Industria prepara el marco legal que permitirá la aplicación de un bono social para la bombona de butano

El Congreso rechaza pedir al Gobierno una bombona de butano social

La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy una proposición no de ley presentada por UPyD en la que se pedía la creación de una bombona de butano social para los colectivos sociales más desfavorecidos.Durante el debate de una proposición no de ley de UPyD reclamando subvenciones en el precio de la bombona de butano para determinadas familias vulnerables, Juste afirmó que «el Gobierno ya se viene ocupando y preocupando de este tema» desde hace tiempo, y ha señalado que precisamente el ministerio que dirige José Manuel Soria está «preparando el marco legal que permita la existencia del bono social para el butano, como ya existe para la tarifa eléctrica».

«El Gobierno está estudiando la posibilidad de avanzar en la liberalización del sector del gas licuado del petróleo, prevista en la legislación sectorial de hidrocarburos, y salvaguardará los intereses de los sectores más desfavorecidos con un bono social para consumidores con determinadas características de consumo y de poder adquisitivo», ha dicho, sin precisar cuáles serán esos criterios.

Por eso, el PP rechazó la iniciativa parlamentaria de UPyD, que contó con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, recordando además que «la fijación de estos mecanismos sociales no deben establecerse como un hecho aislado y puntual sino que debe estar enmarcado en esa gran reforma del sector de hidrocarburos que España necesita, y que tiene como objetivo aumentar la competencia entre los distribuidoras de combustibles para favorecer la caída de precios».

«El PP no participa de la política del parche y el remiendo, sino de la revisión profunda. Así que dejen de ejercitar ese oportunismo tan salvaje que les caracteriza», dijo al PSOE, preguntando al principal partido de la oposición qué hicieron ellos para solventar este problema cuando estaban en el Gobierno.

Por último, Juste recordó que el consumo de butano se redujo en los últimos años y precisó que, aunque su precio sí se incrementó, la decisión del Gobierno de limitar el precio máximo hasta marzo de 2014 evitó subidas superiores. «Y una vez constatado el efecto beneficioso de esta medida, el Ministerio ha prorrogado su vigencia hasta marzo de 2015», zanjó.

Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, defendió la iniciativa recordando que la crisis económica y la subida de los precios de la energía está empujando a muchas familias a la pobreza energética.

Por eso, pidió al Gobierno que «haga frente a un problema muy grave que no se puede ignorar» y que otros países europeos han resuelto con políticas para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un bien básico como la energía.

En particular, la formación magenta planteó una «fórmula abierta» tanto en cuanto a la fórmula de aplicación del bono social como a los colectivos vulnerables que se puedan beneficiar, de modo que familias de jubilados, numerosas o con parados que «puedan acreditar que no pueden hacer frente» al coste del butano puedan disfrutar de un precio subvencionado.

Los colectivos propuestos para beneficiarse de esta bombona de butano social serían los pensionistas que perciban un importe mínimo por jubilación, incapacidad permanente o viudedad; las familias numerosas con ingresos inferiores a tres vedes el IPREM; familias con renta inferior a dos veces el IPREM y otros afectados con ingresos inferiores a este indicador.

Además, la proposición no de ley incorporaba la petición de aprobar una estrategia integral para la erradicación de la pobreza energética que, entre otras cuestiones, garantice un servicio mínimo de suministro de electricidad y gas, una cuestión introducida por el PSOE en una enmienda.

Por ello, la socialista Helena Castellano explicó que con su enmienda pretenden «ir más allá» de lo planteado en la proposición, instando al Gobierno a estipular un suministro mínimo inembargable de electricidad y gas, así como aprobar un Plan Nacional para erradicar la pobreza energética con medidas que «mejoren la capacidad de pago de las familias y la eficiencia energética de las viviendas».

Chesús Yuste, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) recordó que «millones de personas sufren a diario pobreza energética» en España, una situación que se ha visto agravada por la crisis y las políticas de austeridad del Gobierno. «Es un problema gravísimo, pero tiene solución si no se mira a otro lado», añadió, recordando que su grupo presentó iniciativas para aplicar el IVA superreducido a los servicios energéticos básicos o establecer un mínimo de consumo que no se pueda cortar.

La diputada de CiU Inmaculada Riera vio «adecuada» la propuesta porque «sitúa la problemática de la pobreza energética en el ámbito de los programas sociales del Gobierno», que no se han tenido en cuenta en las últimas reformas energéticas, centradas únicamente en reducir los costes del sistema. «El bono social es una política social que debe ser financiada por los Presupuestos para evitar que se distorsionen los precios reales», defendió.