Ignasi Nieto y el polígrafo por el decreto de renovables

Cuanto más insiste el Presidente del Gobierno en su preocupación por el medio ambiente, el cambio climático y en la promoción de las energías renovables, la reacción desde nuestros rectores en el ámbito de la energía, véase la Secretaria General de Energía y el Ministerio de Industria, se ven más contrariados con sus posiciones. A eso hemos asistido hace unos días con la presentación del Cuarto Informe sobre Cambio Climático del Panel de Expertos de la ONU y, en paralelo, al descubrimiento del cierre en falso de la polémica en torno al decreto de renovables, y más concretamente en lo que se refiere a la retribución de la energía de generación eólica.

Al parecer y según la información a la que hemos podido tener acceso, la propuesta de Real Decreto remitida al Consejo de Estado realiza unos ajustes ‘cosméticos’ en el tratamiento retributivo de la energía eólica, pero en ningún caso persigue establecer un mecanismo estable y que otorgue seguridad jurídica al sector. Todo lo contrario. Ajustes cosméticos que se vieron arropados por una operación mediática importante. Pero al parecer estas afirmaciones y negociaciones son inciertas (una verdad a medias puede ser una falsedad).

La lectura de la propuesta de Real Decreto transparenta la habilidad regulatoria de Nieto para incorporar ‘astillas’ dentro del texto normativo de forma que le permita ‘controlar’ la ‘manija’ de la retribución. Algo a lo que el anterior Director de Regulación de la Comisión Nacional de Energía está ya acostumbrado como ya demostró en el cambio de retribución de los activos regulados gasistas, lo que provocó una fuerte caída en bolsa de Enagás a principio de año.

El problema es que las consecuencias prácticas de una regulación así pasan por la pérdida de confianza de los actores económicos y empresariales en lo que se refiere a las condiciones que garanticen la confianza y estabilidad regulatoria necesaria para las tomas de decisión en materia de inversión. Por otra parte, es particularmente preocupante la opinión del propio Nieto al declarar que no existe relación entre el mecanismo retributivo en un sector y las decisiones de inversión, es decir, que a su juicio se trata de procesos independientes.

Lo más grave en todo caso, es el resultado final: la falta de confianza de los actores y agentes del sector, tanto empresas, operadores y entidades financiadoras de proyectos en el regulador español. La discrecionalidad regulatoria no puede ser un objetivo ventajista, ese oscuro objeto del deseo y de control, que obligará a mantener un continuado ‘rendez vous’ de las empresas a las autoridades energéticas. Por otro lado, y en la relación con la actual administración energética cada vez se reciben mayor número de mensajes de los agentes que destacan la falta de credibilidad y fiabilidad en las negociaciones que ya ha devorado en varias ocasiones a Nieto, instalándose una desconfianza fruto de esta ‘habilidad regulatoria’ que algunos califican de engaño.

Una amarga queja que cada vez es más insistente es que «en cualquier país de economía avanzada, cuando se fija una cifra, se está seguro del escenario a la hora de tomar decisiones». La legislación y los reguladores no deberían necesitar la prueba del polígrafo, deberían ser confiables por el bien de todos.

¿Qué hará Moncloa cuando se entere del resultado desde el sector que la situación es equivalente a la que causó el conflicto?