Industria trabaja en una reforma eléctrica «en profundidad» para abaratar costes y acabar de forma definitiva con el déficit de tarifa

En su comparecencia en la Comisión de Industria, Energía y Turismo en el Congreso de los Diputados, dijo que el «principal bien a proteger» con esta reforma integral es la «viabilidad del sistema» eléctrico español con «los menores costes posibles y un mix rico de tecnologías».

Nadal recalcó que antes del 30 de junio se elevará al Consejo de Ministro una propuesta de reforma que «permita dar una salida definitiva» al déficit de tarifa. Se busca, añadió, resolverlo para dar la estabilidad financiera necesaria al sistema que deriva en una estabilidad regulatoria. «Sin una estabilidad financiera no habrá estabilidad regulatoria», apostilló.

Por ello, Industria trabaja en «una revisión en profundidad de todas y cada una de las partidas del sistema, entre ellas las primas al régimen especial, los costes de distribución y transportes, los sistemas insulares y extrapeninsulares, y las ayudas al carbón», así como en «buscar economías de escala con capacidad de ahorro y de generar sinergias del sistema», aunque no precisó cuáles. No obstante, señaló que podría hacer «ligeros cambios retributivos para aligerar costes».

Además, dijo que es «necesario actualizar» los mecanismos de mercado porque se remontan a 1998 y es el «momento de actualizarlo utilizando las ventas tecnológicas, como el acortamiento de plazos» para hacerlo más «eficiente y conseguir una reducción de costes».

España tiene un sistema eléctrico, explicó, que la diferencia del resto porque carece de fuentes autóctonas y el sistema está «aislado» del resto de Europa, pese a las buenas conexiones con Portugal pero con Francia aún son «insuficientes».

En este sentido, señaló que el español es un sistema «dependiente y aislado», por lo que requiere un mix energético compensado entre todas las fuentes disponibles. El sistema, hasta ahora, «ha estado, en general, a la altura de las circunstancias», indicó.

Pese a ello, reconoció, tiene «puntos débiles» e, incluso, desde el punto de vista financiero es «delicado» porque existe un «desequilibrio importante» entre ingresos y gastos.

Sin las medidas tomadas por el Gobierno, algunas de las cuales «ya tienen su comienzo en alguna medida tomada en la legislatura pasada», se hubiera generado un déficit estructural el año pasado que rondaría los 9.000 millones de euros y, sin embargo se situó en el entorno de los 4.000 millones de euros el cual se verá paliado por las nuevas medidas que «no son permanentes», con el fin de evitar los desequilibrios.

No obstante, la situación sigue siendo «delicada» y requiere medidas adicionales, a la vista precisamente de que algunas de las medidas son solo temporales, entre ellas el crédito extraordinario de 2.200 millones de euros al sistema eléctrico con cargo a las Presupuestos Generales del Estado.

El objetivo es conseguir «una reducción de costes para mejorar la eficiencia», que pasa por la «revisión de las partes reguladas» del sistema eléctrico, pero también por hacerlo de forma que las subidas del recibo sean «las menores posible para el consumidor doméstico e industrial».

Para encontrar la solución al déficit hay que hacer un «equilibrio» entre los distintos actores. Por ello, agregó, «todas y cada una de las partes del sistema tendrán que hacer una aportación», aunque dejó claro que habría que definir «cuál debe ser la aportación del sector público al sistema eléctrico».

En este sentido, abogó por repartir las cargas de forma equitativa, teniendo en cuenta que los clientes y los contribuyentes son las mismas personas, y por considerar la importancia de los precios de la energía para la competitividad del país.

También, citó el exceso de inversiones, los incentivos para tecnologías inmaduras y la falta de traslación de costes al recibo como las causas del déficit, y defendió el papel de respaldo de los ciclos combinados de gas, pese al «sobredimensionamiento» del sistema gasista.

Acelerar la negociación del carbón

Por otro lado, el secretario de Estado de Energía dijo que el carbón nacional es la «única fuente» autóctona y por tanto un activo estratégico «que no se puede perder«, por lo que habría que crear un «nuevo marco» regulatorio lo «antes posible».

Nadal expresó su deseo de «acelerar» las negociaciones con el sector del carbón y «evaluar a la máxima velocidad y con prioridad» los recursos presentados por las empresas mineras a las que se retiraron las ayudas por tener incumplimientos con la Seguridad Social.

Sobre las negociaciones, señaló que, pese al interés por acelerarlas, son «complejas», ya que hay que «aproximar posturas» entre los cuatro agentes implicados, que son las empresas, los sindicatos, la Administración y las compañías eléctricas.

Tras una primera ronda de negociación entre las partes, Nadal convocará una segunda ronda en cuanto tenga «un poco más claro el marco en que se sitúa cada empresa». Su deseo es que el inicio de esta segunda ronda se produzca «lo antes posible», a la vista de los «problemas sociales» de las cuentas mineras y de que «hay que remitir el nuevo marco a Bruselas cuanto antes».

Industria intenta «aproximar posturas» y negocia «continuamente» con los agentes implicados en el sector, a los que informa por separado sobre el estado de las conversaciones, añadió el secretario de Estado de Energía.

Además, defendió la ley para mejorar la competencia y reducir los costes eléctricos en las islas, Ceuta y Melilla. En este aspecto, Nadal apostó por «evaluar y aprobar el mayor numero de interconexiones que sean económicamente viables» para, en la medida de lo posible, integrar completamente el sistema eléctrico balear y el ceutí en el peninsular, así como por agrupar las diferentes islas canarias para crear sistemas mayores.

Industria no negocia «nada» sobre Garoña

Asimismo, aseguró que Industria «no está negociando nada» con las empresas sobre la continuidad de las centrales nucleares, si bien en el caso de Garoña puso «los medios adecuados» de tipo «legislativo y reglamentario» para permitir su continuidad.

El secretario de Estado de Energía recordó que Garoña depende de una empresas privada y que su continuidad debe ser una decisión de sus propietarios, esto es, de Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola.

Por último, indicó además que el Gobierno considera la central «un activo esencial» y reconoció que «al sector no le ha gustado» la imposición de tasas a la actividad nuclear, incluida dentro de las medidas para acabar con el déficit de tarifa.