El Senado de Argentina aprueba la Ley de Hidrocarburos y la envía a la cámara baja para ser votada

La Ley de Hidrocarburos busca fijar normas unificadas en cuanto a la licitación de proyectos, explotación y cargas impositivas, con el objetivo de atraer nuevas inversiones a las diez provincias petroleras argentinas. La oposición criticó el proyecto, que fue acordado por el Gobierno central y las regiones petroleras a mediados de septiembre, por considerar que restringe la capacidad de decisión de las provincias y afirman que no es la herramienta adecuada para favorecer la producción.

El senador radical Ernesto Sanz criticó el papel que la Ley de Hidrocarburos atribuye al Gobierno al afirmar que «tan negativo ha sido un Estado ausente, que dejó en manos del mercado la explotación y la producción de recursos, como un Estado ineficiente». Para Sanz, esta propuesta plantea un «estado omnipresente» y no hay datos objetivos que demuestren el beneficio de este planteamiento. También la senadora de Propuesta Republicana, Gabriela Michetti, apuntó que «no es la herramienta más adecuada para el objetivo que se pretende«.

Por su parte, el senador oficialista Miguel Ángel Pichetto rechazó las críticas realizadas por la oposición sobre la explotación a través de la técnica del fracking y aseguró que tienen una «mirada muy limitada». «No quiero ofender a nadie, pero no existe ningún país que se desarrolle a nivel industrial si no tiene energía y combustibles«, sostuvo Miguel Ángel Pichetto.

La ley busca «alcanzar el autoabastecimiento energético, sustituir importaciones, generar un importante ahorro de divisas y atraer mayores inversiones para aumentar la producción«. La norma prevé plazos unificados para las concesiones de explotación hidrocarburífera, que serán de 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollados en la costa, prorrogables por hasta 10 años. Los inversores deberán pagar mensualmente regalías del 12%, que las provincias podrán aumentar en un 3%. Los permisos para la exploración podrán acortarse y las inversiones no serán inferiores a 250 millones de dólares.

La Cámara tan solo introdujo una modificación, en el artículo del proyecto que establece los porcentajes de hidrocarburos respecto de los cuales se aplicarán beneficios impositivos. Dichos porcentajes quedaron establecidos en un 20% en el caso de la explotación convencional y no convencional, y en el 60% para la explotación costa afuera. La iniciativa no afecta los derechos de explotación adquiridos ya por actuales concesionarios ni los contratos vigentes en cada una de las provincias.