España, que sólo es capaz de producir un 15% de su energía, dice «NO» a la nuclear

El Gobierno ha decidido que sigue adelante con sus promesas de ir reduciendo el parque nuclear español. Una energía que se considera peligrosa, aunque la seguridad es hoy mucho mayor que en los días de Chernobil, pero que también resulta muy barata de producir una vez puesta en marcha la central. Un factor crítico en un contexto de precios crecientes del petróleo y del gas, dos fuentes de gran consumo.La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró el pasado miércoles que el Ejecutivo de Zapatero «no ha cambiado sus planteamientos sobre la energía nuclear», y que continúa sieno partidario de la reducción de la participación de este tipo de energía en la estructura de producción frente a otras alternativas. Por lo tanto, el Gobierno mantiene la moratoria nuclear y, por el momento, no autorizará la construcción de nuevas centrales nucleares.

La moratoria es el pago de una cantidad que estamos satisfaciendo los inversores a través de la tarifa eléctrica para compensar a las compañías por las inversiones en centrales nucleares que no pudieron terminar. Si esas centrales se hubiesen terminado de construir y puesto en marcha, los consumidores pagaríamos más barata la energía y además no sería necesario imponer la recuperación del importe en la factura de electricidad.

Estas declaraciones llegan en un momento en que Europa se cuestiona su modelo energético, por asuntos como el apagón europeo de E.On de hace unos meses o la crisis que generan problemas como el bloqueo al tránsito del crudo ruso. La Unión Europea importa más del 50% de la energía que consume, y dentro de ese inmenso entramado, España tiene que importar un 85%. Un contexto que aviva el fuego del debate nuclear, un debate «lógico», según la vicepresidenta, debido al exceso de dependencia energética de España. Pero De la Vega no ha retrocedido en sus argumentos, aunque asegura que el Gobierno no cierra las puertas al debate.

En sus declaraciones, De la Vega puso especial hincapié en el hecho de que el Gobierno ha cumplido sus compromisos. En este sentido, el Ejecutivo no se ha movido un ápice de su postura inicial. El presidente de la Comisión de Energía del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, se ha referido en Intereconomía Televisión a la actitud del Gobierno, y considera que lo que se está llevando a cabo no es una política económica, sino una «política política», que consiste, básicamente, en respetar los compromisos adquiridos.

El Gobierno confía, visto está, en energías alternativas. Y en este sentido, De la Vega señaló dos planes del Gobierno, como el Plan Estratégico de Ahorro y Eficiencia Energética, además del Plan de Energías Renovables, o PER, que en su opinión están dando muy buenos resultados.

Pero esa opinión no la comparten las eólicas. Advierten, de hecho, que los objetivos del Plan de Energías Renovables están en riesgo de no alcanzarse si el Ministerio de Industria lleva adelante, tal como está redactada, la propuesta para modificar la retribución de las energías renovables, entre las que la eólica tiene un papel fundamental.

El debate nuclear

El debate sobre la energía nuclear existe porque esta fuente de generación goza de importantes ventajas, como su capacidad de producción, seguridad de suministro y precios competitivos, al mismo tiempo que suscita graves temores entre la población por accidentes pasados como el de Chernobil.

Los especialistas en la materia afirman que la seguridad de las centrales nucleares actuales no es comparable a la de la central de Chernobil, explotada por un régimen inseguro e ineficiente, como el soviético del momento. La seguridad en las centrales ha avanzado mucho.

La otra cara de la moneda son las ventajas. Principalmente, la garantía de suministro y el precio de generación, mucho más bajo hoy en día que el precio que cuesta generar energía a partir del crudo o el gas natural, combustibles sometidos a constantes tensiones alcistas.

Una forma más barata de producir redundaría de inmediato en la reducción del déficit de tarifa, un desequilibrio que se produce porque los consumidores pagan menos de lo que cuesta producir la electricidad. Al mismo tiempo reduciría la dependencia energética de España respecto al exterior, pues parte del petróleo y gas natural -importados- que se usan en generación podrían reemplazarse por fuentes nucleares. Esto implica, además, una menor vulnerabilidad frente a los altibajos en los precios, así como una mayor seguridad de suministro en casos como el del cierre del oleoducto de Bielorrusia.