El Parlamento de Cataluña acuerda recurrir al Tribunal Constitucional la indemnización del proyecto Castor

El recurso se basará en el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que juzgó inconstitucional el decreto de indemnización a las empresas impulsoras del proyecto, principalmente ACS, al considerar que los artículos 2 y 4 contienen aspectos que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva. El órgano consultivo considera que el Gobierno actúa de forma «desproporcionada» al dictar una ley con carácter singular en lugar de actuar mediante un proceso administrativo común. En este sentido, sostienen que el mecanismo utilizado impidió que terceros interesados, favorables a mantener en funcionamiento el proyecto o perjudicadas por la decisión de cerrarlo, pudieran ejercer las acciones judiciales oportunas.

Según este dictamen, se considera que el artículo 2 privó de alegar a favor o en contra del cierre a administraciones públicas que sí participaron en el proceso de concesión de la plataforma Castor. En el caso del artículo cuatro, que fija la indemnización, se sostiene que la vía utilizada por el Gobierno impidió discutir la valoración de la compensación económica, y cuestiona que no se acreditaran los criterios adoptados para calcularla. Por ello, los magistrados entienden que estos artículos no respetan los límites que permiten la creación de una ley con carácter singular y suponen «una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial».