El PSOE rechaza que la solución al déficit tarifario que plantea Soria recaiga sólo sobre los ciudadanos

Después de que Soria avanzara en una entrevista que el recibo de la luz subirá entre un 5% y un 7% a partir del 1 de abril, Rodríguez explicó que esto supone que «la subida recaiga en los ciudadanos», una propuesta «parcial» que el PSOE no puede aceptar.

En cualquier caso, la portavoz socialista insistió en que esperarán a conocer la cifra exacta antes de posicionarse al respecto, tras lo cual reprochó a Soria la «propaganda» que hizo sobre el asunto del déficit tarifario al «hablar incluso de una posible quita a las empresas» del sector para solucionar el problema.

En este sentido, Rodríguez admitió que tenía «ciertas expectativas», que luego se vieron frustradas, ante el anuncio del ministro de que «abordaría unas negociaciones amplias con las empresas eléctricas para abordar de forma global el problema del déficit tarifario».

A la espera de conocer la propuesta que finalmente haga Industria, la socialista expresó su temor a que el déficit tarifario recaiga finalmente sobre los consumidores con un aumento del recibo de la luz.

Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) pidió a la Comisión Europea una normativa que impida situaciones como la que se da en España, donde los ciudadanos pagan una factura de electricidad muy superior a la media comunitaria.

La eurodiputada de la formación, Ana Miranda, escribió al Ejecutivo europeo con ese fin y alertó a Bruselas del «impacto» que el incremento del precio de la luz tiene en las economías de millones de hogares.

Según denunció, el déficit tarifario «provoca un incremento continuado y constante de la facturación que deben asumir los consumidores domésticos, con consecuencias sociales evidentes en una situación económica como la actual».

«Es necesario que la Comisión Europea promueva el desarrollo de una normativa que obligue a los Estados miembros a prever y evitar situaciones como estas, que se traducen en un déficit tarifario que, finalmente, recae en los consumidores», explicó Miranda.

Según un estudio reciente de la organización de consumidores FACUA, los usuarios españoles pagan las tarifas eléctricas más elevadas de la Unión Europea, sólo por detrás de las de las islas de Malta y Chipre.

Los consumidores dicen que otra subida de la luz pondrá en quiebra a las familias

Para las Organizaciones de Consumidores, un nuevo incremento en la factura de la luz puede llevar a la quiebra a muchas familias españolas, por lo que pidieron que la de abril sea la última subida del año.

Según las estimaciones de Facua-Consumidores en Acción, un incremento de la tarifa eléctrica de último recurso de entre el 5% y el 7%, puede suponer un encarecimiento medio del recibo de entre 3,7 euros y 5,18 euros mensuales en el recibo del usuario medio, impuestos indirectos incluidos.

El portavoz de esta organización, Rubén Sánchez, reclamó a Soria una congelación de las tarifas y un cambio de la regulación del sector eléctrico, en colaboración con los consumidores, y «sin basarse en esas subastas en las que se hinchan los precios».

Para Sánchez, el nuevo incremento es totalmente «desproporcionado» y «no tiene en cuenta la coyuntura económica que sufren los consumidores» y criticó que Soria «se pliegue a los intereses de las empresas del sector eléctrico, siguiendo la línea de su antecesor en el cargo con el Gobierno anterior, Miguel Sebastián».

Desde hace muchos años, aseguró el portavoz de Facua, la regulación del sector eléctrico se viene desarrollando siguiendo los dictados de las empresas y dando la espalda a las reivindicaciones de los consumidores.

La asociación recordó que en 2011 la luz experimentó subidas en enero y julio que representaron un 11,8% en la factura del usuario medio y que se acumularon a «los desproporcionados incrementos de años anteriores».

Por su parte, la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, aseguró que la subida es un «varapalo» para el bolsillo del consumidor y pidió que sea «valiente» y «de una vez por todas se siente con las eléctricas», para que expliquen «qué se está haciendo mal» para que haya déficit tarifario, al tiempo que exigió que «deje de solucionar las cosas de la forma más sencilla, que es presionando siempre a los mismos, que son los consumidores».

Izverniceanu subrayó que el momento económico actual es «uno de los peores momentos de la historia económica» del país para miles de familias y pequeñas empresas, por lo que pidió que sea la última subida del año, «porque no se puede asumir» otro incremento y supondría «mandar a la quiebra familiar a muchísimas economías domésticas».

Izverniceanu recordó que los consumidores ya sufrieron y soportaron un incremento del 50% desde 2008 en la factura de la luz y lamentó que «año tras año» las compañías eléctricas anuncien que superaron sus beneficios anteriores y, aún así, continúe incrementándose el precio de la luz.

En el mismo sentido, el presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Móner, indicó que las familias no tienen mucha capacidad de respuesta ante la subida y confió en que se trate del último incremento del año, «porque si no puede afectar muy negativamente a la economía doméstica».

A su juicio, la subida supera con creces la previsión del IPC y, por tanto, va a volver a hacer perder poder adquisitivo a los ciudadanos, sobre todo, a las clases más bajas, que van a ver una deferencia de más de cuatro puntos sobre lo que pudieron subir sus pensiones o nóminas.

Desde CECU se pidió al Gobierno que la subasta eléctrica sea más transparente «para que se puedan subsanar este tipo de situaciones y se vaya acabando poco a poco con el déficit tarifario.

Por último, el presidente de la Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI), Gustavo Samayoa, reclamó una mayor transparencia en la fijación de las tarifas eléctricas, al tiempo que rechazó que esta subida sea «muy superior» al IPC y además se realice en un momento en que «la coyuntura económica afecta tanto al bolsillo del consumidor».

Por todo ello, Samayoa estimó necesario que el Gobierno explique «claramente» las medidas que va a tomar para reducir el déficit de la tarifa eléctrico y solicitó que la solución a este déficit «no repercuta en el recibo que pagan los consumidores».