El PSOE presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el pago de indemnización por Castor

El secretario general del PSPV y candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, consideró «injusto» el pago de la indemnización a ACS y denunció la «nocturnidad y alevosía» con la que, a su juicio, actúa el PP para pagar a la empresa los 1.400 millones de euros ya que «la compensación a la concesionaria de Castor se irá cargando al recibo del gas de los consumidores, por lo que la pagaremos todos».

Además, Ximo Puig denunció que «la forma de hacerlo no es casual porque el PP ha utilizado un Real Decreto Ley cuando, según explicó, «la extinción de la concesión como la cuantificación de la compensación podían haberse realizada mediante resolución administrativa«. En este sentido, Puig incidió en que «todo se ha decidido a una velocidad sospechosa y por Decreto, como si lo prioritario fuera indemnizar a la empresa y lo secundario salvaguardar el interés público».

Por ello, destacó que desde la perspectiva constitucional, existen algunos aspectos que justifican la presentación de un recurso por parte del grupo parlamentario socialista como es la de ejecutar la decisión a través de Decreto Ley «sin que exista motivación suficiente respecto de la urgencia«; fijar, por decisión legal «y sin otro tipo de alternativas», una indemnización determinada » sin haber agotado otras vías jurídicas», y «restringir con la posibilidad de los ciudadanos de recabar la tutela judicial frente a las determinaciones de la norma».

Ante todo esto, Puig incidió en que «la indemnización exprés, sin transparencia y mediante un Real Decreto Ley para evitar cualquier tipo de dilación o discusión sobre el asunto, es en exclusiva responsabilidad de Rajoy, y de ninguna manera, de ningún Gobierno anterior«. Para Puig, «este recurso tiene que ser la voz de los millones de ciudadanos que ven como su Gobierno toma de forma urgente todas las medidas necesarias cuando se trata de ayudar a una empresa multinacional y ninguna cuando se trata ellos».

Además, el dirigente socialista recordó que en el año 2012, «con la llegada de Rajoy» a la presidencia del Gobierno, se produjo una modificación «contractual, se extendió de 5 a 25 años el periodo de abandono voluntario a cambio del valor neto de la planta». «La cláusula expiraba en 2013 y Escal no habría podido dejar la planta y cobrar como ha hecho ahora», concluyó.