El Senado insta al Gobierno a pedir a la CNE que informe sobre la liberalización

El Senado aprobó hoy una moción en la que se insta al Gobierno a que solicite a la Comisión Nacional de Energía (CNE) que elabore un informe sobre la aplicación de la normativa relativa al proceso de liberalización del mercado eléctrico para su posterior remisión a la Cámara Alta.

Mientras se elabora el informe, para el que se da un plazo de tres meses, el Ejecutivo deberá adoptar las medidas necesarias para impedir que las distribuidoras eléctricas vulneren la normativa que regula la puesta en marcha del suministro de último recurso.

La moción fue presentada por el PP, aunque el texto final fue transaccionado con todos los grupos, salvo con el socialista y la coalición Entesa Catalana de Progrès, que votaron en contra de la iniciativa.

En un informe de la CNE deberá hacer hincapié en asuntos como la puesta en marcha del suministro de último recurso, la aplicación del bono social y la entrada en el libre mercado de los consumidores no incluidos en la tarifa de último recurso. Además, deberá abordar las circunstancias e incidencias que se adviertan en la puesta en marcha del proceso de liberalización para los consumidores domésticos y empresariales.

El Senado insta al Gobierno a que impida que las comercializadoras de último recurso se nieguen a satisfacer la demanda de aquellos clientes que quieran beneficiarse de la tarifa de último recurso, la única que desde el 1 de julio fija el Gobierno.

Además, la Cámara Alta quiere que se aclaren los acuerdos negociados por pequeñas distribuidoras con grandes comercializadoras de mercado libre para cederles sus clientes o para traspasar usuarios a comercializadoras creadas por las pequeñas distribuidoras. También solicita que se revisen la legislación en materia de liberalización del mercado energético y que se corrijan los desajustes producidos para los consumidores.

El documento aboga además por promover una liberalización adecuada y amplia que permita hacer efectiva la introducción de competencia en todo el consumo energético, que promueva el ahorro energético y que sitúe la TUR «en su verdadero objetivo de subsidiariedad y cobertura social». «El citado compromiso se incluirá y hará efectivo en el anunciado Proyecto de Ley de Economía Sostenible», añade la moción.

Según el PP, cerca de un millón de usuarios de pequeñas distribuidoras han sido traspasados a compañías que operan en el mercado libre sin su consentimiento a pesar de que tenían derecho a acogerse a la TUR.