley que ignora a los ciudadanos; son quienes están soportando sobre sus maltrechas economías en crisis las descabelladas ocurrencias que han venido perpetrándose mes tras mes de la mano de los sucesivos responsables a las órdenes del ministro José Manuel Soria. Previsiblemente este próximo invierno miles de familias pasarán mucho frío, pero no por razones climatológicas, sino simplemente porque no podrán pagar los costes de un servicio esencial que define el nivel de calidad de vida en un país desarrollado. Pero además el Gobierno ha decidido que ni siquiera el ahorro y la eficiencia se conviertan en alternativa para equilibrar las cuentas familiares, porque el desorbitado crecimiento de la parte fija de la tarifa frente a la parte de consumo hace que cuantos menos ingresos tenga una familia, mayor sea el impacto. Desde luego, nada más insolidario que este principio claramente ideológico. España vive una situación de emergencia social y, no nos engañemos, crece el número de personas que cada vez se encuentran con más dificultades para pagar la luz: crece con fuerza la pobreza energética y el Gobierno no le ha prestado atención.

P- ¿Cuál es su valoración del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor y su relación con la Tarifa de Último Recurso?

Pensamos que es un cambio más formal que de fondo respecto a la Tarifa de Último Recurso. Puesto que la Comisión Europea ha insistido en la necesidad de abstenerse de regular los precios de la electricidad, sin perjuicio de la protección de los clientes vulnerables, creemos que debería limitarse el conjunto de consumidores que puedan acogerse al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y asegurar que dicha tarifa sea suficiente para que actúe de manera efectiva como un precio máximo, favoreciendo la competencia entre los comercializadores de referencia vía descuentos. En consecuencia planteamos que el diseño del PVPC deberá realizarse con la intención de incentivar la entrada de nuevos comercializadores que busquen captar clientes, lo cual creemos que indudablemente llevaría a medio plazo a que se ofrezcan precios más competitivos en el mercado libre.

P- Ya que menciona a Europa, ¿Qué les parece la situación en la que queda el intercambio de energía eléctrica a través de interconexiones con otros países de la Unión Europea?

Lamentablemente, el Gobierno deja pasar la oportunidad de avanzar en la incorporación de normas comunitarias con las que ir disminuyendo el aislamiento energético de la España peninsular respecto del deseable mercado interior de la energía al que tiende la Unión Europea. El objetivo europeo es que cada país pueda importar de sus vecinos el 10% de la energía que consume en 2020. España difícilmente alcanzará el 5%. No nos sorprende después de ver que España queda al margen de las grandes obras transfronterizas de energía que están consideradas de interés común para la Unión Europea.

P- ¿A qué atribuye que España no vaya a cumplir ese objetivo?

Según fuentes comunitarias, si España no tiene más es porque el Gobierno no ha mostrado voluntad política ante Bruselas de tener más o bien porque no se ha puesto de acuerdo con Francia para presentar proyectos susceptibles de ser incluidos. Es indudable que, dado el exceso de capacidad de nuestro sistema, lo más útil y rentable sería construir interconexiones potentes con Francia en los próximos años para poder exportarles energía. Es el gran objetivo estratégico del sistema eléctrico español en el medio y largo plazo, por ello creemos que sería positivo incluir una referencia al respecto en el proyecto de Ley.

Pero la realidad es que así se ha defendido el peso de España en Bruselas: el mapa europeo con las megainfraestructuras energéticas, repleto de rayas (referencia a las interconexiones eléctricas) en países nórdicos y centroeuropeos, aparecía casi intacto en la Península Ibérica. Entre los 248 proyectos de interés común, España, como quinta potencia de la Unión Europea, solo cuenta con seis infraestructuras. Algunas de ellas con una importancia bastante limitada y otros ya prácticamente acabados. No es aceptable la falta de ambición demostrada por mucho que el ministro José Manuel Soria insista en las interconexiones en sus discursos.

P- Durante esta legislatura, desde el Grupo Parlamentario Socialista han insistido en la necesidad de una reforma del sector energético. ¿En qué consistía su propuesta?

Nuestras sugerencias al Gobierno, y quiero resaltar que las hicimos hace ya más de un año, se articulaban en varios puntos. Por citar algunos de ellos, un primer objetivo era producir una integración efectiva de los dos sectores, del gasístico y del eléctrico. En segundo lugar, hay que priorizar la interconexión eléctrica y gasística con Francia. También habría que dar más transparencia a la formación de precios y creemos que habría que desligar los costes de las medidas que tienen un beneficio energético y medioambiental, como el apoyo a las renovables, de los peajes propios de la estructura del sistema eléctrico.

Es necesario un rediseño del sistema de promoción de las renovables. España no puede renunciar a las renovables: son la base del sistema energético del siglo XXI, pero hay que discutir el sistema de remuneración de las mismas. También solicitábamos una revisión de la política nuclear y, en mi condición de diputado por las Islas Canarias, no me olvido de una reestructuración de los cálculos de los sistemas extrapeninsulares. En suma, desarrollar reformas en el mercado minorista y fundamentalmente, en la determinación de la Tarifa de Último Recurso. Y conseguir un reforzamiento de la seguridad jurídica, que hoy no existe.

En la segunda parte de la entrevista, José Segura valora el nuevo régimen retributivo para las energías renovables y el concepto de rentabilidad razonable . También expone lo que piensa el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados acerca de otras cuestiones recogidas en el proyecto de Ley como la regulación propuesta para el autoconsumo y la fijación de un peaje de respaldo.