El ministro Soria defiende que las prospecciones petrolíferas son una cuestión «de interés general»

«No es una cuestión de si se quiere o no sino del interés general de todo los españoles y, particularmente, del interés general de aquellas comunidades autónomas donde o bien se hagan las extracciones o bien estén próximas», indicó el ministro recordando que el Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un proyecto de ley que modifica la actual Ley de Hidrocarburos de 1998 recogiendo distintas cuestiones como crear un tributo que «grave el valor de la producción de hidrocarburos». En este sentido, de los recursos que se obtengan de ese tributo, «una parte va a ir canalizada hacia las entidades locales y las comunidades autónomas donde se desarrollen directamente las extracciones de hidrocarburos», explicó.

Además, Soria resolvió que si las extracciones de hidrocarburos no tienen lugar en el ámbito de una comunidad autónoma, sino en el mar, en aguas territoriales españolas, esos recursos «serán canalizados hacia la comunidad autónoma y entidades locales que estén más próximas al punto de la extracción«. De todos modos, apuntó que será un reglamento el que, una vez aprobada la ley, «determinará cuáles son los porcentajes, que no están definidos, y qué porcentaje de todo eso que se recaude va a ir destinado a las comunidades y entidades locales». También recordó que los «dueños de los terrenos donde haya concesiones para extraer hidrocarburos podrán obtener hasta el 1% del valor de esa explotación durante el periodo de la misma».

Máximas garantías legales en prospecciones

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que «desde el Gobierno estamos convencidos de que se ha hecho todo el procedimiento con las máximas garantías y el máximo respeto a la legislación medioambiental, a la legislación específica del sector, a las competencias del Estado, a las de las comunidades autónomas y al Derecho Internacional». Catalá insistió en que se procedió con el máximo rigor y con un «respeto escrupuloso» a la normativa.

«Somos conscientes de todos los intereses y del conflicto social que existe», añadió Catalá, pero consideró que sería una «irresponsabilidad» por parte del Gobierno no llevar a cabo esos estudios, las prospecciones, para identificar si se puede reducir la dependencia energética de España. Asimismo, hizo especial hincapié en que estos estudios siempre se harán con todas las garantías y todo el respeto al medioambiente y al conjunto de la legislación, «que en este aspecto es muy garantista y muy proteccionista«.

Además, Catalá también censuró las críticas del presidente autonómico de Canarias, Paulino Rivero, al rechazo del TSJC a la demanda de su Ejecutivo de paralizar cautelarmente las prospecciones, y le exigió que no desacredite a los tribunales. «Los primeros que tenemos que dar ejemplo a la sociedad, somos los responsables políticos y lo mejor que podemos hacer es respetar la independencia judicial, respetar las decisiones de los jueces, cuando nos van bien y cuando nos van menos bien», expresó Catalá.

«Tener opiniones sobre las resoluciones judiciales es legítimo, pero dudar de la independencia de los jueces es poner en crítica al sistema, a una pieza fundamental de nuestro Estado de derecho», indicó Catalá. «Los jueces, en mi opinión, son absolutamente independientes y todos deberíamos trabajar y comportarnos para hacer esa independencia real, eficaz y acreditable», argumentó. «Si discrepamos, se pueden utilizar las vías que el Derecho tiene para recurrir, pero no desacreditar ni cuestionar el fundamento de las resoluciones», sentenció.

«No se lo llevarán pacíficamente»

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, lanzó una advertencia «a Repsol y a sus compinches» de que si finalmente encuentran petróleo junto al archipiélago, «no se lo van a llevar pacíficamente» porque los canarios no van a permitir que se «expolien» los recursos de sus aguas. Además, Rivero acusó al Gobierno central de «beneficiar claramente a una empresa en contra de los intereses generales del pueblo canario». Ante esta «tropelía», lucharán desde el gobierno autonómico «con más fuerza y con más convicción», añadió.

«Estamos convencidos de que la batalla final está por llegar» y, puesto que el rechazo a las prospecciones «va a seguir incrementándose», si dentro de unos años se encontrara crudo, «que no piensen Repsol y sus aliados y compinches que se lo van a llevar pacíficamente de Canarias», advirtió. Tras insistir en que la población de las islas «no va a asistir pacíficamente ni va a aplaudir que expolien los recursos situados en aguas canarias», el presidente autonómico volvió a alertar del «desafecto» que puede generar el «maltrato» al que, a su entender, el Ejecutivo central somete a su comunidad.

Además, Rivero se refirió a la denuncia por la vía penal que su Gobierno va a interponer contra funcionarios y autoridades públicas que puedan haber actuado con «arbitrariedad» al autorizar las prospecciones en Canarias y no permitirlas junto a Baleares, Valencia y Málaga. Según manifestó, los servicios jurídicos canarios «ven con asombro cómo el Gobierno actúa de forma sectaria y arbitraria». La arbitrariedad se observa, según Rivero, en la gestión de los expedientes de las prospecciones, que parecen no dar «ninguna importancia» a aspectos como la fauna marina de Canarias, las posibles incidencias que podrían afectar al entorno o la distancia de la costa a la que hacen los sondeos.

En cuanto a los nuevos impuestos y cánones que pretende establecer el Gobierno sobre las actividades de extracción de petróleo y gas y que reportarían ingresos a las zonas donde se extraigan hidrocarburos, el nacionalista atribuyó esta decisión a que se está tratando de «distraer la atención» con una compensación a los territorios afectados. Asimismo, señaló que, al final, eso se verá compensado con la rebaja en el impuesto sobre sociedades que entrará en vigor en 2015, de manera que «hay un beneficiario claro desde ya, Repsol, que verá cómo mejora su cuenta de resultados«.

Rivero subrayó la importancia de que «todos» sean «coherentes» en el tema de las prospecciones. «El clima de deserción generalizada de la ciudadanía viene en parte por eso, porque decimos cosas que luego no hacemos», expresó. A renglón seguido, recordó que, en sus últimos discursos, el rey Felipe VI expresó «un compromiso claro con la defensa del medio ambiente» y con «un modelo energético que ponga en valor las energías limpias», una postura que «no se corresponde con las actuaciones del Gobierno español». Sin embargo, admitió que la capacidad del jefe de Estado para influir en este debate es «limitada».