Así lo anunció el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echavarri, que añadió que de ese modo también se da cumplimiento al acuerdo adoptado en el Parlamento extremeño, que solicitó al Ejecutivo la presentación del recurso.

El Gobierno extremeño adoptó esta decisión tras el informe recibido del Consejo Consultivo de Extremadura, que entiende que en dos de las tres cuestiones planteadas por el Ejecutivo hay visos de inconstitucionalidad y puesto que el próximo 28 de octubre finaliza el plazo para su presentación.

En concreto, el consejero explicó que el Consejo Consultivo entiende que sí hay base para recurrir en la reclamación del Gobierno extremeño de que la suspensión de las primas a las renovables se hubiese abordado como un proyecto de ley en lugar de por la vía de real decreto.

También comparte el informe la postura del Ejecutivo respecto a que se vulneró el principio de confianza legítima, ya que cuando se aprobó el real decreto había promotores que habían hecho una inversión en los proyectos a desarrollar en Extremadura, que se ven perjudicados por la suspensión de las primas.

No obstante, el informe del Consejo Consultivo aseguró que no hay vulneración del principio de igualdad, como pedía el Gobierno extremeño, que entendía que se «se había hecho recaer sobre los promotores de renovables» el déficit tarifario y no sobre los promotores de otros tipos de energía como la procedente de fósiles.

El consejero extremeño recordó que en el momento de la suspensión de las primas había unos 70 proyectos en marcha en la región, y aseguró que con la presentación de este recurso de inconstitucionalidad se pone de manifiesto que este Ejecutivo «no se pone de perfil, sino que ejecuta lo que anuncia» cuando entiende que se vulneran los derechos de los extremeños.