El sector fotovoltaico afirma que la aprobación del recorte de primas del sector muestra «falta de seguridad jurídica»

Además, indicó que «pone de manifiesto la falta de seguridad jurídica a la que se ha llegado en el marco de la actual política energética del Gobierno español».

La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) expresaron conjuntamente su «profunda decepción» por el resultado final de la votación en el Congreso de los Diputados, pues esperaban «una mayor conciencia responsable de algunos grupos parlamentarios».

AEF, ASIF y APPA demandaron a todos los grupos políticos un «ejercicio de responsabilidad» que impida la tendencia impuesta por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de «truncar la apuesta que hizo por la energía solar fotovoltaica hace sólo algo más de tres años».

«Sólo en un clima de sentido común y de auténtica justicia se podría evitar, en las próximas semanas, el descrédito de España como país cumplidor de sus compromisos financieros y jurídicos nacionales e internacionales», indicaron.

De no cambiar la situación, se «conduciría a las administraciones al incalculable riesgo de un proceso de recursos administrativos y denuncias, en el ámbito nacional y en el exterior, que atacaría las bases del principio de equidad y rigor en el buen Gobierno de los estados», agregaron.

Las fotovoltaicas esperan que el Constitucional analice la nueva legislación

Del mismo modo, una decena de empresas fotovoltaicas acordaron pedir a la Audiencia Nacional que plantee al Tribunal Constitucional la posible ilegalidad de la nueva normativa que recorta las horas con derecho a prima que pueden cobrar este tipo de instalaciones, y que fue aprobada por el Parlamento.

Las empresas, asesoradas por el despacho Navas & Cusí, sostienen que el Real Decreto que articula los recortes a las fotovoltaicas vulnera los principios de legalidad, irretroactividad y seguridad jurídica protegidos por la Constitución.

Las sociedades, radicadas en Navarra, Canarias, Cataluña, Galicia y Madrid, también ultiman la presentación de las correspondientes denuncias ante la Comisión Europea, ya que creen que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha incumplido el derecho comunitario al no trasponer correctamente la normativa sobre energías alternativas.

«La Comisión Europea dispone de poderes propios para poner fin a la infracción del Derecho Comunitario, ya que tiene la potestad de interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por los incumplimientos del estado español», explicó el abogado Juan Ignacio Navas.

Este letrado señala que la nueva normativa pone en graves dificultades a las empresas del sector, que suscribieron abultados créditos bancarios gracias a la seguridad de ingresos que otorgaba una normativa de 2007.

Esas dificultades provienen de que desaparece la obligación del Ejecutivo de asumir la compra de toda la energía eléctrica, lo que puede originar una caída de entre el 20 % y el 30 % de los ingresos de las empresas, lo que hace peligrar su viabilidad.

Por ello, las empresas tienen previsto pedir responsabilidades patrimoniales al Estado en los diversos recursos contencioso-administrativos que presentarán ante la Audiencia Nacional.

Navas apuntó no sólo la gravedad de los perjuicios ocasionados sino que cree que la nueva normativa «desmotivará radicalmente las inversiones de energía solar en el futuro».

AVAESEN recurre el decreto del Gobierno por poner trabas a las renovables

Asimismo, la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN) interpuso un recurso contenciosos-administrativo contra el Real Decreto del Gobierno que modifica la producción de energía eléctrica en régimen especial por considerar que va en contra de la Directiva Europea al poner «trabas al desarrollo de las energías renovables».

AVAESEN aseguró que con este recurso se quiere «demostrar al Gobierno que el sector de las energías renovables va a defender sus derechos con todos los argumentos y elementos a su alcance«.

Los asesores jurídicos de la asociación señalaron que este decreto «supone una vulneración del principio de seguridad jurídica, ya que no se garantiza la rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas».

El objetivo de este recurso es que el Tribunal Supremo decrete «la nulidad de todos aquellos preceptos que violen las normas europeas». Según AVAESEN si «este litigio prospera beneficiará a todos los titulares de instalaciones fotovoltaicas, con independencia de que hayan recurrido individualmente».

Entre los fundamentos jurídicos en los que la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía argumentó esta apelación está «la vulneración de derechos que el Real Decreto 1565/2010 introduce respecto a normas anteriores«.

El Defensor del Pueblo de Navarra pide un recurso de inconstitucionalidad

El Defensor del Pueblo de Navarra pidió que se interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 14/2010, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, en lo que limita la producción de energía fotovoltaica.

Javier Enériz, que se dirigió para ello a la Defensora del Pueblo en funciones de las Cortes Generales, elaboró un dictamen jurídico en el que expone que existen argumentos jurídico-constitucionales «suficientes» para promover dicho recurso.

Según precisó su Oficina, ello ha sido consecuencia de una queja que recibió de 8.583 productores fotovoltaicos navarros, en su mayoría familias, que han realizado fuertes inversiones, alentados por la Administración del Estado, y que ahora sufrirán una merma en sus ingresos en torno al 28 % debido al nuevo régimen jurídico y económico derivado de este Real Decreto-Ley.

Según el dictamen del Defensor, el Real Decreto-Ley podría vulnerar varios principios constitucionales, como los de seguridad jurídica y confianza legítima «al castigar a los productores que se acogieron al régimen que el Gobierno diseñó, ofreció y garantizó, creando entonces un clima de seguridad jurídica que ahora deshace».

También podría, a su entender, vulnerar el principio de igualdad ante la Ley, ya que el Real Decreto-Ley «discrimina negativamente» la tecnología fotovoltaica en relación con el resto de tecnologías energéticas de régimen especial, al fijar una limitación de la duración del plazo de los incentivos, inexistente en otras tecnologías, y al tener esas otras tecnologías una regulación menos gravosa de la limitación de horas.

Además, consideró que la elección del Decreto-Ley produce el efecto de impedir que los productores afectados puedan impugnarlo ante los tribunales de justicia ordinarios, «con lo que se vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando, hasta ahora, la regulación reglamentaria de la misma materia permitía su impugnación judicial».

Entiendió que asimismo podría vulnerarse el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, puesto que la finalidad de este Real Decreto-Ley no sería tanto corregir el déficit tarifario como reducir las «retribuciones» o subvenciones que hasta ahora se daban a los productores en régimen especial.

A su juicio, «esta arbitrariedad se manifestaría también en la desproporción del efecto del Decreto-Ley al establecer la disposición transitoria un número de horas excesivamente bajo durante tres años y aumentarlas después con una zonificación discriminatoria, siempre por debajo de la media establecida en el régimen anterior».

La nueva regulación del sector comenzó a adoptarse en noviembre de 2010, cuando el Gobierno aprobó un real decreto que recoge reducir las tarifas para las plantas fotovoltaicas en techo entre un 5 y un 25 %, mientras que las primas para las instaladas en suelo bajarían un 45 %.

Con estos recortes, el Ministerio de Industria, dirigido por Miguel Sebastián, preveía ahorrar unos 607 millones de euros entre 2011 y 2013.

Un mes después, dentro del paquete de medidas para reducir en 4.600 millones los costes del sistema eléctrico para los próximos tres años, el Ejecutivo acordó también recortar las horas con derecho a prima para las instalaciones fotovoltaicas, una iniciativa con la que Industria espera reducir en 740 millones los costes eléctricos anuales.