El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria archiva la querella contra el consejero Francisco Martín por la tramitación eólica

EFE.- El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) archivó la querella contra el consejero de Industria del Gobierno autonómico, Francisco Martín, de la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria por prevaricación en la tramitación de los parques eólicos, al no apreciar indicios de delito.

En la querella, dirigida también contra el director general de Industria, Raúl Pelayo; el alcalde de Valdeprado, Jaime Soto, y el secretario de ese Ayuntamiento, Alfredo Fernández, se les acusa de delitos contra el medioambiente por la tramitación de solicitudes de los parques de El Escuchadero, Somoloma-Las Quemadas, La Milla-El Horno y Cespedes. En el auto del TSJC se aclara que «la tramitación de solicitudes y proyectos de parques eólicos no permite que pueda hablarse de resolución» y se estima que esa «ausencia de decisión» de Martín «impiden la aplicación del tipo penal de prevaricación».

Además, se recuerda que «la Administración tiene la obligación de tramitar toda solicitud antes de resolver de forma expresa» y se señala que «el acto resolutivo ha de estar precedido de otras actuaciones bien dirigidas a adquirir conocimiento sobre el tema a decidir, bien por resultar preceptivas en la tramitación». En este caso, el TSJC indica que lo que hizo Martín fue un «acto de trámite», con el que «cumplió su obligación» de tramitar las solicitudes con su remisión a Medio Ambiente, «sin que se dictara resolución autorizando los parques».

El auto también puntualiza que la legalidad o no de la tramitación a la que hace referencia la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria «no está vinculada por los previos pronunciamientos judiciales». Y alega que, en este caso, no se dice en la querella qué informes ha emitido Martín «que pudieran cumplir el tipo del precepto legal», por lo que el TSJC considera que no se le puede achacar «ninguna conducta reprochable penalmente». «Basta la lectura de los informes para concluir que no se inició la tramitación de la evaluación de impacto ambiental», se argumenta en el auto.