La resolución del Alto Tribunal «da más que plenas garantías de que España ha sido y va a seguir siendo un país seguro», afirmó el ministro en una comparecencia ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados.

Soria realizó esta consideración tras leer algunos fragmentos de la sentencia, entre ellos el que indica que los titulares de instalaciones fotovoltaicas no tienen un «derecho inmodificable» de percepción de primas y en el que alude a la ausencia de riesgo empresarial de los promotores renovables acogidos a tarifas reguladas, frente a los operadores que operan en el mercado libre.

Los promotores de instalaciones renovables, indica el Supremo, «sabían o debían saber que el marco regulatorio no podría ser ajeno a cambios de base» en las circunstancias económicos que provocase recortes de retribución, según la lectura del fragmento de la sentencia realizada por el ministro.

Posteriormente, en declaraciones a los medios, ha precisado que el TS «bendice» la reducción de las primas a las renovables que decidió el Ejecutivo socialista en 2010 y que «deja la vía expedita desde el punto de vista legal» para mantener esta postura o modificarla, algo que «dependerá del acuerdo» que se alcance en el Consejo de Ministros. «Cualquiera de las vías puede ser viable», ha zanjado.

Por otro lado, Soria calificó de «legítimas» las reivindicaciones del alcalde de la localidad extremeña de Alburquerque, Ángel Vadillo, quien está recibiendo atención hospitalaria tras 87 días en huelga de hambre para protestar contra los recortes a las energías renovables.

No obstante, el ministro explicó que hace dos meses celebró un encuentro con Vadillo y que «escuchó» su petición de que permitiese el desarrollo de dos proyectos renovables en su localidad. Soria dijo no poder aceptar la reivindicación «particular» del regidor porque debe prevalecer el «interés general».

El Gobierno, aseguró, «no tiene ningún interés en perjudicar a las renovables», si bien las primas recibidas por estas tecnologías habrían alcanzado en términos acumulados 70.000 millones de euros hasta 2020 si no se hubiese aprobado la moratoria.

Durante la comparecencia, los diputados del PSOE José Segura y de IU Gaspar Llamazares pidieron al ministro que «tienda la mano» al alcalde de Alburquerque y lo reciba.

Llamazares también responsabilizó al ministro de «haber sido incapaz de consolidar el diálogo en el sector minero» y le pidió que «convoque de inmediato una reunión de la Comisión de Seguimiento».