Iberdrola Renovables da un traspiés en su debut en bolsa

El 13 de diciembre no fue viernes, pero no resultó ser la fecha más oportuna para sacar a bolsa Iberdrola Renovables. Ayer, el Ibex sufrió su mayor caída en tres meses, y los 22.400 millones de euros de capitalización bursátil de Iberdrola Renovables terminaron siendo algo menos: 21.753 millones de euros.

Los títulos de la filial de energía renovable de Iberdrola cayeron un 2,83%, hasta los 5,15 euros, desde los 5,3 del valor nominal de cada acción.

En el discurso de apertura en la Bolsa de Madrid, el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, destacó que la oferta pública de suscripción de acciones de Iberdrola Renovables tuvo una acogida masiva por parte de los inversores, y «prueba de ello es que hemos recibido órdenes de compra de 420 grandes fondos de inversión y de más de 300.000 accionistas particulares».

Galán culminó con un «pueden estar seguros de que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para hacer una empresa cada vez más grande, más eficiente y más rentable».

Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana denuncian en Bruselas prácticas abusivas de Iberdrola

La Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunitat Valenciana pedirá el próximo miércoles al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo que abra una investigación sobre las «prácticas abusivas» de Iberdrola como distribuidora dominante de energía eléctrica en esta región.

La denuncia viene motivada por la «obligatoriedad» de las promotoras de costear la infraestructura eléctrica necesaria para dar servicio a las nuevas promociones de viviendas, siguiendo además las condiciones que fija la empresa distribuidora, a la que luego deben entregar de forma gratuita esas instalaciones, con lo que logran grandes beneficios de su explotación.

Los promotores aseguran que Iberdrola, que opera «prácticamente en exclusiva» en la Comunitat Valenciana, «no se contenta con tan favorable situación, sino que amparada en la impunidad del monopolio» multiplica sus exigencias «hasta lo caprichoso» y «maltrata» al peticionario, cuya defensa de sus derechos puede resultar «más gravosa que su renuncia».

En su opinión, las posibles exigencias injustificadas pueden suponer «hasta 500.000 euros de sobrecostes» en la ejecución de la red y afectan a inversiones «veinte veces superiores», por lo que los peticionarios «no se atreven a reclamar» por temor a represalias y retrasos.

Los promotores consideran que, «en una situación de monopolio y precios regulados, resulta imperativo», y así lo solicitan en la denuncia, que «se extreme la vigilancia» sobre la actividad de la distribución de energía eléctrica y «se revise la relación» entre peticionario y distribuidora desde la perspectiva del Derecho Comunitario.