Iberdrola busca normalidad en una junta centrada en su negocio

En un encuentro previo con más de 200 miembros del equipo directivo, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se centró en los resultados de la compañía y en los planes de inversión.

Esta será la última Junta en la que la eléctrica pueda mantener el blindaje estatutario que prohíbe votar por más del 10% del capital, tras la entrada en vigor en junio de la normativa que obliga a suprimir estas limitaciones y que permitirá a ACS ejercer derechos por toda su participación, del 19%.

Ante esto, y que este año no hay vacantes en el Consejo de Iberdrola, no se prevé que la constructora presidida por Florentino Pérez repita estrategia en la cita de accionistas, aunque podría oponerse a algunos acuerdos relacionados con cambios estatutarios.

Entre ellos, está la incorporación a los estatutos de la compañía de la reducción, aprobada en la Junta del año pasado, de 15 a 14 del número de consejeros.

El año pasado, la mesa aceptó inicialmente la petición de ACS de contar con un representante en ejercicio de la representación proporcional. Sin embargo, instantes después, un accionista de la eléctrica solicitó el «cese» inmediato apelando a un conflicto de intereses entre las dos empresas por competir en sectores como el de la ingeniería o el de las energías renovables.

La Junta de Iberdrola votó la exclusión del representante de ACS del consejo y, acto seguido, acordó reducir de 15 a 14 el número máximo de consejeros de la eléctrica.

ACS impugnó estas decisiones ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao que desestimó su demanda por existir un conflicto «estructural y permanente» de competencias entre ambas empresas. Una decisión que la contructora ha recurrido.

En la Junta de la constructora celebrada el pasado mes de abril, Florentino Pérez avanzó que llevarían hasta el Tribunal Supremo su reivindicación de contar con presencia en el Consejo de Iberdrola y que tener un puesto es «cuestión de tiempo».

Más allá del conflicto, la eléctrica llega a esta Junta con unos buenos resultados que vincula a su modelo de negocio y a su estrategia de internacionalización y con tres movimientos corporativos importantes: la entrada de Qatar Holding, la propuesta de integración de Iberdrola Renovables y la compra de la distribuidora brasileña Elektro.

Iberdrola anunció a mediados de marzo la entrada de Qatar Holding en su capital con una participación del 6,16%, con lo que este fondo soberano pasó a ser uno de los principales accionistas de la eléctrica, por detrás de ACS (19%) y BBK (6,5%).

A principios de ese mismo mes, se planteó la absorción de su filial de renovables, una operación que previsiblemente se ratificará durante la celebración de la Junta.

Y a finales de abril cerró la compra a Ashmore Energy International (AEI) de la distribuidora de electricidad brasileña Elektro Electricidade e Servicios por 2.400 millones de dólares.

Los accionistas de la empresa también aprobarán, previsiblemente, el pago de 3 céntimos de euro brutos por cada acción. El pago de esta retribución con cargo a los resultados de 2010 se produciría el 13 de julio si la fusión entre la eléctrica y su filial de renovables es aprobada. En el caso de que la fusión no resultara aprobada, el pago del dividendo ordinario tendría lugar el 1 de julio.

Además, Iberdrola, que busca el mayor apoyo de los accionistas, pagará una prima de asistencia de 0,005 euros brutos por cada acción por acudir a la Junta, donde también se votará la aprobación de un bono para los consejeros ejecutivos y a los directivos.

Por otro lado, la junta de accionistas estudiará un aumento de capital liberado para instrumentar, por segundo año consecutivo, el sistema de retribución al accionista denominado «Iberdrola Dividendo Flexible», que permitirá a los accionistas de la sociedad decidir si prefieren recibir la totalidad o parte de su retribución en efectivo o en acciones liberadas de Iberdrola.

ELA acusa a Iberdrola de aumentar su beneficio a costa de los empleados y los clientes

Representantes de ELA acusó a la eléctrica vasca de incrementar sus beneficios a costa de las condiciones de los trabajadores, el precio de los servicios a los clientes y el deterioro del medio ambiente.

El sindicato mayoritario vasco reiteró que los gastos de personal representan una parte muy pequeña en las cuentas de la compañía, a pesar de los cual es una empresa «pionera en la desregulación y la flexibilidad absoluta».

En este contexto, rechazaron el nuevo convenio laboral que liga los incrementos laborales al incremento de la productividad, «no como una fórmula para repartir la riqueza, sino como una herramienta para reducir los costes».

Según ELA, vincular los salarios a la productividad «en una empresa que obtiene unos beneficios por persona ocupada de más de 122.000 euros al año debería llevar a fuertes incrementos salariales», sin embargo sostiene que, según el convenio acordado, el incremento sería negativo en términos reales.

El convenio pactado por los demás sindicatos establece un incremento anual del 1% «a cuenta», al que se sumaría un 0,5% si se cumplen los objetivos fijados y otro 2,5% adicional si los resultados suponen el 120% de los objetivos marcados.

De esta forma, según ELA, y en el mejor de los casos, el máximo incremento sería del 3,5%, que quedaría por debajo de la tasa de inflación interanual, que en abril fue del 3,8%.

ELA denunció también que mientras que en el periodo 2006-2011 el incremento acumulado del IPC fue del 15,8%, el aumento de los precios del suministro eléctrico superó el 47,6%.

Igualmente rechazó que Iberdrola pretenda presentarse como «una empresa verde» cuando es «líder en energía nuclear».

Los representantes de ELA criticaron la «connivencia del poder político con las grandes empresas» y aseguraron que Ignacio Sánchez Galán es un habitual en los actos tanto del lehendakari Patxi López, como del diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao.

Moody’s retira la perspectiva negativa al «rating» de Iberdrola

Por su parte, Moody’s retiró la perspectiva «negativa» del «rating» de Iberdrola y la situó en «estable» después de apreciar una mejora en el entorno regulatorio en España y de valorar el «sólido rendimiento operativo y financiero» de la compañía en 2010 y en el primer trimestre de este año.

De esta forma, la agencia levantó una decisión adoptada en julio de 2010 y reafirmó su nota de «A3» (tercera nota dentro de la calidad buena) tanto para la matriz Iberdrola como para Scottish Power y el resto de las filiales.

La decisión de situar la calificación crediticia de Iberdrola en perspectiva negativa respondió tanto a la incertidumbre regulatoria en España en plena revisión durante el ejercicio pasado de los costes del sistema eléctrico, como a la congelación de las tarifas.

Casi un año después, «ha habido progresos apreciables a nivel regulatorio en España acerca de la titulización del déficit de tarifa«, que está siendo colocado en los mercados a través del Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE).

La revisión de Moody’s también incluye la reciente adquisición de la distribuidora brasileña Elektro y la previsible fusión por absorción con su filial Iberdrola Renovables.