Electricidad, competitividad e interrumpibilidad

Un presupuesto básico de esta relación electricidad-competitividad es que los precios de la energía que se utilizan en el proceso productivo participan en los costes de las industrias y empresas afectadas. Partiendo de ese presupuesto básico, el hecho de que el sistema de suministro (gasista o eléctrico) sea eficiente y competitivo (por barato) tiene un papel relevante para ciertas actividades económicas, especialmente las más intensivas en energía.

Otra cosa son las lecturas torcidas, contradicciones, aplicaciones y extensiones de ese presupuesto básico, cuya proceso meramente expositivo se utiliza como justificación de un número importante de medidas arbitrarias y discrecionales de intervención, cuando no, directamente de una discriminación positiva (en lenguaje políticamente correcto).

La primera contradicción proviene de la propia conformación del coste del suministro, en la medida que el crecimiento en los últimos años de los costes de acceso han inflamado los precios de la electricidad de aplicación a todos los consumidores. Eso sí, para todos, evidentemente, domésticos, industriales y empresariales.

Por tanto, el problema de los precios energéticos, de sus componentes y de sus consecuencias, es más amplio o requiere una perspectiva más abierta que las soluciones parciales (más allá de habilitar la posibilidad de la interrumpibilidad y su contraprestación) o del ajuste contable que ha supuesto la mal llamada «reforma eléctrica».

La cuestión es, si el mercado mayorista español se sitúa en la banda baja de los precios a nivel europeo ¿por qué esa diferencia comparativa en los precios finales a los consumidores? Si, en esos costes de acceso, se integran costes que no son directamente relacionados con el suministro, ¿no debería revisarse esa cuestión y separarse para facilitar que lo que pagan los consumidores se relacionara directamente con su consumo y, además, estimulase su eficiencia? Además, estos pagos, que minoran el coste de la electricidad para quien los recibe, se transforman en un mayor coste del suministro para el resto de consumidores, es decir se produce una trasferencia (justificada o no) de costes, por lo que su administración debe ser eficiente, competitiva y transparente.

En consecuencia, no se puede separar el problema de los costes de acceso, del problema más amplio del precio de la electricidad para todas las empresas y todos los consumidores. Como tampoco se puede separar del control público de los precios de la electricidad ejercido desde la Administración (que ha distorsionado la percepción de los consumidores acerca de los mismos) y de la necesidad de hacer ganancias en eficiencia tecnológica en las empresas.

La segunda contradicción, una extensión de ese presupuesto básico de partida, es la consideración de que un «input» en el proceso productivo debe ser barato para fomentar la competitividad, sin necesidad de mejoras de eficiencia o de procesos. ¿Significa esto, por ejemplo, que se debe extender ese «principio» a que la industria alimentaria para garantizar la alimentación a bajo coste de la fuerza de trabajo, baje sus precios? ¿Es aplicable a los costes de otros «inputs» como son las telecomunicaciones o a la hostelería, en caso de ser utilizada por las empresas en los desplazamientos de personal? ¿Del mismo modo, la producción siderometalúrgica cuando es un «input» para otras industrias debe ser regulada a tal efecto y sus precios fijados en pos de la competencia del sector que los transforme? ¿Hasta dónde y hasta a quien llega ese presupuesto de «arrimar el hombro» en pos de la razón de Estado o de los costes de cada sector?

Y, queda la pregunta mayor: ¿La competitividad es únicamente una cuestión relacionada con el coste de la energía? Una cuestión relevante, añadida, sería disponer de una política energética e industrial. Estudiar cómo resuelven este problema los países europeos de nuestro entorno. En realidad, lo bueno o lo malo, al menos lo equivalente, es que en nuestro país no hay política energética, pero tampoco hay política industrial.

A la vez, por ejemplo, las consecuencias de esta reforma eléctrica también se han trasladado a otros sectores industriales, como la propia industria auxiliar renovable o la cogeneración. Posiblemente, una visión global y conjunta de sus interacciones sería hoy la situación más realista y adecuada.

Por otra parte, las aplicaciones y fórmulas recientes a las que se viene recurriendo para abordar esta cuestión de la competitividad y su relación con la energía, son manifiestamente mejorables: la modificación de los tramos de las tarifas por tensiones (una medida reciente muy cuestionada también), las exenciones fiscales a los impuestos de la electricidad en los márgenes de la legislación europea y los pagos por interrumpibilidad, generadoras, por otra parte, de nuevas reclamaciones sectores en efecto dominó.

Al mismo tiempo, la situación preelectoral del país indica que ante este tipo de actuaciones y de conflictos, el Gobierno las recibe con una debilidad y con menos márgenes que los que ha empleado con los sectores afectados por la «reforma eléctrica». La amenaza de cierre, encima de la mesa, no es ninguna broma. Así, tenderá a gestionarlas con base en el aprovechamiento de la comunicación política para justificar sus comportamientos (y evitar sus costes).

Es decir, lectura politizada esquemática de la situación aprovechando las posiciones de la opinión pública respecto a la energía y el «ritornello» fácil de que los precios son altos (aunque hayan sido las propias decisiones administrativas y las políticas los que han influido en los componentes que más han crecido).

Lo que parece claro es que el Gobierno tendrá que resolverlo en poco tiempo. Sus márgenes son muy reducidos. Ya está convocada la segunda subasta de pagos por interrumpibilidad. Sólo le queda adecentarlo.