España insiste ante la Comisión Europea que las condiciones de la opa cumplen la normativa

El Gobierno español enviará a la Comisión Europea (CE) un escrito relativo a las condiciones impuestas a E.ON para adquirir Endesa en el que reiterará que los requisitos exigidos al grupo energético alemán se ajustan a la normativa europea vigente. Fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio indicaron que la carta que tienen previsto enviar a Bruselas insistirá en que las competencias relativas a la seguridad del suministro energético son competencia exclusiva de España.

El pasado 31 de enero el Ejecutivo comunitario amplió el procedimiento de infracción abierto a España por las condiciones impuestas a la opa de E.ON, al constatar que el Gobierno no ha retirado el segundo conjunto de medidas acordado por Industria en noviembre, con el que modificó los requisitos iniciales decididos por la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

El titular de Industria señaló hace dos semanas que la posición que defiende España está apoyada en «razones demostrables» y se mostró conforme con que sea el Tribunal de Luxemburgo quien dicte una resolución al respecto. Según dijo entonces, el enfrentamiento entre la Comisión y el Gobierno es de naturaleza jurídica y se circunscribe a «la interpretación sobre cual es la competencia de un Estado miembro y la de la Comisión sobre la garantía del suministro» energético.

Bruselas considera que las autoridades españolas han incumplido el artículo 21 del Tratado, que estipula que la Comisión tiene competencia exclusiva en las fusiones de entidad comunitaria.

En julio de 2006, la CNE impuso una serie de condiciones a E.ON que causaron la apertura del primer procedimiento de infracción a España. El 3 de noviembre el Ministerio de Industria modificó parte de los requisitos, pero la CE consideró que esas nuevas medidas, que E.ON aceptó, todavía son insuficientes para cumplir totalmente la retirada de las condiciones exigida por Bruselas.

Ante la decisión del Gobierno español de no eliminarlas, la Comisión Europea decidió el 31 de enero pasado ampliar el procedimiento ya abierto al segundo bloque de condiciones, al tiempo que dio un plazo de quince días laborables a las autoridades españolas para enviar una «respuesta satisfactoria».