El vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía y dos consejeros elegidos por PP y PSOE interponen el recurso contra el decreto que fortalece el poder de Maite Costa

Como informaba ayer Energía Diario, el pasado viernes y dentro del plazo legal de recurso contra el decreto de 28 de octubre de 2006 que confiere nuevos papeles a la presidenta del organismo frente al Consejo de Administración, el vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE) Fernando Marti Scharfhausen, Javier Peón (designados por el PP) y Luis Albentosa (designado por el PSOE), elevaron en el Tribunal Supremo recurso contra esta medida.

Los motivos que se citan en la demanda se articulan alrededor de la necesidad de que el Decreto debería haber sido analizado por la Comisión Nacional de Energía con carácter previo a su promulgación, en la erosión de los papeles de los miembros del Consejo y su consecuente aislamiento de los servicios internos de la Comisión, atentando contra su carácter de órgano colegiado que le confiere su estatuto propio y sobre la modificación del régimen de incompatibilidades vigente para los ex-consejeros que procedan de la Administración General de Estado.

Previamente a la presentación de la demanda, la noche del jueves el Consejo del Organismo finalizó con una agria discusión entre el vicepresidente Fernando Martí y la presidenta Maite Costa, al hilo de la exigencia de que se incluyese el posicionamiento del Consejo acerca de este Real Decreto. En días anteriores, los consejeros habían remitido carta al Ministro de Industria Joan Clos para que reconsiderase su posición y modificase los aspectos que entraban en conflicto con la naturaleza del funcionamiento colegiado de la Comisión y el resto de cuestiones que consideran ilegales.

Parece que la normativa, según información a la que ha tenido acceso Energía Diario, fue promovida a instancias de la Secretaria General de Energía que dirige en la actualidad Ignasi Nieto, aunque existían versiones previas preparadas por el equipo del anterior ministro José Montilla y Antonio Fernández Segura.

Se desconoce si los consejeros firmantes de la carta en el mismo sentido al ministro Joan Clos, Carmen Fernández Rozado (PP), José Sierra (PP) y Jorge Fabra (PSOE), se incorporarán a esta iniciativa judicial promovida en esta primera instancia por esos tres consejeros, aunque según informaciones publicadas conocidas a través del rotativo La Razón, los tres parece que han optado por dar un cierto margen temporal al Ministerio para la rectificación. Según las mismas fuentes, el propio Ministro habría telefoneado a los consejeros para “dar su palabra” de que se iban a producir los cambios en cuanto los Abogados del Estado, identificasen una formula adecuada para hacerla efectiva.

Por otra parte, lo que parece seguro es que ni la presidenta Maite Costa, ni los consejeros Jaime González (PSOE) y Sebastiá Ruscalleda (ERC) se adherirán al proceso judicial abierto.